Una mujer en Los Ángeles fue acusada de fingir su propio secuestro a manos de agentes migratorios para obtener dinero y atención mediática. Se trata de Yuriana Julia Peláez Calderón, ciudadana mexicana de 41 años, quien enfrenta cargos federales por conspiración y declaraciones falsas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El caso generó conmoción después de que la familia y el abogado de Peláez convocaran una rueda de prensa el 30 de junio, asegurando que ella había sido secuestrada cinco días antes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La versión incluía un supuesto traslado forzoso hacia la frontera con México, amenazas para firmar una deportación y un posterior “castigo” en una bodega secreta.
Yuriana Julia Peláez Calderón fue acusada de fingir un secuestro por ICE en Los Ángeles para recaudar donaciones a través de GoFundMe. (Foto: Difusión)
¿Cómo se descubrió que era un engaño?
El 3 de julio, ICE confirmó que no tenía bajo custodia a Peláez Calderón, lo que despertó alertas. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició una búsqueda y el 5 de julio la localizó en un centro comercial de Bakersfield, a más de 200 kilómetros del lugar donde supuestamente había desaparecido.
Durante su detención, la mujer insistió en la versión del secuestro, asegurando haber sido retenida por hombres enmascarados. No obstante, videos de vigilancia y registros telefónicos demostraron que había abandonado el estacionamiento del restaurante por su cuenta y subido a un vehículo particular.
¿Para qué habría inventado el secuestro?
La hija de Peláez lanzó una campaña en GoFundMe solicitando 4.500 dólares con la historia del supuesto secuestro, indicando que su madre había sido interceptada por hombres sin identificar mientras se dirigía al trabajo. Además, las autoridades indicaron que la familia planeaba una segunda rueda de prensa para el 6 de julio, buscando aumentar las donaciones y aprovechar la cobertura mediática.
El agente especial del ICE en Los Ángeles, Eddy Wang, calificó el caso como una pérdida grave de recursos públicos: “Desviar recursos cruciales de las fuerzas del orden es irresponsable y pone en peligro a la comunidad”, afirmó.
Peláez Calderón permanece actualmente bajo custodia de autoridades migratorias. Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión por cada cargo federal.
