
Los impuestos a la propiedad en Florida se han convertido en una de las mayores fuentes de malestar entre los residentes. En un estado donde el crecimiento inmobiliario no se detiene, el aumento constante de los tributos locales ha despertado un reclamo cada vez más fuerte. En respuesta, el gobernador Ron DeSantis y el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, han decidido pasar a la acción con un paquete de ocho proyectos de ley que buscan modificar profundamente la estructura fiscal del estado.
El anuncio, realizado esta semana en Tallahassee, marca uno de los movimientos políticos más ambiciosos del año. Las medidas no se votarán en el Congreso, sino directamente en las urnas durante las elecciones generales de 2026, dando así a los votantes el poder de decidir el futuro del sistema tributario.
Según DeSantis, el objetivo es claro: “los impuestos a la propiedad son una carga injusta para las familias trabajadoras”, y su intención es eliminarlos por completo para quienes posean su vivienda principal.

¿QUÉ PROPONE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES EN FLORIDA?
El plan contempla desde la reducción progresiva de tributos locales hasta la ampliación de exenciones para adultos mayores y familias con seguros de vivienda.
En esencia, las propuestas buscan disminuir o suprimir los impuestos locales no destinados a educación, concentrándose en los propietarios que cuentan con una homestead exemption, es decir, una exención por vivienda habitual.
Estas son las iniciativas más destacadas:
- HB 201: eliminar todos los impuestos a la propiedad no escolares a partir de 2027.
- HB 205: eximiría totalmente del pago a los residentes mayores de 65 años que sean propietarios de su vivienda.
- HB 207: busca aumentar la exención hasta el 25% del valor tasado de la propiedad.
- HB 209: ampliaría la exención en 100.000 dólares para quienes tengan seguro de vivienda.
- HB 213: plantea una reducción gradual de los topes al crecimiento del valor fiscal de los inmuebles.

LA PROPUESTA NO SOLO TIENE UN COMPONENTE ECONÓMICO, SINO TAMBIÉN DEMOCRÁTICO
“El objetivo es darle la voz al contribuyente”, explicó Daniel Pérez en un memorando emitido el 16 de octubre, en el que insistió en que “si confiamos en los votantes para elegirnos, debemos confiar en ellos para decidir sobre los impuestos que pagan”. El legislador ha hecho de esta consigna un eje central de su mensaje político de cara a las próximas elecciones estatales.
El economista Ed Moore, del James Madison Institute, considera que el paquete fiscal representa una “apuesta electoral y económica a largo plazo”. En declaraciones a USA Today Network, advirtió que, si bien “los beneficios serían visibles en los próximos dos años”, también podría sentirse un impacto en el mantenimiento de servicios públicos, que dependen en gran parte de los ingresos por impuestos a la propiedad.
Por el momento, el Senado estatal, presidido por Ben Albritton, no ha emitido una posición oficial. Sin embargo, fuentes legislativas anticipan un debate intenso en enero de 2026, cuando las comisiones inicien la revisión formal de las medidas. Para que los proyectos lleguen a la boleta electoral, deberán obtener el apoyo del 60 % de los legisladores en ambas cámaras, y posteriormente ser ratificados por el mismo porcentaje de los votantes.
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