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IVÁN ÁLVAREZ ARREDONDO
Los regidores metropolitanos de la bancada del Partido Popular Cristiano (PPC) cuestionaron ayer la designación de Marco Zevallos Bueno, ex regidor de Fuerza Social, como el nuevo jefe de la Gerencia del Ambiente de la comuna limeña. Aseguran que con esta decisión, la alcaldesa Susana Villarán incumple el compromiso asumido con la población limeña de no contratar a funcionarios revocados.
El pasado 8 de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que “con el fin de reforzar su plana gerencial” la administración municipal había hecho cambios, como designar a Zevallos Bueno, uno de los 22 regidores que salieron del concejo en las elecciones revocatorias de marzo del 2013.
“La alcaldesa Villarán no solo falta a su palabra de no contratar a funcionarios revocados, sino que le toma el pelo a los limeños”, fustigó ayer el nuevo concejal Alfredo Lozada. Esto lo dijo a la salida de la primera sesión del concejo metropolitano durante este año.
Similar opinión tuvieron sus colegas de bancada Walter Guillén y Mónica Saravia. “El señor Zevallos debe dar un paso al costado con el único propósito de intentar mantener la credibilidad de la alcaldesa Villarán”, apuntó Guillén.
La regidora de Tierra y Dignidad Marité Bustamante respaldó la designación de Zevallos Bueno. “La ley faculta a la alcaldesa para nombrar a sus gerentes. Hay que respetar su decisión. Si convocó al señor Zevallos es porque reúne las capacidades para hacerse cargo de dicha gerencia”, manifestó.
En línea similar, el teniente alcalde de Lima, Hernán Núñez, consideró que no era pertinente evaluar la elección del ex concejal de Fuerza Social partiendo de que había sido revocado, sino que la crítica debía enfocarse en su trayectoria profesional.
“Tiene todas las credenciales. Hay que darle el beneficio [de la duda] de que puede hacer un buen trabajo”, finalizó.
El Comercio buscó contactarse con Zevallos Bueno para conocer su posición sobre el tema, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
MÁS CAMBIOS EN GERENCIAS
En la sesión del pasado 10 de diciembre, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la creación de la Gerencia de la Mujer y de la Gerencia de Salud.
Ambas oficinas son ahora lideradas por las especialistas Silvia Loli Espinoza y Lucy López Reyes, respectivamente.
La regidora Saravia opina que la creación de “más burocracia” al interior de la comuna limeña “resulta un error” porque, dijo, los esfuerzos deben enfocarse en concluir los proyectos u obras pendientes.
“Lo primordial no es que se generen o eliminen oficinas, sino que las decisiones tengan resultados positivos en un corto, mediano o largo plazo”, opinó el concejal Guillén.
El teniente alcalde de Lima, Hernán Núñez, informó que se ha citado para la próxima sesión de concejo al gerente municipal, José Miguel Castro, y a todos los gerentes de la comuna a fin de que presenten sus planes de trabajo para este año.
“No solo se va a dar cuenta de lo que se va a hacer, sino que se va a precisar los resultados obtenidos durante estos años de gestión”, concluyó Núñez.
OTRO REGIDOR REVOCADO DA ASESORÍAS
El ex regidor metropolitano de Fuerza Social Víctor Ramírez Cifuentes, que fue revocado en marzo del 2013, continúa brindando servicios profesionales relacionados a temas de transporte.
Según informaron fuentes de Pro Transporte, entidad a cargo del proceso de licitación de los corredores viales, Ramírez Cifuentes no solo presta asesorías en esta institución, sino que también se toma su opinión como especialista en diversos temas relativos a la reforma del transporte urbano de Lima.
En diciembre pasado, El Comercio informó que el ex concejal había recibido de Pro Transporte cerca de S/.32 mil por sus servicios prestados entre mayo y noviembre del año pasado.
“Esta es una muestra más de que la señora Villarán traiciona la voluntad democrática de los limeños al permitir el contrato de personas que ya no cuentan con el respaldo de la ciudadanía”, opinó el regidor Alfredo Lozada.
El pepecista pidió al presidente de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, no autorizar más la contratación de funcionarios revocados.
