En medio del calor tropical de Florida, esta semana se respira algo más que humedad: temor. Las autoridades migratorias, en colaboración con la policía estatal, lanzaron un operativo sin precedentes para detener a unos 800 indocumentados que residen en el estado. Desde el lunes y hasta el sábado, las redadas se extienden como una red invisible por ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville. La noticia, reportada por el periódico Miami Herald, encendió alarmas en comunidades que ya vivían bajo la incertidumbre.
Este operativo marca un giro significativo en el enfoque migratorio de Florida. Por primera vez, agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) trabajan codo a codo con la policía estatal en un esfuerzo coordinado. La misión: localizar y detener a personas con órdenes finales de deportación o historial delictivo. Sin embargo, en la práctica, las consecuencias de esta cacería parecen mucho más amplias y ambiguas.
Las redadas se estarían realizando en los condados de Miami-Dade y Broward, y en las ciudades de Tampa, Orlando, Jacksonville, Stuart, Tallahassee y Fort Myers (Foto: AFP)
LEYES ESTATALES EN CONTRA DE LOS INMIGRANTES
Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, adoptó una postura frontal a favor de la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. En febrero, DeSantis firmó dos leyes estatales que refuerzan la mano dura contra los inmigrantes indocumentados. Estas normas no solo permiten a la policía estatal cuestionar el estatus migratorio de cualquier residente, sino que también endurecen las penas para quienes cometen delitos.
Pero lo que para algunos representa un avance en seguridad, para otros es un retroceso en derechos humanos. Diversas organizaciones han criticado el carácter discriminatorio de estas medidas, advirtiendo que fomentan el perfilamiento racial y la persecución basada en apariencias, acentos o supuestos. El operativo, aseguran, no distingue entre culpables e inocentes cuando todos pueden parecer sospechosos.
Florida ha dado a su policía poder para cuestionar el estatus legal de los residentes (Foto: AP)
EL CASO QUE HA GENERADO PREOCUPACIÓN
Juan Carlos López Gómez, un ciudadano estadounidense de 20 años, fue detenido la semana pasada por un agente de la Patrulla de Caminos bajo la presunción de ser indocumentado. Su único “delito”: tener rasgos latinos y viajar como pasajero en un auto con placas de Georgia. Solo fue liberado cuando su madre presentó su certificado de nacimiento ante un juez.
Historias como la de López Gómez ilustran los peligros de políticas migratorias que convierten en sospechosos a quienes simplemente existen. En lugar de centrarse exclusivamente en quienes representan un riesgo real para la sociedad, estas medidas parecen criminalizar la identidad y la procedencia. Y en ese proceso, erosionan la confianza entre la población y las autoridades.
Mientras tanto, el miedo se propaga por las comunidades inmigrantes como un virus silencioso. Padres dejan de llevar a sus hijos a la escuela, trabajadores evitan salir a la calle, y las iglesias y organizaciones de apoyo se convierten en refugios improvisados. Las consecuencias no son solo legales, sino humanas: familias separadas, sueños truncados, y una constante sensación de estar bajo amenaza.
