:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/IEJBANZFVZBX3HBSIPX5KE5OLA.jpg)
“Vamos a tomar las cosas con calma”: ‘Chemo’ y su exposición de dos horas, Uribe y ‘Ñol’ descartados, y lo que no se vio de un directorio sin norte
Diversos sentenciados por pertenecer a la organización criminal que lideró Rodolfo Orellana, están solicitando salir en libertad argumentando el riesgo por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y el hacinamiento carcelario.
Según ‘Cuarto Poder’, una de ellas es Judith Orellana Rengifo, la hermana de Rodolfo Orellana, recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos desde noviembre del 2014, quien argumenta que está infectada con el COVID-19.
Al respecto, el abogado de la procesada, Paolo Aldea, afirma que su patrocinada nació sin el riñón derecho (paciente mono renal) y se encuentra dentro de la población de riesgo frente a enfermedades como el COVID-19.
“Ella ya no es una persona de riesgo porque ya se encuentra infectada con el virus. El INPE puede establecer que vaya a cumplir una cuarentena a un centro hospitalario y una vez recuperada, retorne al penal”, señaló el fiscal anticorrupción adjunto Eiser Jiménez.
La prueba le fue realizada a Judith Orellana el 16 de mayo y su estado de salud se ha mantenido estable. Sin embargo, esta semana volvió a dar positivo en una nueva prueba rápida, que lee el rastro de los anticuerpos que luchan contra el virus.
El Poder Judicial ordenó prisión preventiva contra la hermana de Rodolfo Orellana en julio del 2014. Sin embargo, ella se mantuvo prófuga y fue capturada por la policía 4 meses después en Huaral.
En diciembre del 2018, la fiscalía anticorrupción obtuvo una nueva medida de prisión preventiva y en febrero de este año fue sentenciada a 10 años de cárcel. Aún tiene pendiente un proceso por lavado de activos en otra fiscalía.
Judith Orellana Rengifo fue condenada por ser la responsable de organizar una mafia al interior de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) con el objetivo de legalizar títulos de propiedad obtenidos fraudulentamente.
Otro los sentenciados que está solicitando se le suspenda la pena de 4 años de prisión que pesa en su contra es Carlos Vargas-Machuca Arrese, pese a que ni siquiera se entregó a las autoridades y hasta la fecha permanece prófugo de la justicia.
Según la sentencia, el responsable de los direccionamientos de títulos entre los años 2011 y 2013 fue este personaje, a quien por cada uno se le pagaba 500 dólares. En total gestionó unos 20 títulos durante el tiempo que estuvo en Registros Públicos.
El ex superintendente de Registros Públicos Álvaro Delgado Scheelje, otro de los sentenciados por dirigir los direccionamientos de títulos en la entidad, también ha presentado un hábeas corpus en nombre del COVID-19 para abandonar el penal Castro Castro.
Esta semana, la sala deberá pronunciarse sobre los pedidos de los condenados para abandonar los penales por el riesgo del COVID-19. El Poder Judicial decidirá si deben esperar la apelación en libertad o con arresto domiciliario.
En febrero de este año 23 personas, tanto del estudio de Orellana como de Registros Públicos, fueron condenadas a diferentes penas por asociación ilícita para delinquir y delitos contra la administración pública.
