Human Rights Watch (HRW) expresó este martes su preocupación por la decisión del Gobierno del presidente del Perú, Pedro Castillo, de autorizar a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional en el control de la seguridad interna en algunas zonas del país.
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“Los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”, señaló el director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en su cuenta de Twitter.
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El funcionario indicó que le “preocupa” la resolución de Castillo “sobre el despliegue de militares para combatir la delincuencia en ciertas zonas del país”.
La decisión rige a partir de mañana, 3 de noviembre, y durante un plazo de 30 días.
En concreto, permite que las fuerzas armadas presten apoyo en la ejecución de operaciones policiales en las regiones de Lima y Callao, donde está concentrado un tercio de la población de ese país.
La norma, firmada por el mandatario y sus ministros de Defensa, Walter Ayala, y de Interior, Luis Barranzuela, indica que hay un incremento significativo del índice delictivo en Lima y el vecino puerto del Callao por la presencia de organizaciones delictivas involucradas en tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robos y hurtos.
La resolución apunta que la intervención de las fuerzas armadas no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.
Y remarcó que el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional.
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