Un primer paso contra la pedofilia eclesial

Hace exactamente un año el papa Francisco, en un discurso pronunciado ante la curia romana con ocasión de la Navidad, declaró que la Iglesia Católica no tratará nunca más de minimizar ningún caso de abuso sexual y reconocía que -en el pasado- algunos responsables “por ligereza, credulidad, falta de formación, inexperiencia o superficialidad habían tratado estos casos sin la seriedad necesaria”. No mencionó, por cierto, la palabra complicidad ni habló de ley del silencio, pero dejó bien claro que eso no debería suceder nunca más.

Era el 21 de diciembre del 2018, dos meses antes de la Cumbre contra la Pedofilia en Roma. La contundencia de sus palabras hacía presagiar fuertes resoluciones durante la misma, pero al final de la reunión -que tuvo lugar del 21 al 24 de febrero de este año- las asociaciones de víctimas manifestaban su frustración por la ausencia de decisiones durante la cumbre.

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Meses después, en mayo, Francisco promulgó un primer decreto que obligaba a los sacerdotes y otros religiosos que estuvieran al tanto de casos de violencia sexual de informarlo inmediatamente a la autoridad eclesiástica.

El martes pasado, con ocasión de su 83 cumpleaños, el Papa promulgó dos nuevas leyes que levantan el secreto pontificio en caso de abuso de menores cometidos por representantes de la Iglesia. El secreto de confesión, aunque se refiera a este tipo de delitos, continúa intacto.

El decreto establece que el secreto pontificio no se aplica a las acusaciones, procesos y decisiones que conciernen violencias sexuales cometidas por clérigos contra menores, personas vulnerables u otras que se encuentren bajo su autoridad. No se permitirá la disimulación de las agresiones sexuales, ni la posesión de material de pornografía infantil.

¿Qué significa esto para las víctimas? Que tendrán acceso al desarrollo de los procesos eclesiásticos contra los sacerdotes y otros religiosos agresores y que podrán tener información sobre las sanciones que se aplique a estos, lo que hasta el martes pasado era imposible. Ello permitía que los religiosos acusados de estos delitos fueran ‘castigados’ con simples mutaciones a otras diócesis, donde continuaban cometiendo los mismos crímenes.

Sin embargo, otra de las demandas importantes formuladas por las asociaciones de víctimas no han tenido eco en el Vaticano, como la obligación de denunciar a los sacerdotes agresores sexuales ante la justicia ordinaria de los países donde se cometen los delitos, como corresponde a cualquiera que comete un crimen.

Si bien este es un primer paso, tardío pero necesario, queda mucho por hacer para evitar nuevas víctimas. Los que osaron hablar y denunciar se cuentan por miles en diferentes países. Otros, cuyas infancias fueron arrebatadas por los depredadores, optaron por el silencio.

Lo que le corresponde a la iglesia es aceptar que entre los muros vaticanos funcionó ‘la omertá’ y que gracias a ella los pedófilos pudieron actuar en plena impunidad.

¿Seleccionarán mejor a sus sacerdotes? ¿Aplicarán un sistema de vigilancia continua para detectar a los curas con inclinaciones perversas? Y si es así, ¿los expulsarán del clero o los denunciarán ante la justicia?