Las denuncias de la campaña #NoTePases y sus posibles soluciones

El peor chofer de Lima
Jesús Alberto Villarreal Tasayco encabeza la lista de los mayores infractores de Lima, con 147 multas y 28 órdenes de captura. Maneja un colectivo ilegal, con brevete cancelado, sin cinturón ni espejos. Debe casi 50 mil soles al SAT. Encima, la empresa de taxis Autogol Tours S.R.L. afilió el auto que manejaba Villarreal en mayo del 2017, cuando ya acumulaba más de 100 multas.

En principio, a menos que la conducta del chofer genere un resultado fatal (muertos o heridos), con lo cual podría ser denunciado por el delito de homicidio o lesiones, en el Perú no es delito manejar con licencia cancelada o hacerlo de manera temeraria, poniendo en riesgo la vida e integridad de terceros. Podría ser un delito contra la seguridad pública, como lo es manejar bajo el consumo de alcohol o drogas, pero al día de hoy, no es así. Especialistas consultados por El Comercio señalaron que el Código Penal peruano podría emular el de España que contempla un capítulo de delitos contra la seguridad del tráfico, entre los que está conducir con exceso de velocidad o de manera temeraria con peligro concreto hacia terceros, como es el caso de Villarreal. Este último riesgo debe ser debidamente delimitado para evitar abusos de la policía. Sin embargo, más allá de la respuesta penal, es importante fortalecer los mecanismos administrativos de control antes de criminalizar estas conductas.

La empresa que viola las normas
La distribuidora Paci S.R. Ltda., socia estratégica para distribución de Arca Continental Lindley, exige a choferes descargar mercadería en zonas prohibidas. Tiene un encargado de tesorería que paga cientos de papeletas, entre ellas, las del conductor con el peor historial de multas en Lima del 2017. Tiene al menos 12 camiones sin permiso municipal circulando por Lima.

Mariano Quichca, supervisor de flota de Paci reconoció que están al margen de la ley, pero –afirma– “no queda otra”. Ni a la empresa ni a Arca Continental Lindley ni al municipio de Miraflores, el principal afectado, pareció importarles esta denuncia. La primera solución es asumir que están en falta y cumplir las normas viales. Paci debe contar con una autorización de interferencia de vía y regularizar el permiso de circulación de sus camiones. Lamentablemente la regulación sobre carga y descarga no es clara en el Perú. Un primer paso es implementar espacios concretos donde los camiones puedan estacionarse, así como delimitar horarios para realizar estas actividades. Por otro lado, la autoridad que interviene los camiones aplica el Reglamento Nacional de Carga, cuyas multas no contemplan puntos en contra. Según expertos, la autoridad que interviene el camión debe llamar a un policía para que le aplique la norma de tránsito (por ejemplo, por estacionar mal), que es más severa.

No hay sitio en los depósitos
En las calles de Lima Metropolitana siguen circulando 255 mil autos que tienen orden de captura, según el SAT. Estos autos, que podrían representar un peligro debido a la cantidad de infracciones que acumulan, no son llevados al depósito porque estos están repletos. El SAT tiene 7 depósitos en Lima, al 97% de su capacidad.

El SAT podría suscribir contratos de concesión con empresas que ofrezcan el servicio con terrenos habilitados. Sin embargo, según señaló a este Diario, no lo hace debido a una mala experiencia en el pasado. Otra opción es que la MML firme convenios para usar los depósitos distritales. Por ejemplo, la Municipalidad de San Isidro declaró a El Comercio que en octubre del 2016 le envió una propuesta a Lima para fiscalizar el transporte público que atraviese su jurisdicción e internar los vehículos infractores en sus depósitos. Pero esto quedó en nada. Además, se debe destrabar el proceso de remate. Una vez que el auto entra en el depósito, el propietario puede pagar la deuda y sacarlo. Pero si no lo hace, el SAT puede rematarlo, con la notificación al dueño. Sucede que las notificaciones no siempre se hacen adecuadamente y eso ya es causal para anular el proceso de remate. Los compradores deben pasar por evaluaciones. No tiene sentido que sean los mismos infractores. Los autos en mal estado no deberían volver a las calles.

La urgencia de una autoridad
Las competencias para regular al caótico tránsito limeño se encuentran divididas entre al menos 10 autoridades, por lo que es casi imposible tomar decisiones coherentes y coordinadas. En enero, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó el proyecto de ley que crea un ente único, pero su debate sigue en espera.

Cualquier verdadera solución al caos actual empieza por la creación de una autoridad autónoma con capacidad exclusiva para regular, fiscalizar y sancionar todos los temas del transporte. En julio del año pasado, el Ejecutivo propuso el proyecto de ley para crear la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Este organismo busca implementar un sistema integrado, así como unificar rutas, infraestructura vial y tarifas. Además, se plantea fusionar dentro de esta autoridad a las gerencias y oficinas que administran el Metropolitano, el metro de Lima y los buses de corredores. La competencia para supervisar y sancionar estos servicios también recaería en la ATU. Se espera que en mayo, el proyecto sea debatido en el pleno del Congreso. Sin embargo, una de las observaciones que han hecho los gobiernos locales es que se les estaría restando competencias. Se corre además el riesgo de que la Municipalidad de Lima presente una acción de inconstitucionalidad contra la norma.

Las papeletas no sirven de nada
Desde la imposición de una papeleta pueden pasar cuatro años sin que esta sanción se haga efectiva. La ley permite presentar descargos, reconsideraciones, apelaciones y otros recursos hasta que la multa prescriba. Las papeletas impugnadas no se pueden cobrar y la PNP tampoco puede internar los autos porque no hay suficientes depósitos.

Hoy, las papeletas se someten al mismo procedimiento sancionador que rige para cualquier otra multa administrativa (por ejemplo, por abrir un local en malas condiciones higiénicas). La solución es que exista un procedimiento especial simplificado que dé mayor agilidad al cobro de este tipo de multas. Está en manos del MTC implementar un proceso expeditivo, de lo contrario, los infractores seguirán interponiendo recursos para cuestionar la sanción hasta lograr su prescripción. El MTC también debe corregir el sistema de puntos, que en la práctica no impide que los malos conductores manejen. Se aplica solo cuando un policía impone una multa del Reglamento Nacional de Tránsito. No funciona cuando la infracción es al Reglamento del Servicio de Taxi Metropolitano, al de Transporte Escolar, al Reglamento de Transporte de Carga o al Reglamento de Transporte Regular de Pasajeros. Por eso miles cometen infracciones y no pierden puntos en sus licencias.

Tramitadores y coimas al PJ
Carlos de la Cruz Hinostroza integra una red de tramitadores que actúa frente al local del SAT. ‘Congela’ papeletas para que prescriban y ofrece coimear a la justicia. Fue sentenciado por el delito de falsedad en el 2014 y pese a ello postuló al Congreso por el Partido Humanista en el 2016. Su familia tiene una escuela de choferes y un local de revisiones técnicas.

Según el abogado penalista, Iván Meini, cuando menos, hay un supuesto de delito de tráfico de influencias. De ser cierto que ‘coimea’ a un funcionario del Poder Judicial también podríamos hablar de un delito de cohecho que sanciona a quien entrega el dinero y al funcionario que lo recibe. El Ministerio Público debería actuar de oficio, pero aún no se ha pronunciado. Más aun cuando en la oficina de De la Cruz, en el jirón Camaná 367, su familia ha registrado una escuela de choferes y un centro de revisiones técnicas, todo en un mismo lugar, lo que revela una serie de irregularidades que deben ser investigadas. Por otro lado, el SAT reveló a este Diario que en los últimos 2 años, ha denunciado penalmente a 100 infractores y abogados que usan documentación falsa para evadir multas, pero los casos siguen en etapa preliminar. Carlos de la Cruz ha sido el único tramitador condenado por delito contra la fe pública y eso fue en el 2014. Los colegios de Abogados también deben sancionar las malas prácticas.