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La Fiscalía de Brasil presentó el miércoles cargos por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, en una investigación sobre la propiedad de un apartamento en la playa que los fiscales le atribuyen y que el ex gobernante niega poseer.
Es la primera vez que Lula da Silva, quien sigue siendo el político más popular de Brasil pese a las acusaciones de corrupción contra el Partido de los Trabajadores, es acusado directamente por los fiscales federales en relación a su presunta participación en el esquema de sobornos en la petrolera controlada por el Estado.
La acusación se extiende al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, informaron los fiscales responsables por el caso en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba, en donde están centradas las investigaciones sobre el gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras.
Igualmente fueron presentados cargos contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el ex presidente y un ingeniero de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal de Brasil.
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De acuerdo con la acusación, la OAS gastó 1,1 millones de reales (unos 333.000 dólares) en reformar y amueblar un apartamento en Guarujá que sería para uso de la familia Lula da Silva, pese a que su nombre no aparece en los papeles de propiedad.
Los fiscales también acusaron a la OAS de haber pagado 1,3 millones de reales (unos 393.940 dólares) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011 y 2016 los regalos que recibió cuando era presidente de Brasil.
De acuerdo con Fiscalía, sumados los gastos con el alquiler del depósito y las reformas del apartamento de playa, Lula da Silva recibió cerca de 2,4 millones de reales (unos 727.272 dólares) en ventajas indebidas de la OAS.
Además de los testimonios de Pinheiro y Gordilho, los fiscales dicen tener como pruebas fotografías que muestran a Lula y a su esposa visitando la vivienda en compañía del ingeniero responsable por las obras.
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En un comunicado presentado por sus abogados, el ex presidente Lula da Silva manifestó que los cargos presentados por la Fiscalía en su contra "tienen motivación política", carecen de respaldo jurídico y son una "farsa”.
La acusación hecha este miércoles por la Fiscalía será analizada ahora por el juez federal Sergio Moro, responsable por la investigación sobre los desvíos en Petrobras y quien tendrá que decidir si acepta los cargos y abre juicio contra los acusados, que pasarían a la condición de reos.
El ex mandatario también es investigado por la supuesta propiedad de una casa de campo en la ciudad de Atibaia, igualmente reformada por constructoras implicadas en los desvíos de Petrobras, así como por donaciones y recursos que recibió por supuestas conferencias que dictó en el exterior y que fueron encomendadas por empresas igualmente condenadas por las corruptelas en la petrolera.
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Fuente: EFE/Reuters