Las otras víctimas del COVID-19: la penuria de los afectados por el cierre de los comedores populares

Desde que la cuarentena comenzó, la rutina de Víctor Valdivia Torres es una pugna continua por sobrevivir. Un día a la vez. Es pintor eventual de casas y ayudante en carpintería. Cuando le iba bien, trabajaba desde muy temprano y hacia el mediodía podía comprar tres almuerzos en el comedor popular Juan Pablo II, en Independencia. Pagaba S/9 por todo.

Si la jornada no traía suerte, Víctor llevaba a su casa dos platos que compartía con su esposa y su hija, Sara, de 5 años. La crisis sanitaria por el contagio masivo de coronavirus y la orden de aislamiento obligatorio, lo han dejado ahora sin oficio. El comedor cerró por falta de provisiones hace cuatro semanas. La familia Valdivia lleva el mismo tiempo alimentándose como puede.

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Víctor tiene 68 años y está casado hace siete con Ida Merino Alburqueque, 23 años menor que él. Viven en la mitad de un estrecho lote que la mamá de Víctor le dejó al morir. El primer ambiente de los tres que hay es el más grande; y es un poco una cocina, un poco un comedor, un depósito de maderas. Y un poco, también, el dormitorio de la pequeña Sara.

Ida Merino es la mujer que el 7 de julio del 2001 fue atacada con un martillo por Clímaco Basombrío Pendavis, en el departamento de Surco donde trabajaba. Tenía entonces 27 años y resistió 15 días en estado de coma. Ida no ha recibido una indemnización por los daños que le causó la insanía de Basombrío. Todavía sufre continuos ataques de epilepsia que la dejan aturdida. Como los alimentos, Víctor debe conseguir todos los días las pastillas que su esposa necesita. Pero eso, hoy en día, es casi una proeza.

Ella sonríe y todo el tiempo está hablando de Dios. A ratos se confunde con los temas que trata y pierde la mirada en algún punto fijo, pero siempre está mencionando a Dios. Hasta que el COVID-19 estalló en Perú, Ida Merino iba todas las semanas a la iglesia cristiana El Aposento Alto. Ahí conoció a Víctor y ahí se casaron. Su vida juntos ha sido una marcha solidaria constante aunque cargada de penurias. Como estos días, han vivido jornadas eternas sin saber bien cómo se alimentarán al día siguiente. Ahora están al centro de una nueva desgracia: son parte de la población vulnerable del país, pero tampoco se han resignado a los embates de la pandemia.

Víctor asiste a Ida con lo que puede y ha logrado que no se agrave por falta de medicinas. Las consigue a veces prestándose dinero que después repone con trabajo. Su hija tampoco pasa hambre porque algo juntó para enfrentar en los mercados estos horas de carencia. Él teme que se le acabe lo poco que tiene y sabe que eso será pronto. “Quizá mañana, pasado, no sé qué haré después”, señala y se toma el rostro. No ha recibido el bono de S/380 que el Estado otorgó a las personas en condición de pobreza o pobreza extrema. Víctor y su familia forman parte de una cruda estadística en rojo.

-El desamparo y la carencia-

El comedor popular Juan Pablo II está en la entrada al asentamiento humano San Pedro y San Pablo, una zona enclavada en las laderas de dos cerros que acogen a más de 100 familias. Algunos vecinos dicen que ni una ha sido beneficiada con los S/380. Sus autoridades municipales tampoco han llegado para entregarles agua o mascarillas, y dejaron de repartir alimentos al comedor días antes de la declaratoria de emergencia.

La presidenta de este centro de ayuda social, Paula Luna Vega, asegura que con las provisiones que tenían guardadas se pudo preparar almuerzos por cuatro días más. Luego fue inevitable cerrar el local. Unas 65 personas acudían allí a diario. Ida y Víctor, por ejemplo. Aunque el caso de ellos sea apenas la dura realidad a pequeña escala de toda esta comunidad.

A Dora Guevara la emergencia le acarreó un golpe doble. Era la encargada en el comedor del reparto de leche a 25 niños de la zona. El programa también fue suspendido por falta de abastecimiento. Dora, además, formaba parte del grupo de madres socias que preparaban las raciones de comida para las tardes. De eso vivía y alimentaba a sus hijos. Ahora ya no tiene nada. Pero su pensamiento va todos los días más allá: está en todos los que han quedado desvalidos con el cierre del local.

“La mayoría eran adultos mayores y gente tan necesitada como don Víctor”, dice. A su lado, Paula Luna sacude el polvo asentado en las ollas enormes para mostrar así la gravedad del caso: “Mire esto. Solo se llena de tierra. Nada podemos preparar hace semanas”.

Los efectos del COVID-19 son solo las últimas calamidades que han sufrido los vecinos de San Pedro y San Pablo en estos años. Cuando los alimentos todavía llegaban y eran almacenados en el comedor, las madres a cargo debían armar turnos de vigilancia. Hubo madrugadas en que bandas de delincuentes destrozaban los techos de calamina para cargar con todas las provisiones. Entonces, ellas debían reponer lo robado. Ellas también costearon la instalación de una reja de fierro con la que han protegido sus ollas y cocinas. Es una comunidad unida en la urgencia y el apoyo, pero la escasez y el desamparo también forman una historia cíclica aquí.

La única luz en toda esta pesadilla comunal es que todavía no ha sido detectado un caso de coronavirus aquí. “¿Se imagina cómo sería esto si hubiera contagiados?”, pregunta Dora, como quien sabe la respuesta pero prefiere escucharla y callar.

-Clamor de ayuda-

En el Perú hay más de 15 mil comedores populares que atendían a casi 800 mil personas, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La mayoría están cerrados por la pandemia; y los pocos que funcionan, entregan comida envasada a grupos de extrema necesidad que han sido empadronados: ancianos o enfermos crónicos. En el Cercado de Lima, por ejemplo, existen 61 comedores que acogían a 5.200 beneficiarios. Hoy apenas 10 están operando.

El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, Carlos Contreras, indica que los locales que aún atienden son hogares albergues y comedores populares que no estaban a cargo de adultos mayores, población de alta vulnerabilidad ante el COVID-19.

Hasta ahí se lleva comida preparada en diversos centros comunales, que luego es repartida a manera de delivery. “Así hemos podido suplir en algo la demanda”, dice Contreras. Por ahora, la emergencia ha tornado insuficiente todo esfuerzo.

De los 2.954 casos de coronavirus confirmados en todo el país hasta el martes 7 de abril, el Cercado de Lima había registrado 385 infectados. Después de Jesús María, el Cercado es el distrito de la capital donde se han reportado más casos de contagios. La pandemia va dejando 107 fallecidos en el Perú.

Desde la sede de Cáritas Lima, todas las semanas salen envíos de víveres para los sectores más urgidos. Pero en el curso de la ayuda, la modalidad también ha tenido que cambiar.

Fernando Castañeda, miembro del directorio de Cáritas del Arzobispado de Lima, cuenta que una noche en la urbanización El Bosque, del Rímac, la comitiva de reparto fue rodeada por decenas de vecinos que habían quedado sin acceso a los comedores populares de ese sector.

La distribución fue accidentada y tuvo que postergarse por el riesgo de contagios en la aglomeración. A partir de aquel incidente, Cáritas Lima inició la constitución de comités barriales para el registro de los vecinos con mayor necesidad. Así la organización ha podido establecer un orden de prioridades.

El viernes pasado, una delegación de voluntarios que encabezaron Fernando Castañeda y el padre Jorge Gómez, de la parroquia Virgen Medianera, llegó con agua y alimentos al asentamiento humano Villa María del Perpetuo Socorro.

Unas 200 familias viven aquí. Las más pobres están asentadas al pie de lo que fue el botadero de Lima, o lo que ahora se llama cerro El Montón. Es decir, residen frente a un enorme declive de tierra que cubre toneladas de basura todavía humeante. Los más desprotegidos de este lugar, que se extiende en la margen izquierda del río Rímac, habían sido consignados en el registro de urgencias y prioridades.

Cecilia Tito Martínez, una técnica en computación que no tiene trabajo, abre la puerta, mira los víveres y rompe en llanto. Dice que no le había llegado ayuda, que el comedor del Inabif donde llevaba a su madre cerró el 16 de marzo y que hasta ahora pudo resistir el aislamiento por la pandemia con el auxilio de algunos familiares y vecinos.

La mamá de Cecilia se llama Cipriana Laura Martínez. Ella tiene 80 años y hace nueve sufrió un derrame cerebral que la tiene postrada. No es beneficiaria del programa Pensión 65. Cuando Cecilia estaba inmersa en mil trámites para conseguirle esa pensión, le dijeron que su madre no calificaba como persona en condición de pobreza o de extrema necesidad. Cipriana tampoco ha accedido a la bonificación de S/380.

El peor temor de Cecilia ahora es que algún caso de COVID-19 sea reportado en esta zona. Teme por su madre, por ella misma. “Solo nos tenemos las dos“, pronuncia bajito, y vuelve rápido a su confinamiento. Tiene miedo. Abre de nuevo la puerta y hace adiós con las dos manos al padre Gómez. Le pide que vuelva pronto. Le dice que la pasa mal por sus carencias pero que, sobre todas las cosas, la abruma el temor.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuánto durará la cuarentena por coronavirus en Perú?

Después que se reportaron los primeros casos de coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional por 15 días ante el avance del COVID-19 en el Perú. A través de este Decreto Supremo se busca la prevención y el control para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Sin embargo, este miércoles el presidente anunció que habrá prórroga por el bien de todos los peruanos, y se extenderá este periodo de emergencia nacional por dos semanas más, es decir hasta el 26 de abril.

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