La sospechosa muerte de Rodrigo Ventocilla y la indignación por el comunicado de la Cancillería

Rodrigo Ventocilla Ventosilla, de 32 años, acababa de terminar una pasantía en Johannesburgo (Sudáfrica). Era hora de retornar a la Universidad de Harvard (EE.UU.), donde realizaba una maestría en Gestión Pública. Pero decidió primero viajar a Bali (Indonesia), junto con Sebastián Marallano, su esposo. El plan era celebrar ahí su luna de miel.

Al llegar a Indonesia, él fue detenido por supuesta posesión de drogas. Días más tarde, en circunstancias no esclarecidas, falleció en un hospital. Ante estos hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado oficial, indicando que se llevaron a cabo las medidas correspondientes y que la detención no correspondió a actos de discriminación racial y transfobia. El documento generó rechazó e indignación en diversos grupos y colectivos LGTBIQ+, al no mostrar solidaridad ni mencionar un potencial abuso de los derechos humanos.

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Los hechos e incógnitas

Ventocilla llegó el 6 de agosto al aeropuerto de Denpasar-Ngurah Rai en Bali. Según la Cancillería, la detención se habría producido debido a que la aduana encontró entre sus pertenencias, además de pastillas con su respectiva prescripción médica, objetos que contenían residuos de cannabis, así como productos elaborados con dicho elemento. Luego arribó Marallano, quien habría sido retenido al tratar de ayudar a su esposo.

La organización Diversidades Trans Masculinas (DTM) señala que las autoridades les habrían exigido pagar a los jóvenes enormes sumas de dinero por su libertad, que iban desde los 13 mil dólares hasta los 100 mil dólares por cada uno. Indica también que durante su detención ambos habrían sido víctimas de violencia policial y que sus derechos a la salud, libertad, acceso a defensa legal, información y a la no discriminación fueron violentados.

El 9 de agosto, los familiares fueron informados que los dos jóvenes sufrieron una descompensación en su celda, por lo que tuvieron que ser llevados a un hospital. Ventocilla habría estado en una unidad de cuidados intensivos. Dos días más tardes, fueron trasladados a otro centro de salud, donde falleció el estudiante de Harvard y economista.

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Las familias y organizaciones involucradas en este caso denunciaron inicialmente que las autoridades de Indonesia no autorizaron la entrega del informe médico del hospital policial, donde los dos peruanos fueron atendidos primero. Asimismo, comentan que no se les habría realizado los análisis necesarios ni se les permitió comunicarse con sus contactos.

Alegan también que las autoridades dificultaron el acceso de los abogados al segundo hospital, como a estudiantes de Harvard que fueron en apoyo de Ventocilla.

Pese a los pedidos de ayuda, así como la presión de distintas organizaciones, “el cónsul [Julio Tenorio Pereyra] no se apersonó a brindar apoyo a nuestro familiares, hasta que recibimos la fatídica noticia de la muerte de nuestro querido Rodrigo”, se lee un comunicado difundidos por redes sociales.

Las reacciones

En el comunicado de la Cancillería, esta entidad expone que “Indonesia mantiene una política de tolerancia cero respecto a la posesión de drogas y sus productos derivados”, y subraya que Ventocilla “habría incurrido en un delito grave ante las estrictas leyes de dicho país”.

“Nada puede explicar o justificar que [los dos jóvenes] hayan sido internados sin explicación alguna, y mucho menos que un peruano haya fallecido estando detenido por el estado de Indonesia”, dijo a El Comercio la congresista Susel Paredes, que sigue de cerca este caso. Según la funcionaria, las autoridades de ese país tienen que explicar las circunstancias en la que falleció Ventocilla, y recalcó que quien debe exigir esa información es el cónsul.

“Las organizaciones de sociedad civil y activistas LGTBIQ+ que estamos acompañando a los familiares de Sebastián y Rodrigo, manifestamos nuestro repudio y rechazo al comunicado de la Cancillería, que es parcializado, insuficiente y poco empático”, anunció LuzMo Henríquez, representante de estos grupos. “Exigimos un proceso que determine responsables por la tortura, extorsión y violación de derechos humanos que llevo a la muerte de Rodrigo”, añadió.

“Cuando ambos son detenidos, les pasa algo en su salud, por lo que pierden el conocimiento. Después de unos días, Sebastián se recupera, pero Rodrigo fallece. Y eso es lo que la Cancillería tiene que investigar”, resaltó Paredes.

Para ella, Ventocilla y Marallano eran doblemente vulnerables. Primero porque tenían residuos de cannabis y productos derivados, en un país donde la represión para el tema de drogas es extrema. Y segundo porque ambos eran personas trans, en un territorio donde se llega a castigar públicamente solo por ello.

Cabe resaltar que, aunque no ocurre en todo el país, varias provincias, ciudades y distritos de Indonesia prohíben la intimidad entre personas del mismo sexo mediante ordenanzas locales.

“Así como Estados Unidos recomienda no viajar a países donde hay terrorismo, la Cancillería tiene que dar a los peruanos la relación de estados donde es delito ser homosexual y advertir el peligro”, opinó Paredes.

Investigación

En diálogo con este Diario, la Defensoría del Pueblo comentó que los familiares sienten que no han tenido un apoyo directo por parte de la Cancillería. “Ellos han señalado que el cónsul contestaba las llamadas y brindó el teléfono de abogados, pero no se apersonó en los momentos más cruciales de la detención, y que no han recibido el apoyo suficiente para la repatriación de los restos de Rodrigo”, dijo Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría.

Para determinar si el cónsul desarrolló sus labores adecuadamente, y en favor de los intereses de los afectados, Castillo sostuvo que es recomendable que se solicite una investigación. “La Cancillería debe establecer en qué medida sus funcionarios actuaron conforme a la ley, en apoyo a los peruanos en el exterior”, explicó.

La Defensoría envió un primer oficio a la Cancillería, antes de escuchar las declaraciones de los familiares. Luego de tener esa nueva información, se cursó un segundo documento, solicitando una investigación. Asimismo, se manifestó una preocupación sobre el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se hacen afirmaciones concluyentes cuando todavía no ha finalizado la investigación de lo sucedido.

“No hay un procedimiento de investigación formal. Ni siquiera se ha abierto una investigación propiamente dicha donde se pueda constatar lo dicho por las familias con lo que el cónsul pueda decir en su defensa”, aclaró Castillo.