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Todo empezó con un Range Rover. Cuando la Policía Federal brasileña descubrió que un alto funcionario de Petrobras había recibido uno de estos exclusivos todoterrenos de un oscuro lobbista, se empezó a seguir la pista de una trama de corrupción que ya amenaza con cambiar la historia política de Brasil.
Pasaron exactamente dos años desde el arresto de Paulo Roberto Costa –el funcionario en cuestión– para que la Operación Lava Jato llegara a su pico hace nueve días: el interrogatorio, con detención incluida, del ex gobernante Lula da Silva por presuntos beneficios derivados de esta red delictiva.
Pero las investigaciones apuntan todavía más alto, al mismísimo Palacio de la Alvorada, donde hace tiempo ya la presidenta Dilma Rousseff ha dejado de dormir tranquila.
Y es que al proceso de juicio político –paralizado en el Congreso– por supuesto maquillaje de las cuentas públicas, se suma hoy que la justicia estudia nuevas sospechas sobre la posible financiación ilegal de la campaña que llevó a Rousseff a ser reelegida en el 2014, con dinero justamente proveniente de la corrupción petrolera.
Contra todo eso miles protestan hoy en las calles de Brasil. Los más entusiastas esperan que unos tres millones de personas se manifiesten en casi 300 ciudades contra un Gobierno cada vez más tambaleante.
Los analistas, sin embargo, creen que la suerte de la mandataria no se decidirá en las calles ni en los predios judiciales, sino en los despachos de fiscales y policías, donde ex aliados y ex amigos inmersos en el Caso Petrobras negocian reducciones de sus penas a cambio de brindar información privilegiada.
En la sospecha, hermanos
Quien fuera el líder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Delcidio Amaral, ha dado hasta hoy los golpes más fuertes.
Amaral ha detallado las maniobras de la presidenta Dilma Rousseff y su ministro de Justicia para evitar el avance de los jueces sobre Petrobras y las presiones de Lula da Silva para evitar que sus hijos fueran procesados.
El que puede empezar a ‘cantar’ ahora es Marcelo Odebrecht, ex hombre fuerte de la mayor constructora del país y recién condenado a 19 años de prisión por este escándalo.
“La durísima sentencia a Odebrecht lo acerca a aceptar pronto un acuerdo de delación premiada con la justicia, eso sería lo que falta para cerrar el círculo de la red de sobornos en Petrobras. Si alguien tiene información para empujar al precipicio a Dilma y a su mentor, ese es Odebrecht”, dice el analista brasileño Paulo Kramer.
En comunicación con El Comercio, David Fleischer, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia en Brasil, advierte que se avecinan varias ‘bombas’. “No es solo Odebrecht, también hablarán el CEO de la empresa OAS y los ejecutivos de Andrade Gutierrez, lo mismo que Marcos Valerio, un operador político que está preso desde el 2010 y que se acogerá a la delación premiada a pesar del dinero que puso Lula para que se mantuviera callado”.
El cerco de la justicia contra el ex jefe de Estado ha tenido como secuela una nueva aproximación de Dilma Rousseff con su mentor, de quien se había distanciado últimamente según la prensa brasileña, y con los altos cuadros del PT, luego de que varios de ellos la criticaran por el severo ajuste fiscal.
El analista Gabriel Petrus, de la consultora Barral M. Jorge Asociados, opina así: “Tanto Lula como Rousseff están contra las cuerdas, pero no se dejarán vencer fácilmente. El PT se está preparando para la batalla y tendrá una estrategia del todo o nada”.
Partido quebrado
Fleischer, en cambio, sostiene que el PT no se muestra monolítico. “Ahí cunde la preocupación. Varios prefectos del PT van a cambiar de partido para tentar la reelección en los comicios municipales de octubre, lo mismo pasará con cuatro senadores y varios diputados. El PT va a perder presencia por este fastidio con la situación en torno a Lula y Rousseff”.
Cameron Combs, experto del ‘think tank’ Eurasia Group, advierte que la fuerza y popularidad del PT han disminuido notoriamente en relación con la década pasada. “De todos modos, el partido oficialista mantiene un núcleo duro de militantes y una red de movimientos sociales. Ellos resistirán con fiereza cualquier intento de arresto a Lula, y si bien el blindaje a Dilma Rousseff es mucho menor debido al pobre desempeño económico, la defenderán en un posible juicio político”, avizora Combs en diálogo con El Comercio.
La gente protestará hoy y ello es esperado con avidez por la oposición, según el analista político Ricardo Ismael: “La oposición volverá a la carga con el proceso de juicio político contra Dilma, espoleada por la rabia en las calles, las denuncias de Amaral y la situación económica [el PBI registró una caída del 3,8% en el 2015, el peor resultado de los últimos 20 años]”.
¿Cuánto aire les queda a Lula y a Rousseff? Como si tuviera una bola de cristal, Fleischer pronostica: “La conducción coercitiva a declarar fue el ensayo general para cuando Lula sea llevado a prisión, quizá en dos semanas. En cuanto a Dilma, para fin de año estará fuera”.
