El congresista Wilson Soto (Acción Popular) anunció el retiro de su proyecto de ley que planteaba exigir título profesional a los influencers para difundir información especializada en redes sociales.
A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el legislador publicó un comunicado donde señala que su decisión “no responde a presiones, sino a un acto de escucha, responsabilidad y comprensión de que este no es el momento adecuado para impulsar esta propuesta”.
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“Es importante señalar que la problemática que motivó esta iniciativa existe y es real. En los últimos años, miles de ciudadanos han sido expuestos a información equivocada, consejos irresponsables y recomendaciones peligrosas en temas que afectan directamente su salud, educación, seguridad, patrimonio y bienestar”, subrayó.
“No podemos negar que una persona con miles o millones de seguidores posee una enorme capacidad de influir en decisiones sensibles de las familias peruanas. Hemos visto casos de tratamientos no comprobados, consejos médicos sin sustento, asesorías financieras peligrosas o contenidos que incluso ponen en riesgo la integridad física de las personas”, agregó.
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Soto Palacios enfatizó que en el país se debe iniciar un “debate serio y necesario” sobre la responsabilidad que implica influir en grandes audiencias y que la prioridad siempre debe ser “proteger a la población”, especialmente a quienes confían en figuras con alta presencia digital.
Como se recuerda, la propuesta del parlamentario del partido de la lampa buscaba exigir que los influencers cuenten con un título profesional para difundir información en sus plataformas digitales.
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La iniciativa plantea regular la actividad de los creadores de contenido digital (incluidos influencers, streamers y líderes de opinión) mediante la creación de un registro nacional y la exigencia de requisitos profesionales cuando difundan información relacionada con salud, educación, seguridad, finanzas, entre otros temas.
Sin embargo, influencers y abogados señalaron a este Diario en que la iniciativa es excesiva y podría derivar en controles peligrosos para el debate público.
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