Las rejas están colocadas bajo el argumento que evitan el ingreso de protestas a este espacio. (Foto: Renzo Salazar)
Las rejas están colocadas bajo el argumento que evitan el ingreso de protestas a este espacio. (Foto: Renzo Salazar)
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Redacción EC

El Primer Juzgado Constitucional de Lima dispuso este martes, 27 de setiembre, que el Ejecutivo retire las rejas que impiden el acceso a los establecimientos comerciales aledaños a la “por vulnerar el derecho a la libertad individual-libre tránsito”.

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En esa línea, en la , la jueza Miagros Grajeda exhorta al Ejecutivo y al jefe de la Región Policial-Lima abstenerse de colocar rejas de manera permanente, que restrinjan el derecho de libertad de tránsito sin justificación legal ni razonable.

“La magistrada emitió este fallo al declarar fundada una demanda de habeas corpus presentada por el ciudadano Carlos Fernández Vélez en favor de los trabajadores y consumidores de los establecimientos comerciales de los alrededores de la Plaza Mayor”, se lee en una publicación compartida en la cuenta de Twitter.

“Exhórtese a la [parte] demandada que se abstenga de realizar actos similares al presente en el futuro”, se lee en la resolución de la jueza Grajeda.

Como se conoce, el recurso de habeas corpus fue presentado contra el presidente Pedro Castillo, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, y el jefe de la Región Policial Lima, por presuntamente atentar contra el derecho al libre tránsito de los trabajadores y consumidores aledaños a la Plaza Mayor.

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Desde que el jefe de Estado, Pedro Castillo, asumió la presidencia, las rejas impiden el ingreso a sitio histórico bajo el argumento de evitar que las protestas ingresen a este espacio.

Municipio también presentó demanda

El pasado 14 de setiembre, la Municipalidad de Lima presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo, luego de que el Gobierno decidiera colocar rejas a la Plaza Mayor de Lima. Para la comuna metropolitana, esta acción impiden el libre acceso de ciudadanos peruanos y turistas.

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Además, indicó que, el cierre de las calles del Centro Histórico fue dispuesto de manera arbitraria por el Gobierno. “ Transgrede el libre acceso de los vecinos a sus viviendas y de los trabajadores de las instituciones y negocios ubicados en el Centro Histórico, perjudicando el desarrollo económico de esta importante zona de la ciudad”, se lee en el comunicado.

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