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La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves 21 órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusando a ambos de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados desde que empezó la guerra entre el estado hebreo y Hamas en la franja de Gaza en octubre del año pasado.
La decisión de la corte, similar a la que tomó en el 2023 contra el mandatario ruso Vladimir Putin, ha desatado numerosas reacciones en el mundo. Netanyahu tildó de “antisemita” la determinación de la CPI y su principal aliado, Estados Unidos, ha señalado que “rechaza categóricamente” la orden emitida. Las naciones árabes, en general, saludaron en cambio la decisión del tribunal con sede en La Haya (Países Bajos).
La CPI, que empezó a funcionar a comienzos de este siglo y a la cual se han adherido 124 países, ha publicado órdenes de arresto contra varios dictadores de estados africanos y tiene en estos momentos 17 investigaciones en curso. Una de ellas atañe al autócrata venezolano Nicolás Maduro y alcanza a su número dos Diosdado Cabello y a buena parte de la cadena de mando del país llanero.
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Ya son seis años
La figura de Nicolás Maduro da vueltas por los pasillos y despachos de la CPI desde el 2018. A pedido de seis países -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú- aquel año se abrió una investigación preliminar contra el régimen chavista por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el arresto del opositor Leopoldo López (febrero del 2014) y la represión desatada contra la población civil. En noviembre del 2021 la corte con sede en La Haya puso en marcha una investigación formal y más de 6 años han transcurrido ya sin decisión a la vista.
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Ojos tapados
A la CPI, sin embargo, solo le han bastado 13 meses para emitir sendas órdenes de arresto contra Vladimir Putin (marzo del 2023) y Benjamin Netanyahu tras investigar crímenes cometidos en las guerras en curso en Ucrania y Gaza, respectivamente. Existe evidencia de las gravísimas violaciones de DD.HH. del régimen venezolano, que incluyen ejecuciones extrajudiciales y casos documentados de tortura contra activistas de la oposición, pero nada ha sido suficiente. Tampoco una carta de exmandatarios de la región, hace pocos meses, solicitando la captura de Maduro y los altos cargos..
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Bajo sospecha
Sin una policía a cargo y dependiendo la CPI únicamente de la buena voluntad de los países miembros para materializar sus decisiones, es casi imposible que Putin y Netanyahu sean aprehendidos, pero una orden de la corte sí resulta significativa, no solo simbólica. Serviría para ejercer presión institucional sobre Maduro y sus secuaces, aislar más al régimen y hasta desembocar en una transición negociada a la democracia. Diversos analistas y expertos en DD.HH. se preguntan si hay un exceso de paciencia, de ingenuidad o de contubernio en la corte.
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Fiscal en la mira
El dedo inquisidor se dirige, sobre todo, hacia el fiscal de la CPI, Karim Khan, quien en agosto dijo que su oficina está “monitoreando activamente” la situación en Venezuela, pero organizaciones como Amnistía Internacional han criticado que, más allá de esa frase, “su silencio en este caso es alarmante”. El diario “The Washington Post” publicó hace un par de meses que Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan, forma parte del equipo jurídico que defiende al líder chavista ante la CPI. Según la fundación Arcadia, ONG asentada en la capital de EE.UU., ello coloca a Khan en un conflicto de intereses.
