Todavía no se conocen todos los nombres de los nuevos funcionarios que asumirán las diferentes gerencias y empresas de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, el nuevo procurador de la comuna Ricardo Rodríguez Caro ya está siendo cuestionado por su antecesor por un posible conflicto de intereses.
El ex procurador de la Municipalidad de Lima, Antonio Salazar, denunció que el nuevo encargado del área encabezó numerosas denuncias contra la comuna hasta el 2014.
"Este nuevo procurador es un abogado de sindicatos. Yo, cuando era procurador, me reuní con él cuando planteó muchas demandas contra la municipalidad", dijo en una entrevista a Canal N.
Específicamente, Salazar se refirió a un caso de pensionistas que involucra un pago de miles de soles que ganaron los denunciantes a través del apoyo de Rodríguez Caro.
Según el ex procurador de Lima, surgiría un evidente conflicto de intereses ya que su sucesor tendrá que continuar el proceso y defender los intereses de la municipalidad a pesar de haber cobrado a los trabajadores que lo contrataron.
La denuncia fue respaldada por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima (Sitramun), quienes contrataron los servicios de Rodríguez Caro.
#RicardoRodríguezCaro procurador @MuniLima no recuerda que el 2013 cobró más de S/. 160 mil a @Sitramun_Lima por defensa 200 trabajadores
— Trabajadores Munlima (@Sitramun_Lima) enero 8, 2015OTRAS DENUNCIAS
A esto hay que añadirle otro punto que indicó Salazar: que esta misma tarde el concejo de Lima va a debatir si le otorga atribuciones generales al procurador de la municipalidad. Con esto, Ricardo Rodríguez Caro tendría libre potestad para denunciar y demandar sin necesidad de consultar a los regidores.
"El concejo, si aprueba esto, estaría renunciando a su atribución de analizar previamente los informes del procurador y eso sería un grave error", indicó Salazar.
Por último, el ex funcionario expresó su preocupación por la desmantelación del equipo de abogados que ocupaban la procuraduría municipal hasta el 31 de diciembre. Todos estos aspectos juntos podrían permitir un conflicto de intereses sin vigilancia que, a opinión de Salazar, solo perjudicaría a la comuna.
