Ni Una Menos: ¿qué pasó con los casos que motivaron la primera marcha?

El 15 de julio de 2016 sentenciaron a prisión suspendida al agresor de Arlette Contreras. El 16, el cadáver de María Elena Chumbimune fue arrojado a una calle de Surquillo. El 18, el hombre que golpeó salvajemente a Lady Guillén se libró de la cárcel. En redes sociales, mujeres de todas partes contaban sus propios episodios de violencia vividos y callados durante años. En julio de 2016, el vaso se colmó y por primera vez miles de personas protestaran en las calles para exigir sanciones drásticas para agresores de mujeres en la primera marcha Ni Una Menos.

Sin embargo, esos no fueron los primeros y tampoco los últimos casos. Según estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo de enero a junio de 2019 se han reportado 84 feminicidios, 204 tentativas, 7.332 mujeres víctimas de violencia sexual y 29.761 de violencia física. 

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Por si fuera poco, horas antes de la primera marcha Ni Una Menos, una encuesta de El Comercio - Ipsos ponía más datos sobre la normalización de la violencia: más de la mitad de encuestados (53%) consideraba que una mujer en minifalda tenía la culpa de ser acosada, para el 37% una mujer que iba sola a una fiesta tenía la culpa de ser violada y para el 76%, una mujer que cometía infidelidad tenía la culpa de ser golpeada. 

Este sábado 17 de agosto será la cuarta edición y esta vez tiene el lema “Mujeres libres de violencia” para denunciar la violencia machista y exigir acciones al Gobierno y Poder Judicial a fin de disminuir los casos de  feminicidios, abusos sexuales y agresiones de género. 

— Lady Guillén —
En junio de 2012, Lady Guillén fue golpeada salvajemente por su conviviente Ronny García en una vivienda de Puente Piedra. Le dieron prisión preventiva pero, pese a las pruebas, en el 2015 lo liberaron por exceso de carcelería. Al año siguiente, un juez dictó que cumpla una pena de cuatro años en libertad.

“Sufrí muchas irregularidades durante cuatro años de proceso judicial, aguantando maltrato e impunidad. Pasé por muchos prejuicios, tuve que aguantar discriminación porque por el hecho de haber sido de la televisión y bailarina no tomaban en serio mi caso. Mi vida no valía nada ante el sistema que me desvalorizaba como persona. A eso sumaban las piedras que me ponían. Por ejemplo, muchas veces tuve que aguantar proposiciones de funcionarios del Poder Judicial para que pueda avanzar mi caso”, cuenta Guillén a El Comercio.

Luego de la marcha y la apelación, el 5 diciembre del 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia de prisión suspendida y le impuso 7 años de cárcel efectiva. Dos semanas después, García fue capturado y desde entonces permanece recluido en el penal de Chincha. En el 2017, su entonces pareja denunció que la golpeó en dicho penal.

Por eso, para Guillén el 13 de agosto de 2016 fue un día histórico que marcó un punto de inflexión para que la sociedad en general le preste atención y deje de ser indolente ante la violencia contra la mujer.

“Creo que hemos avanzado en la visibilización más concreta sobre la violencia. Ahora se ha reforzado la valentía de la mujer para denunciar, reclamar y pedir justicia. Antes no sucedía esto, por vergüenza, por miedo o prejuicio nos aguantábamos y es ahí donde creábamos el refuerzo a los agresores que hacían lo que se daba la gana”, agrega.

— Arlette Contreras —
En el 2015, el video de la agresión de Adriano Pozo a Arlette Contreras dio la vuelta al mundo por la crudeza con que mostraba un caso de violencia contra la mujer. Un año después, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho lo sentenció a un año de pena suspendida por lesiones leves. Con ese fallo, fue liberado tras pasar 11 meses en prisión preventiva.

Después de la polémica, que el caso sea anulado, que vuelva a fojas cero y que sea trasladado a Lima, recién este 2019 Adriano Pozo fue sentenciado a 11 años de prisión por tentativa de feminicidio y se ordenó su captura.

No obstante, sigue prófugo y el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de S/30 mil a quien brinde información que ayude en su captura.

Vale indicar que la Fiscalía ha apelado la sentencia. Luego del fallo, Arlette Contreras se mostró indignada porque la sala lo absolvió de intento de violación sexual. En el video de la agresión, Adriano estaba desnudo y la arrastraba para obligarla a volver al cuarto de hotel donde ocurrieron los hechos.

“Esta es una sentencia a medias que me deja un sinsabor, me pone muy mal y me revictimiza”, dijo entre lágrimas a la prensa tras conocerse la decisión de la sala. Además, cuestionó que la sala afirmara que la agraviada no sufrió una afectación a su proyecto de vida debido a que puede ejercer su profesión (Derecho).

“Ellos dicen que no significa nada estos cuatro años de tortura, exigiendo justicia, padeciendo en el desarrollo del proceso. Esto ha arruinado mi vida durante todos estos años, yo necesito recuperarme y ellos no me lo permiten. Esto es violencia institucional”, enfatizó.

— María Elena Chumbimune —
Entre las miles de personas que participaron en la marcha Ni Una Menos 2016 también estuvo Cirila Anyosa. Llevaba un polo blanco con el rostro de su hija María Elena Chumbimune Anyosa. Un mes antes, la joven de 20 años había sido asesinada por Erick Espinal Hernández, quien arrojó su cuerpo en una calle de Surquillo.

Según sus propias declaraciones, mató a golpes y cuchilladas a la joven porque ella se negó a tener relaciones sexuales. No era la primera vez que se involucraba en un hecho de violencia contra la mujer. Seis meses antes, en febrero de 2016, una compañera de trabajo lo había sido denunciado en la comisaría de San Borja por intento de violación.

En noviembre de 2017, la Cuarta Sala Penal de Lima dictó una medida de seguridad al considerarlo como procesado psiquiátrico por esquizofrenia paranoide. Así, fue internado en un centro psiquiátrico con la posibilidad de ser sometido a evaluaciones periódicas psiquiátricas cada 6 meses.

La parte denunciada apeló la decisión. La fiscalía había solicitado 12 años de prisión. Se espera que el caso llegue a la sala superior correspondiente.

— Tres años desaparecida —
Solsiret Rodríguez Aybar fue una de las participantes de la primera marcha Ni Una Menos. Antes y durante de la masiva movilización, la joven de 23 años, estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, fue una activista integrante del movimiento que exigía una respuesta contundente ante la violencia contra la mujer. Diez días después de la marcha, desapareció.

En el 2016, joven vivía con su expareja Brian Villanueva Castillo y sus hijos en una vivienda del Callao. El 23 de agosto de ese año, salió de su casa y nunca más se la volvió a ver. Ese mismo día, Villanueva acudió a la comisaría para denunciarla por abandono de hogar. Ella no se había llevado ninguna de sus pertenencias. La nota de alerta por su desaparición se emitió la semana siguiente, el 1 de setiembre. 

A poco de cumplirse los tres años de su desaparición, el 7 de julio pasado salió el resultado del levantamiento del secreto de las comunicaciones a los teléfonos de Solsiret y de Brian Villanueva Castillo. Esta información se encuentra en manos de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, a donde el caso fue derivado desde la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para Rosario Aybar, madre de la joven, este cambio permitió que el caso salga del estancamiento en el que estuvo durante demasiado tiempo.

“La anterior fiscal tuvo 11 meses archivado el tema de mi hija. Le supliqué que si mi hija se había ido, que lo demuestre. Ella mandó mi caso a Personas Desaparecidas y ahí también se estancó. Ahora recién está avanzando lo que no se hizo durante dos años”, dijo Aybar a este Diario. Desde enero de este año, el fiscal Jimmy Alexander Mansilla Castañeda está a cargo de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Callao en reemplazo de la fiscal María Magdalena Quicaño Bautista.

Rosario Aybar sostiene que la investigación policial ha determinado que su hija no abandonó el hogar, tal como lo denunció Brian Villanueva Castillo. De hecho, la denuncia hecha por la expareja entorpeció las investigaciones. “Esto ocasionó que salgan las excusas machistas de que mi hija se había ido con otro, de que estaba cansada de cuidar a sus hijos”, agregó en conversación con El Comercio. Sobre este punto, considera importante que el caso haya cambiado de división policial este año: “Como desaparecer no es delito, los operadores de justicia se basan en eso para dejarlo ahí, para que solas se aparezcan.

“Voy a estar en la marcha. Siempre voy porque mi hija estuvo en la primera”, agregó.

— Avances insuficientes —
En la mitad del año, el número de mujeres asesinadas con violencia ha superado el centenar de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo. De esta cifra, 94 ya han sido tipificados como feminicidios.

Para Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, en los últimos tres años ha mejorado el marco normativo para sancionar la violencia contra la mujer, desde la tipificación del acoso sexual como delito hasta el endurecimiento de penas para feminicidas y eliminación de beneficios penitenciaros para los responsables. Sin embargo, la inversión en prevención aún es insuficiente.
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“Desde la marcha hubo avances importantes en las modificaciones legales. Hay normas, protocolos, lineamientos, pero todo esto no encuentra un correlato con la disminución de los casos de violencia. No hay inversión importante en prevención y tampoco hay articulación que permita que todos los sectores de Gobierno puedan responder la problemática de modo coherente”, sostiene.

Por ello, considera que las multitudinarias convocatorias sirven para llamar la atención no solo a las autoridades sino también a la sociedad, porque de esta también depende que no se normalice la violencia.

“Cuanto más empoderemos a las mujeres de que hay vías para poder denunciar, los casos probablemente se disparen, pero si no vamos a trabajar en la prevención y en el cambio de patrones sociales y culturales, esto no va a cambiar”, puntualizó.