Álvaro Uribe: “Así como la protesta social es espontánea, la violencia es orquestada y premeditada en Colombia” | ENTREVISTA

Si bien se han registrado marchas pacíficas en distintas ciudades del país, acompañadas de cantos, bailes y miles de manifestantes que tomaron las calles de Bogotá, Cali o Bucaramanga, no han sido pocos los serios enfrentamientos entre fuerzas de seguridad públicas y los participantes.

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La ONU, la Unión Europea y la OEA han condenado el accionar policial contra los manifestantes, calificándolo de represivo y excesivo. Por su parte, los partidarios del Gobierno han respondido asegurando que la violencia fue iniciada por los manifestantes y por elementos infiltrados en las marchas que buscan aprovecharse para desestabilizar al país.

Este último argumento es sustentado por Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) y mentor del actual gobernante Iván Duque, quien brindó una entrevista a El Comercio en la que expone los factores que considera llevaron al país a este complicado momento, señala responsables -tanto nacionales como internacionales- y plantea posibles salidas a la crisis.

—¿Cómo llegó el país al momento que se vive hoy en día?

Es un momento difícil de la democracia colombiana. Voy a hacerle una breve historia: la pobreza en Colombia bajó del 52% al 27% del 2001 al 2013, cuando los acuerdos de La Habana la frenaron. El presidente Duque llega en el 2018 y la encuentra congelada desde el 2013, la economía estaba en un punto muy bajo, mediante sus reformas Colombia mejoró mucho. Tuvimos un buen 2019, enero y febrero del 2020 muy buenos, vino la pandemia y todo se afectó. La pobreza subió al 42,5%, eso es un tema muy preocupante. El Gobierno hizo muchos esfuerzos para atender socialmente la pandemia, el país pasó de 5.700 camas UCI a 12 mil, estamos en el país donde los ciudadanos con menos dinero de su bolsillo deben gastar para atender la pandemia. ¿Es suficiente? No. El esfuerzo ha sido muy grande pero la pandemia ha traído un problema muy grande. El Gobierno tiene limitaciones fiscales muy severas en control de un endeudamiento muy alto. Propuso una reforma tributaria necesaria, pero en mi concepto tardía y equivocada, y lo digo como persona del partido de gobierno que apoya al presidente Duque. Hubo protestas espontáneas contra la reforma tributaria y por esta inconformidad por la pobreza, eso se puede resolver. Acá están construyendo los jóvenes un programa de respuesta muy importante, con una reforma tributaria (para) que paguen los sectores más pudientes del país para atender los problemas sociales más urgentes como subsidiar la seguridad social y la universidad social gratuita para los tres niveles de más bajo ingreso en la población. La protesta social es válida y en este país siempre se la ha respetado. Pero al país le sorprende dos cosas. Así como la protesta social es espontánea, la violencia es orquestada y premeditada. Esa violencia viene de tiempo atrás, ya se había expresado en el 2019 y ahora con mayor intensidad.

—Colombia es considerado el país más desigual de la región según el Índice de Desarrollo Regional de América Latina, ¿eso no indica que las cosas no se han hecho tan bien como menciona?

Entre los años 2001 y 2013 la pobreza bajó del 52% al 27%, los peores momentos de pobreza han coincidido con los momentos de mayor violencia. Aquí tenemos dos realidades. Donde hay industria, agroindustria y turismo, hay empleo formal, equidad distributiva y mejoramiento del nivel de vida. Donde la violencia no ha dejado llegar a la empresa privada, hay una pobreza extrema que se ha agudizado con la pandemia. Por eso hay que enfrentar a la violencia y dar soluciones sociales. Para nuestro partido es muy importante que haya empresa privada y política social de forma simultánea, se ha probado que donde eso opera se resuelven los problemas sociales.

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—Durante su presidencia se produjo una gran protesta de la minga indígena, ¿qué acercamiento hubo con las comunidades indígenas en ese momento?

Comunidades indígenas hay muchas. Está el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que infortunadamente tiene a algunos actores muy violentos que no representan a todos los indígenas de Colombia. El país tiene a unos indígenas sumamente constructivos, viven bajo sus costumbres y construyen patria todos los días. Estos señores del CRIC en su mayoría son muy violentos. En mi gobierno se les permitió la protesta pero nunca la violencia, eso es muy claro y el país lo recuerda. Nosotros tuvimos logros sociales muy importantes, conseguimos la plena cobertura de salud, se avanzó muchísimo pero no se permitió la violencia. Desafortunadamente hoy también hay una mezcla en el territorio donde está el CRIC con el narcotráfico. Con 150 mil hectáreas de narcotráfico que tiene Colombia actualmente es muy difícil garantizar la seguridad, eso sí que ha sido un factor que ha impedido el desarrollo de la economía y sin eso la desigualdad no se reduce. En el 2013 Colombia había reducido al narcotráfico a 41 mil hectáreas, un récord por lo bajo, en eso había incidido la fumigación, la erradicación manual y los programas sociales, pero con los anuncios de La Habana de que para las FARC el narcotráfico sería delito político, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política y que la erradicación sería voluntaria se pasa a 209 mil hectáreas (de sembríos ilícitos) que recibe el presidente Duque. Uno de los epicentros es donde está el CRIC. Mi respeto a todos los indígenas colombianos, pero mi desacuerdo con el CRIC porque tiene unos actores muy violentos, pese a que han sido muy favorecidos por el Gobierno. En el presupuesto de desarrollo agropecuario de Colombia de este año, el 50% es para el CRIC. Me parece que es muy injusto cómo vienen a Cali, ejercen el derecho de la libre locomoción y empiezan a obstaculizar, ejercer violencia, afectar el derecho de los caleños a vivir tranquilos. Son abusos muy grandes. Ninguna condición étnica te da derecho a la violencia.

—¿Considera que hay infiltrados en las movilizaciones?

De un lado hay colombianos que protestan espontáneamente, ahí hubo muchos del partido nuestro porque se ha agravado la pobreza, por la pandemia y por la reforma tributaria que ya retiró el Gobierno y ha garantizado sustituirla. Por otro lado, hay actores violentos, el ELN, los disidentes de las FARC, el narcotráfico y grupos extremistas que a través de la violencia quieren buscar resultados electorales para el año 2022. Lo menos que debería haber es plata extranjera, porque acá la violencia no la necesita, es suficiente con el narcotráfico. Pero este movimiento violento obedece también a un formato internacional, a un designio del foro de Sao Paulo, a una orden pública no soterrada y a plena voz de la dictadura de Maduro, aquí a través de la combinación de las formas de lucha, de la política de los extremistas y la violencia que ha aprovechado la justa protesta quieren producir un resultado el año entrante. A quienes bloquean se les pide que dejen pasar el alimento de las aves, el medicamento para un hospital, a los ciudadanos que atienden industrias y dicen que no, que quieren que los colombianos sientan hambre para que renuncie el presidente Duque o convertirlo en un títere hasta las elecciones. Por eso nosotros decimos: a los problemas sociales, soluciones sociales, que se han venido proponiendo y queremos sacar adelante, pero así también se necesita autoridad firme, democrática, a través de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la Constitución para contrarrestar la violencia y se suspendan los bloqueos.

—¿Hay forma de demostrar que hay elementos infiltrados en las protestas?

La participación de los grupos violentos es evidente, ellos la han ratificado. Puede ver los videos de ellos e informes de entidades independientes de la justicia en Colombia.

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—El llamado que hizo a la fuerza del orden ha generado una gran polémica, incluso en su cuenta de Twitter.

En un país democrático no tenemos algo distinto para defender a los ciudadanos, a los bienes públicos y privados, que la policía y las Fuerzas Armadas. Mi llamado siempre es a que lo hagan dentro de la Constitución, con la observancia rigurosa de los derechos humanos y a que se le respeten. El miércoles se hablaba de una manifestación pacífica en Bogotá y terminó con la destrucción de un puesto policial y con agentes a los que les arrojaron ácido. Un policía asesinado causa tanto dolor a su familia como la que causa un civil asesinado. Este país, en el gobierno que presidí, superó la justicia privada, el paramilitarismo, pero hoy hay peligros. Lo que pasó en Cali ilustra, cuando llegaron sectores infortunadamente indígenas, otros sectores vandálicos, empezaron a atropellar a ciudadanos de Cali, no llegaba la policía a protegerlos y terminaron disparando. Uno podría sugerir que fueron casos de legítima defensa, pero en una sociedad democrática la legítima defensa debe ser excepcional. Si los ciudadanos no tenemos a la fuerza pública que nos proteja, el país puede regresar a un estado muy horrible y rechazable, al de la justicia privada y el paramilitarismo. Ahora nosotros apoyamos a la fuerza pública, pero les pedimos cero desmanes, cero intervención en la corrupción y cero intervención en el narcotráfico.

—En Cali los civiles utilizaron armas de largo alcance y fueron resguardados por la policía, ¿no le parece a usted sospechoso?

Lo que yo he visto en Cali, no sé concretamente con qué tipo de arma dispararon, pero dispararon porque empezaron a agredirlos entrando a una urbanización, eso es muy grave. Y no llegaba la policía. Uno advierte que para que esos hechos no se sucedan y no se acuda a las organizaciones privadas de defensa que terminan en violación de derechos humanos se necesita la atención oportuna de las fuerzas armadas.

—Se ha detenido al menos a dos policías infiltrados en las marchas, distintos organismos han condenado la represión policial, el informe de la Fiscalía ha confirmado que 3 de las 4 muertes investigadas en las marchas han sido producidas por la policía. ¿No es urgente una reforma de la institución o al menos una autocrítica desde el Gobierno?

Aquí no se permite la impunidad de la fuerza pública. Hay más de 700 policías heridos en este proceso, destruidas muchas instalaciones de la policía, a muchos les han arrojado ácido, destruyeron un hotel donde se alojaban para descansar policías desarmados. Colombia ha afectado injustamente a la fuerza pública. Vemos que la fuerza pública está desmoralizada. Las Fuerzas Armadas de Colombia han constituido fuerzas democráticas, nunca al servicio de las dictaduras a diferencia de muchos países de América Latina, y sus integrantes han sido severamente castigados cuando violaron las leyes. El gobierno anterior puso de igual a igual a la fuerza pública con el terrorismo. Gravísimo. Se creó una justicia especial impuesta por el grupo terrorista FARC, una justicia política, ideologizada, manifiestamente opuesta a las fuerzas de Colombia. Nuestro Gobierno propuso reformar esa justicia y se olvidó del tema. Desde el gobierno anterior viene una narrativa de anular la acción institucional de las Fuerzas Armadas. Esa narrativa no se ha corregido. Aquí las Fuerzas Armadas dicen todo lo contrario a lo que usted menciona, llaman para decir que no pueden salir porque los matan, no pueden hacer nada para proteger a los ciudadanos. Pedimos que se devuelva la moral a la fuerza pública, es lo único que tenemos, y que, por supuesto, actúen con la observancia rigurosa de los derechos humanos. Mientras los sectores extremistas descalifican a la fuerza pública, la acusan ante el extranjero y presentan la imagen de que hay violencia oficial, atentan permanentemente contra la fuerza pública como hemos visto en este momento.

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—Esperemos que no solo se investigue sino que se procese…

Nunca han dejado de procesarlos, se ha transmitido una falsa imagen al extranjero. Hay una propaganda de lo que llamo la diplomacia paralela, de las FARC y la extrema izquierda, que desfigura la realidad colombiana. Se necesita que el Gobierno, las ONG y la academia le cuenten al mundo en un balance imparcial lo que ha ocurrido. Y yo reclamo que así como respetamos la protesta social, pedimos autoridad frente al vandalismo. Quieren destruir esta democracia y no lo vamos a permitir.

—Se ha criticado mucho la poca capacidad de diálogo del presidente Duque, una protesta siempre muestra que se ha fallado en la comunicación. ¿En qué debe mejorar el Gobierno?

Al presidente Duque lo amenazaron de esto (protestas sociales) desde antes de tomar posesión del cargo, y pese a ello ha mantenido un diálogo con el país en todo momento. El problema que sí tenemos es uno de agudización de la pobreza por la pandemia, eso causa inconformidad y a pesar de que el Gobierno ha hecho cosas buenas necesita recursos para hacer mucho más como lo hemos venido pidiendo. El presidente tiene un diálogo hoy con los jóvenes, hay que buscarle una respuesta a su inconformidad. Pero, por ejemplo, al inicio del gobierno subió el presupuesto educativo en un 30%, hay sectores con los que se puede dialogar pero hay otros violentos del paro que no quieren el diálogo sino que buscan una negociación para imponerle una camisa de fuerza al Gobierno. Hoy se levanta un bloqueo violento y mañana hacen otro, la permisividad con la violencia generará más y más violencia. Que se oiga a los profesores, estudiantes, empresarios, a todas las comunidades pero no se puede negociar la violencia con sus promotores.

—¿Cómo cree usted que podría salir Colombia de esta situación?

Primero se necesita de manera urgente complementar la política social del gobierno: universidad gratuita para los sectores de menos ingresos, fomentar la creación de 500 mil empleos para los jóvenes, el gobierno ayudando con el costo de la seguridad social. Hay que buscar los recursos, el Congreso debe tramitar urgente una reforma tributaria simple, ojalá transitoria, para que los sectores más pudientes paguen para atender esta problemática social. Frente a los bloqueos y la violencia, acción contundente y sostenida de las Fuerzas Armadas para proteger a la ciudadanía y los bienes dentro de la Constitución, con la observancia rigurosa de los derechos humanos.

—Un año y pico le queda al presidente en el cargo, ¿es suficiente tiempo para aplicar todo lo que menciona?

El tiempo es estrecho pero tiene que hacerlo, debe tomar decisiones más oportunas con más velocidad.

—Vi su entrevista con CNN, me llamó la atención lo que mencionó sobre Amnistía Internacional, ¿fue propio de la calentura del momento o sinceramente cree que la organización no tiene idea de lo que pasa en Colombia?

No, yo creo que esas ONG en muchas ocasiones han sido sesgadas contra Colombia, contra las instituciones y las fuerzas armadas. Ojalá superaran ese sesgo.

—Finalmente, apunta a Venezuela como el agente detrás de esto, ¿por qué?

Claro que lo es, está metido el foro de Sao Paulo. Pero empecemos por lo interno. En Colombia hay sectores muy comprometidos con la destrucción de la democracia desde hace años. Cuando era joven, los grupos de izquierda se dividían en la universidad porque unos querían la lucha armada y otros la electoral. Hoy hay una combinación nítida de formas de lucha, los promotores de la violencia son promotores de resultados electorales el año entrante apoyados por el narcotráfico. Por supuesto tiene elementos del formato internacional, en el 2019 irrumpieron y afectaron, ahora mostraron mayor escalamiento de la violencia. Abiertamente pueden verlo, la tiranía de Venezuela estimula toda esta acción vandálica contra la democracia colombiana.

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