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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil abrió el martes una investigación contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva y los exministros Aloizio Mercadante y José Eduardo Cardozo, además de un senador destituido y dos magistrados.
La decisión del magistrado Teori Zavascki atendió un pedido presentado en mayo por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien sospecha que Rousseff, Lula y los dos exministros obstaculizaron las investigaciones por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Con la decisión de la Corte Suprema, también serán investigados el senador destituido Delcídio do Amaral y los magistrados del Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão y Marcelo Navarro Ribeiro Dantas.
Rousseff será sometida a un juicio político en el Senado el 25 de agosto bajo cargos de manipular las cuentas públicas.
La tarde del sábado, Dilma Rousseff presentó la "Carta a los Brasileños", con la que buscaba frenar el juicio que llevaría a su destitución y dijo que si vuelve al poder convocará a un plebiscito nacional en el que les preguntaría a los brasileños si están a favor de una elección anticipada y de llevar a cabo reformas políticas y económicas integrales.
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Con la apertura de la investigación se iniciará ahora el proceso de recolección de pruebas y después de esa fase Janot deberá decidir si formaliza la denuncia o archiva el caso.
La Asesoría de Prensa de Lula indicó que a pesar del ex mandatario no haber sido notificado todavía, "repudia la filtración ilegal" de informaciones y el ex gobernante "reafirma que siempre actuó dentro de la ley antes, durante y después del ejercicio de dos mandatos como presidente de la República, democráticamente electo por el pueblo brasileño".
Los abogados de Lula, en tanto, señalaron en una nota de prensa que el ex presidente "jamás practicó cualquier acto que pueda configurar crimen de obstrucción a la Justicia".
"Lula no se opone a cualquier investigación, desde que sea observado el debido proceso legal y las garantías fundamentales", explicó la defensa de Lula, quien es investigado dentro del proceso de la 'Operación Lava Jato', como se conoce el caso de corrupción enquistado en la petrolera estatal Petrobras.
Según las investigaciones, empresas constructoras sobrevaloraban los contratos con la estatal y el dinero de los sobornos era repartido entre ejecutivos de las compañías, ex altos cargos de la petrolera y una cincuentena de políticos, muchos de los cuales ya fueron condenados en primera instancia por corrupción.
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Fuente: Agencias
