Fiestas Patrias: lo que se avanzó y lo que aún está pendiente en favor de la mujer y la niñez

Cinco minutos del mensaje a la Nación le dedicó el presidente Martín Vizcarra a las medidas planteadas por el Ejecutivo para reducir la violencia de género e infantil. En ese pequeño lapso de tiempo (el discurso de julio del 2019 duró 1 hora con 35 minutos), Vizcarra aseguró con voz firme que “por primera vez en la historia del Perú, este gobierno decidió asumir el compromiso firme con la igualdad y la lucha contra la violencia de género”.

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En el 2018, el presidente fue más emotivo al mencionar con nombres y apellidos a 13 víctimas de feminicidio, entre ellas, Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza Alva, ambas carbonizadas por sus acosadores. Las expectativas por lo que anunciará hoy en el mensaje a la Nación son altas, sobre todo para las mujeres, luego de comprobar que ni la cuarentena por el coronavirus logró que los feminicidios (hubo 24 según el MIMP) ni los abusos sexuales a menores disminuyan.

-Lo que prometió-

En esos cinco minutos, Vizcarra destacó la creación de nuevos Centros de Emergencia Mujer (CEM), la implementación de la estrategia “Te Acompañamos”, a través de la cual se les brinda atención y protección a las hijos e hijas de víctimas de feminicidio. Además, resaltó que se realizó una inversión histórica de S/ 260 millones en la lucha contra la violencia de género.

Entre las medidas que prometió están la ampliación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a 20 distritos judiciales en el 2020. Con este sistema se busca garantizar que las víctimas de violencia tengan acceso más rápido a la justicia y puedan obtener medidas de protección eficientes.

Sobre los niños, niñas y adolescentes, Vizcarra aseguró que se crearon 17 Unidades de Protección Especial que atienden a los menores sin cuidados parentales, cubriendo así el 50% de distritos judiciales del país, y atendido a 20.000 niñas, niños y adolescentes.

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En un balance realizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre las metas logradas por el gobierno de Martín Vizcarra hasta marzo de este año, se reveló que el 67% de los objetivos pactados estaban en buen camino y que un 33% tenía problemas para cumplirse. Entre las metas pendientes figuran la entrega de kits de emergencia a las víctimas de violación sexual en los centros de salud y la atención de salud mental a las víctimas de violencia.

-Lo que se logró-

La viceministra de la Mujer, Nancy Tolentino, asegura que el avance más grande que ha logrado el sector es el haber aprobado la Política Nacional de Género en abril del 2019 y con ella plantear metas que se irán cumpliendo a mediano y largo plazo. “Ya se aprobó un plan estratégico y ahora lo que estamos elaborando son los protocolos de atención de los servicios que compensen a esta política. Tiene 6 objetivos muy importantes. Por ejemplo, uno es eliminar la violencia de género y otro es mejorar la situación socioeconómica de las mujeres. Si se cumpliera esta política nacional, la situación de la mujer peruana cambiaría”, explicó.

Tolentino asegura que a fines del año pasado se cumplió con la implementación de 50 CEM en comisarías y que este año entrarán en funcionamiento 20. Otro logro que resalta la viceministra es la aplicación del programa presupuestal por resultados para la violencia contra la mujer, el cual cuenta con S/ 160 millones. Es con este programa que se ha implementado el Sistema Nacional Especializado de Justicia, anunciado por el presidente Vizcarra el año pasado.

“Este es un esfuerzo para que las víctimas puedan encontrar en un solo lugar todos los servicios para que puedan alcanzar justicia. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Mininter y el Mimp están juntos con personal exclusivo ad hoc. Los que operan este espacio son personas capacitadas. Ya hay uno que funciona en Ventanilla y también en San Juan de Lurigancho. Hay un cronograma que se ha aprobado para que llegue a todos los distritos judiciales. Esto significa presupuesto por eso se va estableciendo cada año”, aclaró.

Una de las normas aprobadas durante la emergencia nacional dictada por el coronavirus también es considerada como un avance. Se trata del Decreto Legislativo 1470 que acelera y garantiza las medidas de protección para las víctimas de violencia.

¿Y las niñas? La viceministra de Poblaciones Vulnerables del MIMP, Cecilia Aldave, admite que aún hay desafíos por cumplir en favor de los niños, niñas y adolescentes peruanos, pero asegura que hay varias medidas positivas que se han dictado para protegerlos.

Uno de estos avances es el Decreto de Urgencia 001, dictado en enero de este año, el cual regula los mecanismos de protección de los menores. La norma permite por ejemplo, explica Aldave, establecer procedimientos de urgencia para casos de niños y niñas que son abandonados en situación de calle.

“Acá hay un procedimiento rápido para la declaratoria de niños en abandono que no tarda más de 3 meses para su posible adopción. Antes demoraba hasta 3 años”, precisa.

Con esta norma también se ha logrado acreditar a las defensorías municipales para que puedan identificar los factores de riesgo de los menores, como por ejemplo, cuando algún niño no asista al colegio puedan intervenir las defensorías de los municipios. Según la viceministra, de las cerca de 1.000 defensorías municipales que existen en todo el país, aún no se han registrado ni 100. “Ahí tenemos un desafío enorme”, aseguró Aldave.

En el marco normativo también avanzamos en la emisión de un decreto legislativo 1470. Establece medidas para garantizar la atención y protección contra la violencia contra las mujeres y grupo familiar durante la emergencia sanitaria. Ahí hemos en conjunto atender a niños niñas y adolescentes.

Otro de los logros en favor de la niñez es el diseño de la Política Nacional de Protección a la Niñez que se espera que esté lista para setiembre de este año. En esta política se plantean todas las acciones que van a tener los sectores en materia de protección de infancia y adolescencia. “Ahí se identifican todos los mandos y las responsabilidades de los sectores en materia de salud, educación, acceso a la justicia. Incluso el de vivienda con ciudades accesible y seguras, así como las obligaciones para los gobiernos regionales y locales”, dice la viceministra.

Aunque el presupuesto para esta población aún es poco, Aldave resalta que se han podido crear 19 Unidades de Protección Especial hasta la fecha y se espera llegar a 25 a fines de año. Además, se han creado 7 nuevos centros especializados para víctimas de trata de personas. Estos han sido ubicados en zonas específicas en donde este delito tiene mayor presencia como son Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa y Lima.

-Lo pendiente-

Para la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, sí ha habido un avance normativo en favor de la mujer con la publicación del Decreto Legislativo 1470 durante la cuarentena y por la continuidad del Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra la mujer (PAC) que se estableció luego del feminicio de Eyvi Ágreda en el 2018.

En una supervisión realizada por la entidad en abril a 19 comisarías del país, se observó que el 76% de ellas había incrementado su labor en el cumplimiento de las medidas de protección pero sin apoyo del serenazgo, pese a que eso lo establece el decreto legislativo. También se verificó que el 54% de las comisarías no tenía vehículos para patrullar y el 16% no tenía personal exclusivo para esta labor. A esto se le suma que el 50% de los efectivos destinados para esta labor se contagió de coronavirus durante la cuarentena. “Y así han cumplido, así que es importante señalar que el impacto de la pandemia ha sido fuertísimo. En abril cumplieron en un 52.8% las medidas de protección, pero en mayo un 75.5%. La norma sí favoreció a un mejor cumplimiento. Aún así los casos han decrecido, y hay varios retos pendientes”, afirmó Revollar.

Uno de los grandes retos es mejorar el sistema de interoperabilidad del sistema de justicia en situaciones de emergencia. La adjunta señala que si bien las entidades han implementado asistencia remota virtual durante la cuarentena, esta debería trascender a la emergencia y establecerse dentro del sistema general de atención de víctimas.

Otro tema pendiente es la inclusión de la desaparición de mujeres en el PAC debido a que las cifras se están incrementando. “La policía no actualiza el portal de desaparecidos. El MIMP ha mostrado interés pero aún no hay avances. Hay 2.543 reportadas como desaparecidas en el semestre y 915 durante la pandemia. El año pasado de 166 feminicidios el 10% de casos fueron de mujeres desaparecidas. Se necesita una respuesta muy fuerte del Ejecutivo al respecto, y eso esperamos hoy en el mensaje a la Nación”, afirma la adjunta.

Nimia Morán, representante de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, asegura que uno de los principales problemas pendientes del Ejecutivo y que se ha encrudecido durante la cuarentena por el coronavirus es el acceso de las niñas y adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva de los centros de salud. Morán refiere que las menores y mujeres víctimas de violación sexual han sido las más perjudicadas debido a la falta de entrega de los kit de emergencia por parte del sector salud.

“La atención por el covid ha desconfigurado, por así decirlo, los otros tipos de atenciones que se venían dando. Las más afectadas han sido las mujeres que acuden por métodos anticonceptivos y las víctimas de violencia sexual que no han recibido los kit de emergencia que contienen la píldora del día siguiente, medicamentos para prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual, incluido el VIH. Todo este kit no se está dando por ejemplo. Esos son problemas inmediatos pero tiene consecuencias que se están viendo en la mortalidad materna”, alertó.

Las cifras que respaldan los afirmado por Morán son de terror. Solo al 19 de julio de este año se ha reportado 302 muertes maternas. Los casos han aumentado en Cusco, Loreto y Lima Metropolitana en donde se han presentado 25% más de casos que el año pasado. “Esa es una cifra que revela que hay una seria desatención en salud. La mortalidad materna se da porque hay otras complicaciones asociadas en el embarazo y pueden prevenirse dando atención oportuna, haciendo un control prenatal adecuado que tampoco se está dando porque ha sido suspendido y aplicando el aborto terapéutico que tampoco se está aplicando. Estas muertes se han podido prevenir y ese es un impacto”, recordó.

Los números son peores cuando se habla de niñas menores de 14 años. Según Morán, de enero a junio de este año 358 niñas han dado a luz. “Estas niñas han sido víctimas de violación y no se les dio el kit de emergencia, y luego es probable que han tenido complicaciones en el embarazo porque un cuerpo de 10 o 12 años no está preparado para eso. Se pudo aplicar el aborto terapéutico pero no se hizo”, lamentó.

La adjunta de la Defensoría del Pueblo coincide en esa preocupación y añade que es necesario enfocar la responsabilidad que están teniendo los gobiernos regionales y locales al respecto.

“Hay un desapego evidente de los gobiernos regionales y locales para asumir el tema de violencia de género. La autoridad regional no hace lo que le corresponde hacer y eso es un denominador común. En eso la Defensoría ha sido muy clara en la articulación de los roles. La autoridad regional tiene que liderar esta lucha en su región”, afirmó.

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