La cuadra 10 de la avenida Arnaldo Márquez, frente a la comisaría de Jesús María, está repleto de vehículos que bloquean la ciclovía y hasta uno de los carriles en la pista. (Jesús Saucedo / GEC)
La cuadra 10 de la avenida Arnaldo Márquez, frente a la comisaría de Jesús María, está repleto de vehículos que bloquean la ciclovía y hasta uno de los carriles en la pista. (Jesús Saucedo / GEC)
Juan Lara Vásquez

Frente a la comisaría de , ubicada en la cuadra 10 de la avenida Arnaldo Márquez, tres autos siniestrados bloquean la ciclovía. Otros cuatro vehículos, en mejor estado, permanecen estacionados sobre la vía y solo dejan un carril para el tránsito.

“Estos carros están ahí desde noviembre. Cuando hay un accidente, [los policías] los dejan acá y pasan varios meses hasta que los sacan. Esto es de nunca acabar”, lamenta Rosa Villanueva, vecina de la cuadra.

Algunos vecinos, cansados de la situación, colocaron postes de madera, cadenas y otro tipo de barreras para evitar que los vehículos que deja la policía bloqueen los accesos a sus estacionamientos.

A más de 13 kilómetros de distancia, en la comisaría de Villa de Chorrillos, la situación se repite. Coasters, autos y hasta patrulleros en mal estado también bloquean el tránsito en la zona, mientras acumulan tierra y polvo. Una de las vías afectadas es la avenida Huaylas, por donde transita la mayoría de unidades de transporte público del distrito. Uno de sus carriles ha sido tomado como playa de estacionamiento por la dependencia policial.

En otras comisarías de la capital, como La Victoria, Breña, Surco o Magdalena, ocurre lo mismo. El frontis de las comisarías y de algunas viviendas aledañas a las dependencias policiales son estacionamientos permanentes de vehículos.

Carros y patrullas en el exterior de la comisaría de Chorrillos, en plena avenida Huaylas. (Alessandro Currarino / GEC)
Carros y patrullas en el exterior de la comisaría de Chorrillos, en plena avenida Huaylas. (Alessandro Currarino / GEC)

—Lo que dice la norma—

El artículo 21 del Decreto Supremo 022-2019-IN, publicado y reglamentado el año pasado, señala: “Está totalmente prohibido el uso de las instalaciones policiales como depósitos vehiculares de cualquier clase, salvo aquellos con los que se realiza la función policial”.

Sobre los vehículos incautados o siniestrados precisa que, una vez culminadas las diligencias policiales, fiscales o judiciales, se debe comunicar al propietario para que retire el vehículo en las siguientes 48 horas.

Si el dueño del vehículo no realiza el retiro, este debe ser trasladado a un depósito de internamiento vehicular (DIV) de la Policía Nacional en un plazo no mayor de 72 horas.

En el caso de los vehículos que aún se encuentren en procesos judiciales, estos serán custodiados en depósitos del Poder Judicial o del Ministerio Público “hasta que determinen su situación legal, procedan a la entrega a sus propietarios o pasen definitivamente a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para subasta pública”.

El Poder Judicial informó a El Comercio que continuamente retiran vehículos que ya terminaron la investigación policial. “Los que aún faltan [recoger] son porque la PNP no envió la relación de autos a retirar”, indicaron.

No obstante, manifestaron que hay otro grupo de autos que son incautados como embargo de bancos u otros procesos.

Autos abandonados en la avenida Manuel Olguín, en Surco.
Autos abandonados en la avenida Manuel Olguín, en Surco.

—Sin espacio—

El coronel (r) Franklin Barreto, exjefe de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito de la PNP, asegura que ninguna institución puede obligar a que las comisarías mantengan el cuidado de los vehículos siniestrados o incautados una vez que acaba la investigación.

“El problema se da porque los jueces o fiscales realizan coordinaciones verbales con los comisarios para que los autos se queden ahí [fuera de las dependencias] por días, meses y hasta años. El Ministerio del Interior debería actuar para que se cumpla la norma, pero no lo hace”, precisó Barreto.

Este Diario se comunicó con la Policía Nacional para conocer qué acciones tomarían para evitar que los autos permanezcan fuera de sus dependencias. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, sugirió que las comisarías podrían buscar un acuerdo con las municipalidades para enviar los autos a un depósito a fin de que no permanezcan en la calle. “Muchas veces las comunas recogen solo los vehículos que pueden ser retirados por los dueños, mientras que el resto permanece en la calle”, comentó.

La Municipalidad de Jesús María señaló a este Diario que ya evaluó la situación en su jurisdicción, por lo que pronto tomaría acciones para liberar la calle. “En los próximos días se enviará un oficio para solicitar a la Policía Nacional que deje de utilizar la vía pública como depósito de vehículos”. 

PUNTO DE VISTA

“Las calles como playas de estacionamiento”, por Aldo Facho*

*Arquitecto urbanista

Se puede entender que las personas hagan uso temporal del espacio público para estacionar sus vehículos, pero que sea usado como depósito de vehículos capturados o siniestrados, además de ser un absurdo, es un claro abuso y debiera estar prohibido.

Pero a esos autos debemos sumar los patrulleros y vehículos particulares de los policías, que terminan por convertir las calles en playas de estacionamiento.

Si sabemos que en Lima existe menos de 3m2 de áreas verdes por habitante , ¿se imaginan en cuánto podríamos incrementar ese porcentaje transformando estacionamientos en árboles?

Con solo el 20% de esa área podríamos sumar 1m2, sin tener que recurrir a la compra o la expropiación de terrenos, acercándonos a ciudades como Medellín o Bogotá.

Los municipios exigen mínimos de estacionamientos para viviendas y oficinas, ¿no aplican esas normas para las edificaciones del Estado? Entiendo que sí, es su deber entonces hacerlas cumplir, o plantear alternativas que permitan la operatividad de dichas instituciones sin impactar en la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos.

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