Rafael López Aliaga y su estrategia para eliminar peajes: ¿Qué propone el alcalde de Lima?

Este hermetismo dejó de existir luego de que López Aliaga brindara una entrevista en el noticiero 24 Horas, donde expuso una serie de consideraciones y tres posibles salidas para la situación de los peajes. Del mismo modo, rechazó la opción de construir rutas alternas al declarar que la geografía local no lo permitiría. El entrevistado recordó la investigación por corrupción que se ejerce contra la empresa brasilera Odebrecht, a la cual la MML adjudicó inicialmente el contrato.

Sin embargo, uno de los puntos más repetidos por López Aliaga es que si bien se dio el proyecto a Odebrecht, esta vendió parte de las acciones y “endeudó a la concesión Rutas de Lima por 526 millones de dólares con AFPs y compañías de seguros peruanos”, estipuló el alcalde. “En la práctica, Odebrecht no ha puesto un mango en el Perú”, criticó, asegurando que habrían ganado dinero sin una inversión.

Cuando López Aliaga instó a Rutas de Lima a dejar de operar en los múltiples peajes distribuidos en el sur y el norte, se basó en las condiciones legales del contrato. Durante la entrevista, enfatizó en que ya se habrían activado las cláusulas legales que permitiría resolver el contrato, todo esto a pesar del arbitraje internacional que permanece en proceso entre la MML y la empresa.

Adicional a esto, el burgomaestre reveló que se viene reuniendo con un abogado de los Estados Unidos, quien lo estaría asesorando -bajo gastos propios del alcalde- para llevar el caso al Departamento de Justicia de dicho país. Respecto a Brookfield, corporación canadiense que actualmente lleva el contrato adjudicado inicialmente a Odebrecht, el alcalde resaltó que “no está comprendida en el contrato arbitral. Es un tema que tiene complicidad con Odebrecht, el cual ha sido sentenciado en Estados Unidos con 2.600 millones de dólares”.

En segundo lugar, el alcalde informó que actualmente existe un Hábeas Corpus “por violación del derecho de tránsito, educación, discriminación, segregación de los vecinos de Lima y de Puente Piedra”, que se encuentra en el Tribunal Constitucional. Este recurso fue presentado por la Municipalidad de Puente Piedra en el 2020 y llegó al TC en marzo de este año.

Finalmente, la tercera opción que López Aliaga considera en su lucha legal contra las empresas detrás del control de los peajes es por medio del tribunal civil. De tal forma, exhortó al Colegio de Abogados de Lima y a la Defensoría del Pueblo a “pedir la nulidad del acto jurídico”, cosa que no podría ser realizada por la propia MML.

El Comercio conversó con el exregidor Metropolitano Óscar Ángeles, quien mostró su preocupación por los anuncios de López Aliaga a los limeños, pero que no terminan concretándose en acciones. Si bien considera que existen múltiples indicios que respaldan la hipótesis de que los contratos de estos peajes están “manchados de corrupción”, resaltó como inoportunas las acciones mencionadas -mas no concretadas- por el alcalde.

“A mi criterio estos peajes son en extremo beneficios para quienes lo administran y no para los vecinos de Lima. Creo que no sienten que haya obras que finalmente hagan valer su costo”, señaló Ángeles. Asimismo, calificó de “poco probable” que el TC resuelva a favor del hábeas corpus. A pesar de ello, argumentó que “si finalmente la Fiscalía logra [sancionar] a los que estarían involucrados [en los supuestos actos de corrupción], podríamos hablar que el contrato [con Rutas de Lima] se anule”.

Ante esto, el exfuncionario refirió que la propuesta del alcalde sobre la intervención de entidades civiles, como la Defensoría, “podría ser una salida, pero lo cierto es que en algún momento vamos a caer sobre el mismo techo”, haciendo referencia a los constantes y prolongados procesos arbitrales que viene acumulando este caso.

Finalmente, Ángeles mencionó que si López Aliaga tomaba posesión de los peajes el pasado 29 de julio -como lo comentó el propio alcalde- “lo único que iba a conllevar es que le iba a costar una muy probable sanción de muchos millones de soles [a la Municipalidad], que ya está duramente golpeada”. “Creo que la vía es que la Fiscalía pueda continuar con su labor”, concretó.

Previo a la entrevista brindada por Rafael López Aliaga, el exregidor de la Municipalidad de Lima, Jorge Valdez, criticó al alcalde por enfocarse únicamente en la problemática de los peajes. “El alcalde de Lima tiene que entender que el peaje es solo uno de los temas que le debería de preocupar y parece que le da rédito tener este tema en el ojo público [...] en Estados Unidos le van a decir que respete el contrato”, aseguró Valdez. Ángeles también destacó el aparente uso del alcalde de esta problemática para obtener algún rédito político.

Sobre ello, el alcalde metropolitano negó que sus labores se hayan centrado en la búsqueda de una estrategia en contra de Rutas de Lima. Indicó que diariamente despacha con los más de veinte gerentes que lo acompañan en la administración de la comuna capitalina.

Si bien esta decisión viene siendo presentada por López Aliaga desde su paso por los debates de campaña como candidato a la alcaldía de Lima, la medida de culminar el contrato se consolidó el pasado 29 de enero –diez años luego de la firma inicial de la concesión- cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima emprendió el proceso de resolución unilateral. Así, inició la cuenta regresiva por los 180 días de resolución del contrato, que finalizó el pasado 29 de julio.

En enero, el Concejo Metropolitano de Lima resolvió el contrato de concesión por seis motivos: las altas tarifas de peajes, deficiencias contractuales, deficiencias en el servicio, disminución de la velocidad del tránsito, afectación a las familias que viven en alrededores del peaje Chillón y por la aprobación de una adenda y 31 actas privadas que modificaron términos contractuales.

Cabe señalar que la adjudicación del proyecto actualmente es investigada por la fiscalía, pues en la planilla de pagos ilegales de Odebrecht se registraron transferencias por US$711.000 al ‘codinome’ “Budian”, que se refiere a José Miguel Castro, exfuncionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. La tesis fiscal es que el dinero entregado se debió a negociaciones ilícitas por la adjudicación y la primera adenda al contrato del proyecto.

Tras la decisión de la MML, Rutas de Lima elevó el caso al Tribunal Arbitral Ad hoc bajo el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). El citado Tribunal ordenó, el 16 de junio, a la Municipalidad de Lima suspender el proceso de caducidad del contrato con Rutas de Lima, hasta que se resuelva la controversia entre ambas partes.

Diversos especialistas consultados por El Comercio han establecido que la MML está obligada a suspender el proceso de caducidad contractual hasta que culmine el arbitraje. De lo contrario, cualquier resolución que dictamine la finalización del contrato no tendría validez jurídica.