Traficantes de medicinas: el mercado negro se dispara en la pandemia

Fernando recuerda que la primera impresión que tuvo de aquella pareja de esposos que llegaron a Emergencias era que parecía que estaban borrachos. Por cada pregunta que les hacía, las respuestas eran incoherencias. Tenían la mirada perdida, estaban somnolientos y cada tanto se despertaban para vomitar. Fue el hijo quien explicó lo sucedido: su padre había dado positivo por COVID-19 y, como leyó en algún lado sobre las ventajas de tomar ivermectina, decidió automedicarse. Consiguió el producto y se lo aplicó en forma endovenosa creyendo que así le ganaría a la enfermedad. Medio frasco lo usó él y el resto se lo aplicó su pareja.

Fernando, quien trabaja en una clínica en San Isidro, ha atendido a decenas de pacientes con coronavirus desde que empezó la emergencia sanitaria, pero era la primera vez que tenía a dos contagiados con un cuadro adicional de encefalopatía por ivermectina de uso animal. Era fines de mayo y el médico decidió hidratarlos hasta que pudieran recobrar el sentido. Al día siguiente, los esposos fueron dados de alta. El médico cree que lo que jugó a favor de sus pacientes fue que tenían síntomas leves del virus, lo cual es un azar con esta enfermedad que todavía no tiene cura.

El Ministerio de Salud (Minsa) no tiene un registro de personas cuya condición se haya agravado o que hayan fallecido como consecuencia de automedicarse con remedios para tratar el COVID-19. De hecho, la automedicación no es un problema nuevo en el país: en el 2006, el Minsa decía que el 55% de peruanos conseguía medicinas sin recurrir a una recomendación médica previa. Sin embargo, esta situación se ha agravado con la llegada de la pandemia.

Este Diario consultó a médicos de hospitales como el Sabogal y el de la Policía, y señalaron que han atendido a pacientes que se automedicaron ivermectina y azitromicina como medida de precaución sin estar seguros de la procedencia de lo que ingerían.

Varios factores emergen como las principales causas para que esto ocurra: la escasez de medicinas, el alza de los precios y el miedo de contraer el virus en los hospitales, entre otros. Pero hay uno que más ha sacado provecho de esta coyuntura: el despegue del mercado negro.

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Durante tres semanas, un equipo de El Comercio acompañó a los agentes de Seguridad del Estado y Policía Fiscal en diferentes operaciones contra la venta ilegal de medicinas. Solo en esos días, se intervinieron más de treinta boticas y farmacias que compartían algo en común: quedaban cerca de hospitales que atienden a pacientes con COVID-19.

El agente Edin Iberico tiene más de 15 años trabajando en Seguridad del Estado, división que combate los delitos contra la salud pública. En estos últimos meses, ha visto cómo se han multiplicado estas acciones ilegales hasta en un 200%.

El coronel PNP José Gutiérrez Mori, jefe de esa unidad, dice que han intervenido en casi todos los distritos de Lima y se repite un mismo patrón: el vínculo entre la escasez de medicamentos en los hospitales y los puntos de venta ilegal en establecimientos aledaños.

Lo más frecuente con lo que se han topado son productos vencidos, falsos o que llevan el rótulo de “prohibida su venta”, porque pertenecen al Estado. También abundan los laboratorios clandestinos de ivermectina, alcohol y lejía.

El general PNP Edgardo Garrido, director de la Policía Fiscal, destaca otro detonante: la facilidad para conseguir medicinas en las redes sociales. A través de este modo de venta, que no ofrece ninguna garantía de salubridad, se ha detenido a diversos comerciantes cuando estaban entregando los productos por delivery.

Otro factor es la informalidad en las boticas y farmacias. Lo más común que ha visto el coronel PNP Héctor Bernal, jefe de operativos de la Policía Fiscal, son locales que no tienen ningún tipo de autorización para operar y tampoco cuentan con un químico farmacéutico para atender a los clientes.

También está el contrabando: a fines de junio, esta unidad detuvo a dos sujetos que trabajaban para un centro de salud privado que vendía ivermectina de procedencia boliviana sin registro sanitario.

Pero si hay un caso que resume bien el despegue la producción de medicamentos falsos en el país en esta pandemia es el de “Los fármacos”: La División de Estafas a fines de mayo detuvo a siete integrantes de esta banda criminal con más de 40 mil cajas de pastillas. Pero lo más importante es que a la semana siguiente dieron con dos de sus laboratorios clandestinos donde fabricaban, por ejemplo, Paracetamol con harina y azúcar impalpable en una máquina oxidada que hacía cinco mil de estos productos por hora.

Estas medicinas iban a las farmacias y boticas al sur y este de Lima. También al interior del país. La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud analizó estos productos y concluyó la segunda semana de junio que ninguno era apto para consumo humano.

La Digemid señala que en lo que va de la pandemia se han realizado más de 500 intervenciones en todo el país y se han cerrado 75 boticas y farmacias por no cumplir las disposiciones sanitarias.

Marisa Papen, directora ejecutiva de Inspección y Fiscalización de la Digemid, lamenta que el mercado ilegal de medicamentos, que siempre ha existido, se haya activado en esta pandemia y que este haya rebalsado la capacidad operativa que tiene el Estado para combatirlo.

“Se activó en mayor medida [el mercado negro] precisamente por las limitaciones que se han tenido para que la gente pueda adquirir las medicinas”, dice la funcionaria.

Dante Villarroel, presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias, señala que será difícil acabar con el mercado negro si antes no se atacan los problemas de desabastecimiento, el acaparamiento y la desigual competencia entre los negocios pequeños y las cadenas de farmacias que tienen el mayor control del mercado.

“Nosotros cumplimos todos los requisitos para que nos otorguen una licencia de funcionamiento, pero ¿qué pasa con esas boticas que solo abren las noches porque nadie las fiscaliza?, pregunta Villarroel.

Fernando, el médico que prefirió mantener su nombre completo en reserva, ha emprendido una cruzada personal en sus redes sociales contra la automedicación. Sabe que lo que pasó con la pareja de esposos es solo la punta de un iceberg.

Denuncias y condenas

Falsificar medicinas tiene una pena de entre 4 y 10 años de cárcel; comercializarlas, entre 4 y 8 años, de acuerdo con el artículo 294 del Código Penal.

En lo que va del año, el Ministerio Público registra en su base de datos 120 denuncias por estos dos delitos a nivel nacional. En el 2018, los casos fueron de 115. En el 2019, 145.

En cuanto a los condenados, el Poder Judicial reporta cinco personas condenadas por vender y comercializar medicinas hasta marzo del 2020. En el 2018, fueron 94 y en el 2019: 49.