Vecinos y transportistas marcharon esta mañana por la Panamericana Norte para demandar la anulación de los contratos de concesión firmados con Rutas de Lima y Lamsac, cuyos peajes suman 18 en la capital. Los manifestantes se concentraron en el óvalo de Puente Piedra, a la altura del kilómetro 30 de la Panamericana Norte, desde las 6:30 a.m. con la intención de llegar al peaje del kilómetro 25.
Una hora después bloquearon la vía con piedras, maderas, muebles viejos, vidrios rotos y basura. El tránsito vehicular fue restringido desde el cruce de la Panamericana Norte con Trapiche hasta el kilómetro 30 de la autopista.
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Un contingente policial frustró el avance de los manifestantes cuando se encontraban a un kilómetro de las garitas de cobro. La PNP llevó una tanqueta para repeler la protesta, que no contaba con garantías de la Onagi. A la zona llegaron también unidades de la Policía Montada y una brigada canina.
Antes de las 11 a.m. el grupo de manifestantes ya se había dispersado. Veinte minutos después el tránsito vehicular se reanudó en la carretera.
—Evaluación de contratos—
La movilización se dio después del anuncio del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, de evaluar los contratos de concesión con Rutas de Lima y Lamsac, firmados durante las ex gestiones de Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán. Los contratos son investigados en marco del caso Lava Jato.
Luego el Concejo Metropolitano acordó exhortar a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de Lima (GPIP) a activar el proceso de evaluación conjunta de los contratos.
En tanto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reveló que, como parte de la renegociación de contratos, se ha planteado la posibilidad de reducir las tarifas de los peajes a las concesionarias Lamsac y Rutas de Lima.
El burgomaestre indicó que este es uno de una serie de pedidos formulados durante las reuniones entre la Municipalidad y los concesionarios, en las que también participa la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
—Los peajes—
En el año 2009, durante la gestión de Luis Castañeda, la Municipalidad de Lima firmó el contrato con OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. Sin embargo, durante la gestión de Susana Villarán se suscribió una adenda y se amplió el periodo a 40 años.
En el 2012, con Villarán como alcaldesa, la Municipalidad de Lima firmó un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, el cual incluía un segundo peaje en Chillón, el mismo que posteriormente fue anulado debido a las protestas de la población en el 2017.
Sobre estos temas, Castañeda también es investigado por el Ministerio Público, pero su caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares a cargo de los fiscales Carlos Puma (por firma de contrato con Lamsac) y Germán Juárez Atoche (por la adenda que eliminaba Río Verde).