
El gobierno del alcalde de Nueva York, Eric Adams, permitió que las autoridades federales de inmigración operen en la isla Rikers Island, la cárcel más grande de la ciudad. A través de una orden ejecutiva firmada el martes, Adams autorizó a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a establecer una oficina en el complejo carcelario, con el objetivo de colaborar en investigaciones criminales relacionadas con pandillas, tráfico de drogas y otros crímenes dentro de las instalaciones.
El regreso de ICE a Rikers Island
Este regreso de ICE a Rikers Island se produce tras una década de ausencia, que fue el resultado de la implementación de la ley de santuario de la ciudad, promulgada en 2014, que prohibió las operaciones de ICE en las cárceles de Nueva York. Durante años, la presencia de ICE en Rikers se limitaba a facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados detenidos en la cárcel. Sin embargo, la nueva orden del alcalde Adams autoriza a ICE a retomar operaciones, aunque esta vez con un enfoque específico en investigaciones relacionadas con el crimen transnacional y las bandas violentas, así como en el tráfico de drogas.
Además de ICE, otras agencias federales como el FBI, la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. también podrán operar dentro de las instalaciones de Rikers para colaborar en investigaciones sobre crimen organizado y tráfico de drogas. La medida ha sido vista por el vicealcalde Randy Mastro como una forma de fortalecer la seguridad pública y la lucha contra las pandillas en el sistema penitenciario de la ciudad.

Críticas y preocupaciones sobre la medida
La decisión de permitir que ICE opere en Rikers Island generó fuertes críticas de grupos de derechos de los inmigrantes y algunos sectores políticos. La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, calificó la orden ejecutiva como parte de una serie de “eventos preocupantes” relacionados con la retirada de los cargos de corrupción contra el alcalde Eric Adams. La eliminación de estos cargos se produjo en un contexto donde el alcalde ha mostrado disposición para colaborar con las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, particularmente en lo referente a la inmigración ilegal.

Adrienne Adams, quien también es candidata a la alcaldía, expresó su preocupación de que esta medida sea un reflejo de la disposición del alcalde a apoyar la agenda de deportación del expresidente Trump, una política que ha sido criticada por su enfoque agresivo y por vulnerar el debido proceso. “Es difícil no ver esta acción como un vínculo con la desestimación de su caso y su apoyo a la agenda de deportación extrema”, afirmó.
Por su parte, el Concejo Municipal está evaluando la legalidad de la orden ejecutiva, ya que podría contravenir la ley de santuario de la ciudad, que prohíbe la cooperación de los recursos locales con la aplicación de la ley federal de inmigración.











