Muerte de escolar de 11 años por la ingesta de pastillas en reto viral: lo que hay detrás de este preocupante caso

Desenlace fatal. Tras casi dos días de estar internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Cayetano Heredia, esta madrugada murió la menor de 11 años que ingirió pastillas dentro su colegio, en el distrito de Independencia. La escolar había sido diagnosticada con muerte cerebral.

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El abogado de la familia de la menor, Mario Arribas, sostuvo que el centro educativo Imperio del Tahuantinsuyo, donde estudiaba la menor, habría incurrido en varios delitos, uno de ellos, el de lesiones graves culposas, que tiene una pena privativa de la libertad de seis años. “Ahora que ya falleció, estamos frente a un homicidio culposo por la inobservancia de la regla de profesión y trabajo, el deber de cuidado”, indicó.

Los padres de la menor contaron que la tarde del lunes recibieron la noticia de que su hija, quien cursaba el 5to grado de primaria, tuvo que ser trasladada al hospital porque presentaba vómitos constantes. “Yo pensé que era una mala digestión porque me dijeron que había vomitado mucho. Pero al llegar al hospital, me dicen que había ingerido una sustancia”, contó la madre de la alumna.

Según señalaron los padres en un principio, la escolar ingirió las pastillas de clonazepam al interior del salón de clases por un aparente reto viral difundido en TikTok y obligada por otros alumnos.

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Precisaron que estas pastillas fueron llevadas al colegio por otro escolar y las autoridades del mismo no se habrían percatado. Además, indicaron que este tipo de retos ya se habrían reportado antes, lo que ocasionó que una alumna terminara convulsionando. “Pido justicia. Que pague la mamá de ese menor que repartió las pastillas en el colegio”, expresó la madre.

Esta situación ha causado la preocupación y la indignación de los padres de familia quienes, tras conocer el hecho, acudieron a la institución educativa para exigir la respuesta de la directora.

Una madre de familia dijo que su hija le contó que fueron los compañeros de clase quienes pidieron ayuda a otros alumnos, pero al ver que no reaccionaba llamaron a la ambulancia. Al ver que la escolar seguía convulsionando, una auxiliar la habría trasladado en su vehículo hacia el hospital Cayetano Heredia.

Arribas señaló que todos estos detalles vienen siendo investigados por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sin embargo, refirió que el colegió no habría brindado oportunamente los primeros auxilios y se demoró en trasladar a la menor a un centro de salud.

Agregó que el colegio buscaría deslindar responsabilidad en este caso, es decir, “borrar las huellas del delito y los efectos del mismo”, ya que se contradijeron en precisar la existencia de cámaras.

“Primero dijeron que no había cámaras, luego que sí, pero que grababan de forma parcial. También surge otro tema, ya que la niña fue llevada primero a una posta médica, donde por un tema administrativo no la quisieron atender. El factor tiempo es importante en un caso así”, detalló el abogado.

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Sobre las pastillas qué habría ingerido la menor, puntualizó que, pese a las suposiciones iniciales, aún está por confirmarse el tipo de sustancia que ocasionó su muerte. “Eso lo determinará medicina legal. Sin embargo, se conoce, aunque aún sin confirmar al 100%, de que habría sido por éxtasis”, puntualizó.

La noche del martes, el Ministerio de Educación compartió un comunicado de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), en el que detalla que el mismo día de ocurrido el hecho, “funcionarios y especialistas de la UGEL 02 brindaron las facilidades correspondientes a las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional para realizar las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos”.

Además, informó que los padres de la menor y los estudiantes de la institución educativa está recibiendo soporte socioemocional por parte de personal especializado. En ninguna parte del comunicado se señala el grado de responsabilidad del colegio o si se tomarán algunas medidas a manera de sanción para las autoridades a cargo.

Por su parte, la DRELM informó hoy que seguirá brindando todas las facilidades al Ministerio Público y a la Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos, y que su personal, así como el de la UGEL 2, continúa dando soporte emocional a estudiantes y docentes de la institución educativa.

Américo Figueroa, profesor y tutor de 5to grado del centro educativo Imperio del Tahuantinsuyo, informó que la alumna fue auxiliada de inmediato y trasladada a la posta, sin tener mayor conocimiento sobre las pastillas ingeridas y el presunto reto viral. “La niña ingresó al aula, se sintió mal y empezó a arrojar. Con ayuda de los niños y de una profesora intentamos reanimarla”, declaró.

En tanto, la directora del colegio, Victoria Huaylinos, sostuvo que la institución sí cuenta con los protocolos respectivos para este tipo de casos y que es la primera vez que ocurre un caso como este.

“Siempre ha habido protocolos y todo ha sido informado en su momento a las autoridades correspondientes. Es la primera vez (que sucede), está en investigaciones”, indicó.

Vale precisar que Huaylinos no se había pronunciado ante la comunidad educativa tras conocido el hecho. Lo hizo recién cuando llegaron al colegio efectivos de la Policía Nacional y algunos medios de comunicación.

Lejos de calmar la situación, su respuesta desató aún más la indignación de los padres de familia, quienes continuaron protestando en contra de las autoridades de la institución educativa y solicitaron su renuncia.

El clonazepam es un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central y es utilizado en el tratamiento de ciertos trastornos convulsivos debido a sus efectos sedante, ansiolítico, anticonvulsivo, relajante muscular e hipnótico.

En los últimos meses ha circulado en redes sociales un nuevo desafío viral denominado el ‘reto del clonazepam’ en países como Chile, Ecuador y México. A causa de este ‘juego’ y el consumo de esta sustancia ya se han reportado menores intoxicados. Al parecer, este desafío de internet llegó a nuestro país. El reto consiste en ingerir clonazepam y permanecer despierto el mayor tiempo posible.

El clonazepam pertenece a la clase de medicamentos conocidos como benzodiazepinas, tales como el diazepam y alprazolam, que se utilizan como ansiolíticos, antidepresivos, somníferos y relajantes musculares. Estas sustancias ayudan le dan mejor calidad de vida a personas que padecen diferentes trastornos como la epilepsia.

El suministro de esta pastilla debe estar bien indicado, pues la dosis depende del peso del paciente. Por esta razón, este tipo de sustancias solo es recetada previa evaluación médica por parte de especialistas como neurólogos, neuropediatras y psiquiatras.

El consumo de estas pastillas puede causar efectos secundarios en la persona como somnolencia excesiva, descoordinación de movimientos, falta de concentración, mareos y dificultades para ventilar adecuadamente debido a que se relajan los músculos de la respiración. El clonazepam puede ser utilizado en niños, pero la dosis debe ser acorde a la enfermedad, edad y peso.

Es muy importante aclara que suministrarse una dosis no indicada o una sobredosis de estas pastillas podría causar serios efectos en el organismo, hasta la muerte.

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Aarón Aleman dijo que en este caso hay una posible responsabilidad penal de adolescentes, quienes habrían suministrado las pastillas que conllevaron al deceso de la menor de 11 años.

“Las personas involucradas serían estudiantes colegiales mayores de 14 años, quienes habrían suministrado estas pastillas. En virtud al delito de homicidio culposo, en la regulación de responsabilidad penal de adolescentes, les correspondería como sanción una medida socio educativa de internamiento en un centro de diagnóstico y rehabilitación”, detalló.

Asimismo, Aleman precisó que esta medida sería atribuida en caso fuera la primera vez que se practica este reto viral en la institución educativa, ya que en caso se tratara de una práctica reiterada en dicho colegio, la responsabilidad penal se extendería al centro educativo.

“La responsabilidad cambiaría de homicidio culposo a uno doloso debido a que las autoridades educativas cuentan con un deber de garante respecto a los estudiantes y las actividades que realizan al interior del colegio. Este habría sido quebrantado en caso haya existido una implementación de protocolos no efectiva en estos casos, más aún si se comprueba que habrían tenido pleno conocimiento de que se ejecutaban estos actos delictivos en sus propias instalaciones”, destacó.

El letrado añadió que sería grave que pese que existen cámaras en el centro educativo, no se hayan adoptado protocolos para la prevención, control y sanción de estos actos. Dijo, además, que se debe investigar si el colegio dio aviso inmediatamente a las autoridades competentes para que se inicien las acciones legales respectivas y se pueda sancionar penalmente a las personas responsables.

Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, dijo a este Diario que como parte de la labora de esta institución, el día de ayer (martes) se pidió la intervención inmediata de la Policía Nacional y Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. También se ha acudido al hospital Cayetano Heredia para conocer todo lo que aconteció desde la llegada de la menor.

“Con este caso se abre un espectro de problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia, que pueden ponerlas en riesgo o terminar vulnerando sus derechos, como la vida, integridad, salud. Este caso nos deja abierta la reflexión, nos hace recordar el deber del Estado, instituciones, familia y la propia comunidad. El uso indebido de las tecnologías de la información o comunicación ponen en peligro a este grupo etario. Los riesgos como retos virales se tienen que identificar en los instintos espacios como el hogar o la escuela”, mencionó.

Cobeña sostuvo que si no hay un control parental o por parte de las autoridades educativas los niños pueden caer fácilmente en estos riesgos. Mucho pero si a esto se suma la situación de vulnerabilidad de muchos estudiantes por su condición de migrantes, discapacidad, entre otras.

“Hay obligaciones de las autoridades a nivel de Gobierno, pues hace unos años se aprobó una ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación por niños y niñas de adolescentes. Nosotros estamos pidiendo que se active esta comisión responsable y que pueda cumplir sus funciones”, dijo.

Para Cobeña, el hecho de que un menor pueda conseguir medicamentos directamente de una farmacia o tenerlos al alcance en su hogar es un tema que se tendría que ver y servir de alerta. Este y oros detalles, aseguró, se conocerán en la propia investigación que viene desarrollando la Defensoría sobre este caso.

La experta adelantó que hasta el momento se conoce que la institución educativa llamó inmediatamente a la madre de familia y se acudió al primer establecimiento de salud; ya en el lugar se tuvo que transferir a la menor a un hospital de mayor referencia debido a la complejidad del caso. Sin embargo, en el hospital Cayetano Heredia surge un problema, que es que la niña no tenía seguro y se trataba de una migrante venezolana en condición irregular.

“Gracias a un convenio que se tiene entre este hospital y la OIM, esta última asumió los gastos. Eso es lo que nosotros hemos verificado hasta el momento. En cuanto tengamos más información, por supuesto que la vamos a decir y determinar responsabilidades”, puntualizó Cobeña.

A través de un comunicado, la Defensoría brindó más detalles. “Corresponde a las escuelas implementar, mediante el Comité de Gestión del Bienestar, las normas de convivencia escolar, con énfasis en el fortalecimiento de conductas de autocuidado de los estudiantes para garantizar su bienestar y desarrollo integral; es función de las UGEL brindar asesoría al respecto y supervisar su cumplimiento”, se lee.

“De otro lado, recordamos a padres, madres y cuidadores estar alertas ante los riesgos del entorno digital, pero sobre todo es fundamental brindar especial cuidado a la salud mental para promover el rechazo de prácticas que lesionen o pongan en riesgo su integridad. Instamos a las autoridades educativas, en coordinación con las sanitarias, a garantizar la atención oportuna de problemas de salud mental, con especial énfasis en la prevención de conductas que puedan perjudicar su bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, finalizó.