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Es el 31 de mayo de 2013 y Jairo Mora se dirige a recoger huevos de tortuga a Moín, una solitaria playa de la provincia de Limón, en la costa oriental de Costa Rica.
El defensor de las enormes tortugas baula no va solo.
En el jeep lo acompañan tres voluntarias estadounidenses de la organización para la que trabaja, la Fundación Widecast, y una veterinaria española.
Se topan con un tronco atravesado en la carretera.
El ambientalista de 26 años baja para retirarlo, sin sospechar de la premeditación de aquéllos que lo habían amenazado de muerte.
Jairo Mora era un acérrimo defensor de las tortugas baula.
Lo que sigue es esto: un grupo de hombres sale de la maleza. Agarran a Mora, lo golpean, lo atan. Llevan a los cinco a una casa vieja. Dejan allí a las mujeres y a Mora lo acarrean hasta la playa.
Allí lo vuelven a golpear, ya desnudo.
Lo atan al vehículo y lo arrastran unos 300 metros.
La autopsia confirmará más tarde que murió por asfixia, tras haberle sido hallada arena en el esófago, en los pulmones y en el estómago.
Este recuento de hechos es el relato de la noche en que mataron al ecologista Jairo Mora en una playa de Costa Rica. Corresponde a las tres voluntarias estadounidenses que le acompañaban y que se escuchó en el juicio que comenzó días atrás contra los presuntos responsables.
SIETE ACUSADOS Y 26 TESTIGOS
El testimonio de las voluntarias fue grabado horas después del crimen y el juez del Tribunal Penal de Limón aceptó su validez a pesar de que la defensa argumentó que fue tomado y guardado sin seguir los procedimientos establecidos.
Las veinteañeras también declararon que antes del suceso Mora había recibido amenazas de los saqueadores de huevos de tortuga que operaban en playa Moín.
La causa por homicidio comenzó el 3 de noviembre, con siete imputados que enfrentan una pena máxima de 35 años y 26 testigos.
Se espera que se dicte sentencia antes de que acabe el año.
Además del testimonio grabado de las voluntarias, quienes sufrieron privación de libertad, robo agravado, abusos deshonestos y violaciones según recoge la acusación, en el tribunal se escuchó la declaración de un testigo y la un hombre que fue atacado en la zona trece días antes del crimen de Mora.
El primero prestó declaración por teleconferencia.
Y el segundo se presentó ante el juez y tras identificar a cuatro de los siete imputados como sus atacantes, relató cómo él y su familia fueron emboscados, asaltados, despojados de sus pertenencias, retenidos y agredidos en la bocana del río Moín una noche de pesca.
Estos hechos también forman parte del expediente del asesinato de Mora.
"MAFIA PURA Y DURA"
"Nadie podía ver venir la muerte de Jairo Mora", asegura a BBC Mundo Didiher Chacón, presidente de la Fundación Widecast, la organización para la que trabajaba el ambientalista asesinado.
La venta de huevos de tortuga es ilegal en Costa Rica, aunque es habitual.
"Todas las personas que trabajan por el bien común reciben amenazas". Su organización, incluso él mismo.
"En los 30 años que llevo en esto, no me alcanzan los dedos de las manos y los pies para contar las veces en las que me insultaron, me gritaron".
Pero nunca fue a más. Nadie había sido asesinado antes.
"El problema es que Jairo (Mora) no se enfrentó a hueveros tradicionales, sino a una banda de criminales. A mafia pura y dura", sentencia.
Los hueveros son saqueadores de huevos de tortuga.
Esta actividad es ilegal en Costa Rica, al igual que la venta, por estar la especie en peligro de extinción.
Pero no es difícil comprar este producto al que se le atribuyen propiedades afrodisíacas en casas, bares o puestos callejeros.
"Está regulado, pero la aplicación de la ley es débil", reconoce Chacón. "Los furtivos no son encarcelados inmediatamente. Para eso tiene que haber infracciones consecutivas".
ZONA PROTEGIDA
Los 21 miembros de la Fundación Widecast, los voluntarios y cuatro familias asociadas trabajan para que los furtivos no arrasen con la especie.
Tres voluntarias estadounidenses y una veterinaria española acompañaban a Mora a buscar huevos de tortuga baula cuando fueron atacados.
