San Juan de Lurigancho: los riesgos que advierte la Contraloría sobre obra que reemplazará al puente Solidaridad

En el año 2017 el caudal del río Rímac aumentó considerablemente hasta desbordarse, como efecto del fenómeno de El Niño costero que luego causaría varias muertes en todo el país. Ese caudal terminó por provocar la caída del puente Talavera, también conocido como puente Solidaridad. Ocurrió el 16 de marzo, ante la mirada atónita de los vecinos de San Juan de Lurigancho y El Agustino.

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Este año, la nueva gestión en la Municipalidad de Lima (MML) inició la construcción del puente peatonal Malecón Checa, que reemplazará la estructura caída. Sobre esta obra, un informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha advertido una serie de riesgos que dificultarían la ejecución de la misma. Son tres aspectos que se han tomado en cuenta:

Según esta entidad, el proyecto del puente peatonal no cumple con disposiciones del Código Nacional de Electricidad, situación que podría afectar la seguridad e integridad de los usuarios, los trabajos de montaje del puente peatonal requieren contar con la oportuna autorización de interferencia permanente de vía, a fin de no afectar la programación de obra y producir eventuales retrasos y el trámite de la valorización de obra n.° 2, no sigue el procedimiento establecido, lo que podría afectar su oportuna conformidad y pago.

Se trata del Informe de Control Concurrente N° 045-2019-OCI/0434-SCC. Uno de los puntos que detalla la CGR es que no se estaría cumpliendo “con la distancia horizontal de seguridad mínima entre el estribo o base donde reposará la estructura, y la línea de transmisión de alta tensión 220 kilovoltios (kV), ambas ubicadas en la margen izquierda del río. Las líneas de transmisión no deberían pasar por encima del puente sino por un costado. Esta situación podría afectar la seguridad e integridad de los usuarios”.

Por ello, recomendó que se apliquen las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Por otro lado, sí se destaca que la ejecución se encuentra adelantada respecto a la fecha de entrega. Se inició el 26 de junio de 2019 y deberá culminar el 22 de noviembre de este año.

- Responde la MML -

Respecto a este caso, El Comercio buscó la posición de la Municipalidad de Lima, la cual señaló que se entregará una infraestructura altamente segura. Esta tendrá una longitud de 84 metros, con defensas ribereñas consistentes en enrocados aguas arriba y aguas abajo del eje de la estructura.

Por otro lado, sobre los riesgos advertidos por la CGR la MML indicó que la obra se encuentra a cargo del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana. Para ello se hizo la coordinación con Conelsur Lt S.A.C., a cargo de la red de transmisión eléctrica, para los trabajos en la margen izquierda del río Rímac.

“Ha permitido obtener una distancia de seguridad adecuada, según lo establecido en el Código Nacional de Electricidad. Esta comprende desde la línea de transmisión de energía hasta la punta de la armadura del pilote en la mencionada margen”, indicó el municipio en comunicado. También indicó que se ha cumplido con todos los procedimientos “cautelando el correcto uso de los recursos públicos”. Actualmente la obra tiene un avance de 60%.

- Caída y pérdidas -

Cuando el puente Solidaridad se cayó sobre el río tenían seis años de haber sido inaugurado. Fue una obra hecha en la segunda gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio, y estaba proyectado para una duración de 25 años. Este Diario publicó aquel año que, según el contrato que figura en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), la estructura le costó a la comuna metropolitana un total de S/3’859.300.

Luego, en el 2018 una auditoría de la CGR encontró irregularidades que habrían causado la vulnerabilidad de esta estructura, tal como lo mostró El Comercio. Se señala que se proyectó una cimentación superficial en los taludes con peligro de erosión y se modificó sin sustento técnico el mecanismo de protección que tendría el puente frente a la fuerza del río. También se detalla algunas negligencias a cargo de la Constructora e Inmobiliaria AL&M S.A.C, empresa a cargo de aquella obra, además del perjuicio generado al Estado por más de S/5 millones.

Finalmente, en enero del año pasado la estructura de concreto fue retirada por el municipio limeño luego de permanecer varios meses sobre el río Rímac.