El proyecto de ley antivacuna: la radiografía de un peligroso despropósito que petardea al Minsa

El 10 de diciembre, día que empezó a pedirse el carné de vacunación para ingresar a espacios cerrados, Palacios presentó el Proyecto de Ley N° 958/2021-CR con el respaldo de seis parlamentarios de su bancada, incluida la del exprimer ministro Guido Bellido. La iniciativa se denomina “proyecto de ley que garantiza el ejercicio de los derechos humanos a la vida, a la salud y demás derechos fundamentales en época de pandemia”, pero en la práctica busca prohibir la exigencia del carné de vacunación y el uso de pruebas de descarte para viajar, trabajar o ingresar a espacios públicos.

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También se opone a que se implementen protocolos sanitarios que, según señala, pueden “afectar la salud de las personas”. Esto aunque el Minsa reporte que 11 mil de 19 mil fallecidos en los últimos meses no tenía ninguna dosis de la vacuna, tampoco 21 mil de 23 mil hospitalizados y 2.500 de 2.900 pacientes en UCI. Además, solo en la primera semana desde que empezó a pedirse carné de vacunación se aplicaron 1′817.707 vacunas en todo el país. De estos, 610.110 fueron primeras dosis.

El proyecto de ley, que fue ingresado a la comisión de Justicia y Derechos Humanos el miércoles 15 de diciembre, recoge argumentos de grupos antivacunas que no cuentan con sustento científico e incluso equipara a las esterilizaciones forzadas –delito por el cual recientemente se ha abierto un nuevo proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori– con lo que llama “vacunaciones forzadas”.

Pero sobre todo recurre a la Constitución para asegurar que la exigencia del carné y las restricciones para no vacunados (incluso la toma de pruebas de PCR) vulneran los derechos humanos, principalmente a la libertad. Este es el mismo argumento que semanas atrás usó el congresista Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, en una carta a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para intentar impedir que se implemente la medida sanitaria. Y el mismo que alude la abogada Beatriz Mejía, integrante del colectivo Con Mis Hijos No te Metas, en un supuesto certificado de exención de vacunación, el cual las autoridades han aclarado que no tiene validez.

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Libertad en análisis

El Comercio consultó a tres abogados (dos constitucionalistas y una especialista en bioética) sobre la legalidad de exigir el carné de vacunación con doble dosis, establecido en el Decreto Supremo (DS) Nº 179-2021-PCM. Todos coinciden en que los derechos constitucionales siempre han tenido limitaciones.

La abogada constitucionalista Milagros Revilla explica que no existen derechos “absolutos” porque hay situaciones en los que se puede restringir un derecho siempre que esto suponga un beneficio para la sociedad o la salvaguarda de los derechos de terceros . “En la limitación se tiene que considerar si lo que se busca va a traer mayores beneficios que las consecuencias de las restricciones. No hay derechos absolutos, ni siquiera el derecho a la libertad de tránsito. Lo que se hace es una ponderación. Todo derecho se puede limitar pero las razones son importantes”, señala.

El proyecto de Palacios – y en general todos los que se oponen a la exigencia del carné – insiste en que la vacunación es voluntaria. Esto es cierto y así fue estipulado en la Ley Nº 31091, publicada en diciembre del año pasado. ¿El DS la hace obligatoria? El abogado constitucionalista Omar Cairo sostiene que las restricciones no eliminan la posibilidad de decidir sino que delimitan parámetros para que quienes optan por no hacerlo no afecten a terceros. “La norma no está prohibiendo a las personas que se abstengan de vacunarse, solo establece restricciones a la conducta de quienes deciden no vacunarse en razón del peligro que genera con los demás”, explica.

Sarah Carracedo, abogada especialista en bioética, pone como ejemplo la prohibición para fumar en espacios cerrados: todo ciudadano es libre de fumar, siempre que no afecte a terceros. “No puedes fumar en medio de un restaurante como tampoco puedes manejar a la velocidad que quieras. La libertad no es abosluta si en su uso puedes dañar a terceros”, precisa. En este caso, el riesgo de dispersar el virus tiene efectos a nivel individual y social. Carracedo lo resume así: “No cumplir con las medidas de salud pública no solo afectarían el derecho de otras personas a no ser infectadas de una enfermedad fatal sino también aumenta la carga del sistema sanitario”.

Cairo y Carracedo coinciden en que tampoco se puede hablar de discriminación contra los no vacunados porque el decreto no distingue razones de índole racial, étnica, religiosa o sexual. “La norma es igual para todos. El que no esté vacunado, sea quien sea, va a tener que soportar ciertas restricciones porque su ingreso a lugares cerrados pone en peligro y amenaza severamente la salud de otras personas”, dice Cairo.

El principal fundamento legal que alude el proyecto es que el artículo 2, inciso 24, literal b de la Constitución no permite forma alguna de restricción a la libertad personal, “salvo en los casos previstos por la ley”.

Según declaró Palacios en una entrevista en RPP el martes 14, al haberse establecido la exigencia del carné en un DS sería inconstitucional. Sin embargo, omite que la misma Carta Magna (artículo 137) establece que en estado de excepción los derechos vinculados a la libertad y seguridad personal pueden restringirse por decreto. Tampoco considera que la Ley General de Salud, en el artículo 84, permite restricciones transitorias “solo por razones de salud pública” y en el artículo 128 reconoce que la Autoridad de Salud tiene atribuciones para, entre otras cosas, aplicar medidas de seguridad y sanciones.

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Proyecto con Fake News

Otros dos puntos que toca el proyecto de la parlamentaria de Perú Libre, en su exposición de motivos, son informaciones que han sido descartadas por especialistas o que no tienen sustento científico: que las vacunas son “experimentales” y que las medidas sanitarias incidieron en “la elevación de decesos”.

Sobre lo primero, Erika Castillo, PhD en Ciencias Médicas y divulgadora científica, explica que todas las vacunas que se usan en el país cuentan con aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso de emergencia. Desde que empezaron a aplicarse fuera de los ensayos ya dejaron de ser experimentales. La suspicacia de algunos surge porque, debido al contexto de la pandemia, la vacunación inició durante la última Fase 3 de la investigación de los laboratorios. Aquí es importante aclarar que tanto en Fase 1 como Fase 2 incluye la participación de voluntarios, con los que se probó la seguridad y eficacia del producto biológico. “Si empezó a aplicarse en la Fase 3 fue porque no era una fase ordinaria. En un ensayo clínico normal, los voluntarios son de un solo grupo, un solo laboratorio, es un proceso restringido. En este caso han habido varios laboratorios haciendo ensayos clínicos en paralelo en diferentes partes del mundo, con miles de voluntarios. Eso le da mayor validez científica”, explica.

La afirmación de que las medidas sanitarias aplicadas contra la pandemia han derivado en el incremento de muertes no tiene fuentes ni explicaciones en el proyecto de ley. Este Diario intentó comunicarse con la congresista Margot Palacios, pero hasta el cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

“La vacunación tiene fundamento científico para frenar la dispersión del virus, exigirlo en espacios cerrados también porque al ser un virus respiratorio hay más probabilidades de transmisión. Si bien el vacunado respondería de forma leve al contagio, se está dispersando el virus y promoviendo las variantes, haciendo que esto no termine. No solo es evitar las muertes sino también las cargas virales que inducen la formación de nuevas mutaciones”, agrega Castillo.

Respecto la adopción de acciones sanitarias, Gabriela Jiménez, directora Ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, reitera que se realiza en base a la evidencia recopilada por el Instituto Nacional de Salud (INS) a nivel nacional e internacional. Desde la dirección de Inmunizaciones también hacen procesos de vigilancia para identificar posibles efectos adversos. “Las vacunas no son tratamiento o medicamento, es una medida de protección específica. Discrepo con el proyecto porque en ninguna parte del planeta existe una vacuna que va a generar daño a la población”, sostiene.

Con más de 20 años de experiencia en vacunación, Jiménez reitera que pedir un carné de vacunación no tiene nada de nuevo. De hecho, el esquema nacional ya es obligatorio para que los niños inicien el colegio o para viajar a regiones de la Amazonía. “No se hace para marginar a nadie, es una estrategia para minimizar riesgos de brotes. ¿Por qué hace 10 años se incorporó la vacuna contra la varicela en el esquema? Por que empezamos a tener brotes. Jamás dejamos de exigir el carné de vacunación”, dice.

Hoy, incluso si no existiera el COVID-19, por lo menos a 42 países de América, Asia y África no se podría viajar sin un carnet de vacunación de la fiebre amarilla.

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