
Una jueza federal bloqueó la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos. La jueza de distrito Indira Talwani, quien ejerce en Boston, determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no debía proceder con la medida que recortaba el período de libertad condicional otorgado a estos migrantes, que originalmente fue concedido bajo la administración de Joe Biden.
La medida del DHS, anunciada en un aviso del Registro Federal el mes pasado, buscaba reducir el tiempo de libertad condicional de dos años para algunos de los migrantes que se encontraban en el país bajo ese estatus. Esta acción se interpretó como una extensión de las políticas de endurecimiento de la inmigración impulsadas por el presidente Trump, quien ha buscado limitar la entrada de migrantes y aumentar las medidas de deportación acelerada.

¿Por qué la jueza bloqueó la medida del gobierno de Trump?
La jueza Talwani argumentó que la decisión del gobierno se basaba en una interpretación errónea de la ley que rige el proceso de inmigración. Según la jueza, la ley está enfocada en aquellos que cruzan ilegalmente la frontera, no en personas a las que se les otorgó un permiso para ingresar al país bajo la concesión de libertad condicional, como era el caso de los migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El gobierno de Trump había planeado que unas 450.000 personas se enfrentaran a una posible deportación acelerada a partir del 24 de abril. Sin embargo, Talwani expresó que esto no se ajustaba a las disposiciones legales, que priorizan la expulsión de quienes cruzan la frontera de manera ilegal, y no de aquellos que siguieron los procedimientos establecidos para ingresar al país de manera temporal.
¿Qué implicaciones tendrá esta decisión para los migrantes?
Laura Flores-Perilla, abogada del grupo de derechos de los inmigrantes Justice Action Center, celebró la decisión del juez y resaltó que la medida había puesto en peligro las vidas de miles de personas. “Hay mucho en juego. Son vidas humanas las que están en juego”, comentó Flores-Perilla, quien además subrayó la urgencia de la situación para los migrantes afectados.
La administración de Biden había implementado los programas de libertad condicional para permitir la entrada al país de migrantes de varios países afectados por crisis humanitarias y políticas, como Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Estos programas, que fueron ampliados en 2023, habían sido fundamentales para proporcionar un refugio a miles de personas que huían de la violencia y la persecución en sus países de origen.

En respuesta a la medida bloqueada, Brian Ward, abogado del Departamento de Justicia, defendió que los programas de libertad condicional siempre habían sido discrecionales y que no existía una obligación para la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar el estatus de los migrantes de forma individualizada. Sin embargo, Talwani expresó que la justificación para la revocación de estatus legal a los migrantes que ya estaban en el país no tenía base legal sólida y aseguró que trabajaría para obtener una orden urgente que detenga esta medida.











