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El presidente de Argentina, Mauricio Macri sufrió este jueves un revés de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó retrotraer el brusco ajuste en la tarifa de gas defendido por el gobierno con uñas y dientes para bajar el alto déficit fiscal.
En un fallo unánime, el alto tribunal ordenó celebrar audiencias públicas con la participación de consumidores, un trámite que el gobierno de centroderecha se había salteado para aplicar aumentos de electricidad, gas, agua y transporte desde 200% y hasta 2.000%. Esos aumentos atizaron una inflación que ya supera el 40% anual.
"Las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan", especifica la Corte en el texto, difundido por el Centro de Información Judicial.
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La suspensión del aumento alcanza solo a los usuarios residenciales, y deja por fuera a comercios y pequeñas y medianas empresas, que con aumentos de 500% en las facturas de gas, aspiraban también a una revisión.
La Corte le recordó al gobierno de Argentina "que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública es de cumplimiento obligatorio" y recordó al Congreso "la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación", vacante hace años.
El fallo supone un durísimo golpe para el gobierno de Macri, que esperaba una decisión que diera respaldo político a los aumentos en todos los servicios públicos, decididos bajo el argumento de que las tarifas estaban retrasadas por las políticas de subsidios de la gestión kirchnerista (2003-2015).
"El fundamento es el artículo 42 de la Constitución que prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos, la democracia republicana, el derecho a la información", recordaron hoy los ministros de la Corte en el fallo.
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Además, el máximo tribunal señala que la propia Constitución reconoce "hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo" y por ello tiene que haber una "protección enfocada en la calidad de bienes y servicios" pero también en la "preservación de la salud y seguridad" y el "trato equitativo y digno".
Dentro de ello, destacan la importancia de los derechos de "participación" de los usuarios en materia de control de los servicios públicos.
El gobierno de Mauricio Macri basó las subidas del gas en la necesidad de paliar las deficiencias del sistema energético y de actualizar los precios tras los doce años de gobiernos kirchneristas.
Junto al gas, el Ejecutivo también dispuso fuertes aumentos para otros servicios, como el agua y la luz, en la primera parte del año, en medio de una fuerte escalada inflacionaria.
Los incrementos generaron un gran descontento social y se iniciaron reclamos judiciales en distintos puntos del país.
Ante ello, el gobierno pidió a la Corte que analizara la validez de los aumentos para tener una decisión en firme a nivel nacional.
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Fuente: EFE/AFP
