Cadenas perpetuas y ejecuciones: ¿cómo funcionan las draconianas leyes antidrogas en Indonesia?

La muerte del ciudadano peruano Rodrigo Ventosilla en Indonesia después de su detención ha puesto los ojos en las draconianas leyes antidrogas que rigen en el país asiático. Según la versión oficial de las autoridades indonesias, Ventosilla y el connacional Sebastián Marallano fueron detenidos este mes en Bali, con objetos que “contenían restos de cannabis”.

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La oficina de la ONU contra la droga señala que Indonesia es un importante punto de contrabando debido en parte a que las redes internacionales de narcotráfico apuntan a su joven población. La Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia estima que hay 5,6 millones de consumidores de drogas en el país de 270 millones de personas.

En mayo de este año el país anunció la mayor incautación de cocaína en la historia de Indonesia tras encontrar paquetes de la droga flotando en el puerto, según la Marina. El cargamento estaba formado por cuatro paquetes negros que contenían 179 kilogramos de cocaína por valor de 1,2 billones de rupias (82,6 millones de dólares) y apareció flotando cerca del puerto de Merak en la isla de Java.

El diario brasileño “Folha de Sao Paulo” señala que la tenencia de drogas del grupo 1, considerada la más peligrosa, puede ser penada con 4 a 12 años de prisión y multas de 800 millones a 8 mil millones de rupias (US$ 52 mil a US$ 500 mil). Entre las drogas que integran este grupo están la marihuana, cocaína, MDMA (éxtasis), metanfetamina, heroína, entre otras.

Las leyes no solo son duras para delitos de tráfico de drogas. Una persona a la que se le encuentren sustancias como marihuana, éxtasis, cocaína o metanfetamina para consumo propio puede ser condenada a hasta cuatro años de prisión o rehabilitación forzosa.

Además, si padres detectan que sus hijos menores de edad consumen drogas están obligados a denunciarlos. De no hacerlo podrían enfrentar hasta seis meses de prisión.

“Si la persona tiene más de 1 kg de marihuana o 5 g de cocaína, por ejemplo, puede enfrentarse a cadena perpetua. Si trafica estos volúmenes, puede ser condenado a muerte”, señala “Folha de Sao Paulo”.

El medio realizó el reporte en el 2020, al cumplirse cinco años de la ejecución en Indonesia de dos brasileños apresados tras ser atrapados con varios kilos de droga.

Leyes estrictas (y criticadas)

El caso de los brasileños Marco Archer y Rodrigo Muxfeldt Gularte grafica bien la dura política antidrogas que rige en Indonesia. Ellos fueron fusilados en el 2015 junto con seis ciudadanos de Australia, Nigeria e Indonesia. Todos estaban condenados por tráfico de drogas.

Rodrigo Gularte, de 42 años, había sido condenado a muerte en el 2005 y hasta el último momento, el brasileño aseguraba que las aseveraciones de que iba a ser ajusticiado eran mentiras. Fue detenido en 2004 por intentar ingresar en el país con 6 kg de cocaína en tablas de surf.

La BBC recuerda que el brasileño había sido diagnosticado un año atrás con esquizofrenia paranoica, pero su madre dijo a ese medio que desde muy joven mostró tendencias a la depresión.

En tanto, Marco Archer, de 53 años, había sido condenado a muerte en el 2004, tras ser detenido con 11 kg de cocaína dentro de los tubos de la estructura de un ala delta.

Según la agencia The Associated Press, hay más de 150 personas en el corredor de la muerte en Indonesia y la mayoría están condenadas por delitos de drogas. En torno a un tercio son extranjeros. Las últimas ejecuciones fueron en el 2016, cuando un indonesio y tres extranjeros fueron fusilados.

Amnistía Internacional, que denuncia permanentemente la política draconiana contra las drogas en el país asiático, informó en el 2021 que Indonesia registró en el 2020 un aumento en el número de sentencias de muerte con respecto al año anterior, principalmente para delincuentes relacionados con las drogas

En el 2020, los jueces indonesios dictaron 117 nuevas sentencias de muerte, un aumento del 46% con respecto a las 80 sentencias de este tipo en el 2019. Más del 85% de las sentencias de muerte del 2020 se dictaron por delitos relacionados con las drogas, mientras que el resto fue por asesinato.

Las críticas que recibe Indonesia por su estricta legislación para en este tema apuntan al nulo respeto por los derechos humanos, así como a la falta de garantías para la correcta defensa de los acusados.

El Índice Global de Políticas sobre Drogas, publicado en noviembre del 2021 por el Consorcio para la Reducción de Daños, también dejó mal parado a Indonesia. El diario español “El País” consigna que el informe midió la efectividad de las políticas contra las drogas aplicadas en el mundo, en términos de protección y derechos de las personas, usando como parámetro las recomendaciones básicas de la ONU. Midió indicadores como la justicia penal, las respuestas extremas ante faltas o delitos, la salud y la reducción de daños y el acceso a medicamentos fiscalizados internacionalmente.

“Entre los seis países que sacan peor puntuación en políticas antidrogas figuran dos africanos (Kenia y Uganda), dos del sudeste asiático (Tailandia e Indonesia) y dos latinoamericanos (México y Brasil)”, indica “El País.

Entre las razones para que la estricta política persista y esté en auge está que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha ordenado una escalada en las operaciones antidrogas y ha dado instrucciones a los agentes de policía para que sean inclementes en cuanto vean a los presuntos narcotraficantes.

“Aunque el presidente Widodo, conocido popularmente como Jokowi, ha mantenido durante mucho tiempo una postura de línea dura contra los narcóticos, sus últimas declaraciones demuestran una escalada significativa en la retórica y el deseo de coquetear con tácticas cada vez más autoritarias en la lucha contra las drogas. Este cambio debe entenderse en el contexto de la política interna de Indonesia y el deseo de Jokowi de proyectar una imagen más dura”, señala una investigación del Center for strategic and international studies.

País ultraconservador

En Indonesia viven más musulmanes que en ningún otro lugar del mundo (alrededor del 88% de sus habitantes). Las otras religiones minoritarias del país asiático son el cristianismo en sus diferentes vertientes (con un prácticamente el 10% de la población) y el hinduismo y el budismo, ya muy residuales.

En ese escenario, los conservadores islámicos tienen fuerte presencia e influencia en la política y la sociedad, lo que afecta a comunidades como la LGTBIQ.

La influencia de facciones islamistas en la política del país ha propiciado que se debata la remodelación del código penal para perseguir ciertas “exhibiciones” de conducta homosexual, cuando hasta ahora el derecho indonesio no criminaliza la homosexualidad siempre y cuando no salga del ámbito privado.

Hace un par de años los conservadores islámicos presentaron un proyecto de ley llamado Resiliencia familiar que tiene como objetivo obligar a las personas homosexuales y transexuales a someterse a una rehabilitación para ser curadas con técnicas similares a exorismos y otros tratamientos de conversión.

“Así, el país estaría persiguiendo la libertad sexual y de género pese a que las relaciones sexuales adultas, siempre y cuando fueran consentidas, hasta ahora eran vistas como un asunto privado”, señala el diario “El País”.