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Quizá el vacío legal más importante de la política de seguridad está referido a cómo deben interactuar los municipios y la policía en el ámbito local. Se trata de favorecer la cooperación entre dos instituciones que, con frecuencia, duplican esfuerzos y se ignoran olímpicamente. ¿Cómo hacerlo?
La Constitución establece que los municipios brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la policía, de acuerdo a ley. Aunque el texto tiene 22 años de vigencia, todavía esperamos su norma de desarrollo constitucional. La delegación de facultades legislativas es una oportunidad para llenar el vacío.
Como lo recordó el periodista Fernando Alayo ayer en este Diario, en octubre del 2014 la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó el proyecto de ley presentado por el congresista Víctor Isla en abril del 2013. Para llegar al pleno debe pasar por la Comisión de Defensa y Orden Interno. El Ejecutivo podría hacer suyo este proyecto y promulgarlo sin pérdida de tiempo; de lo contrario, quedaría en manos del Congreso hacerlo.
El proyecto recoge una propuesta de Ciudad Nuestra del 2011, cuyos antecedentes se remontan al 2008, cuando un grupo de alcaldes de Lima y Callao presentaron una iniciativa legislativa que no prosperó. Sus lineamientos coinciden con la agenda de trabajo planteada por los alcaldes al ministro del Interior el 25 de junio último en la Municipalidad de Miraflores. ¿En qué consisten?
Para que sea posible la cooperación, la policía debe adecuar sus jurisdicciones a la organización política del país y a la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, así como nombrar un mando único en cada una de ellas, con manejo de todos los recursos institucionales. Así, la policía podrá contar con una efectiva contraparte del alcalde.
En la actualidad, en Lima, por ejemplo, muchas jurisdicciones policiales y municipales no coinciden; normalmente existen varios comisarios por distrito, cada uno autónomo; y los patrulleros inteligentes, las motocicletas, las divisiones de investigación criminal y los efectivos que hacen patrullaje a pie no son controlados por los comisarios, sino por jefaturas policiales intermedias que no le responden a ninguna autoridad política electa y cuyas prioridades, con frecuencia, no son las de los ciudadanos.
El actual sistema dificulta la cooperación, favorece la corrupción y el mal uso de los recursos policiales, y está reñido con la rendición de cuentas, porque nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los recursos de la policía en el distrito y a qué se dedican.
La propia policía debería ser la más interesada en superar el actual desorden. Solo así será posible involucrar todos sus recursos y los de los municipios al servicio de planes distritales de vigilancia y patrullaje integrados, bajo la conducción política del alcalde, y la operativa del mando único policial.
Finalmente, para que la cooperación se haga efectiva, se requiere que los alcaldes evalúen el desempeño de los jefes policiales y puedan solicitar su remoción en casos de ineficiencia o corrupción.
