¿Qué grandes escándalos políticos y episodios de corrupción han ocurrido en Latinoamérica en las últimas décadas?

Argentina. La renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, en medio de un estallido social que generó la implantación del estado de sitio, con 27 muertos y miles de heridos, y  saqueos a supermercados es el momento más dramático. Pero los últimos 30 años de la historia política argentina han sido pródigos en escándalos de todo tipo, como la causa de los cuadernos, caso venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia  (y explosiones de Río tercero en 1995), Caso Carrasco, caso Yomagate, caso IBM-Banco Nación, caso Antonini Wilson, caso Ciccone y el vacunatorio vip durante la pandemia.

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Brasil. El país pasó por dos procesos de impeachment en tres décadas: Fernando Collor de Mello, primer presidente electo por voto directo tras el fin de la dictadura, acabó denunciado en 1992 por corrupción por su propio hermano; mientras que en 2016 Dilma Rousseff también fue destituida por un proceso abierto en Diputados a partir de una denuncia de dos abogados con acusaciones por violaciones a la ley presupuestaria (las llamadas “pedaladas fiscales”) y la violación de la ley de improbidad administrativa.

Pero la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil es el Lava Jato (operación Lavado de autos), que se inició el 17 de marzo de 2014 y terminó en febrero pasado. La investigación se convirtió rápido en un gigantesco escándalo que salpicó a algunas de las más importantes empresas de Brasil, entre ellas la petrolera estatal Petrobras y el grupo Odebrecht, y tuvo consecuencias en casi todos los países de América Latina. Las investigaciones condujeron a prisión a poderosos ejecutivos y políticos. El arresto más mediático fue el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque este año fueron anuladas cuatro condenas en su contra. Algunos de los fiscales de la operación han sido cuestionados por su supuesta falta de imparcialidad en las investigaciones.

Chile. Los casos de corrupción más importantes en el ámbito público ocurridos en los últimos 30 años son: MOP Gate (pago de sobresueldos por parte de la empresa Gestión Ambiental y Territorial Sociedad Anónima a funcionarios del ministerio de Obras Públicas por trabajos que no se habían hecho, mientras que la firma recibía pagos injustificados por concesiones de infraestructura), Caso Corpesca (financiamiento de políticos de derecha, con el objetivo aparente de influir en sus decisiones al interior del Congreso), Caso Caval (tráfico de influencias para conseguir fondos para hacer negocios inmobiliarios, justo después de las elecciones de 2013; estuvieron implicados nuera e hijo de la entonces presidenta Bachelet).

También están el Caso Penta (fraude tributario y un esquema de financiamiento ilegal de la política), caso SQM (reveló financiamiento ilegal de la política a través del mismo mecanismo de Penta implicó a políticos de derecha e izquierda), FF.AA. (proceso por fraude en el Ejército a fondos de la Ley Reservada del Cobre por oficiales del Ejército de Chile para su enriquecimiento personal), Carabineros (uno de los mayores fraudes en la historia de la Reforma Procesal Penal, en cuya investigación quedaron implicados altos mandos de Carabineros). En tanto, la crisis de gobierno más importante ocurrió en octubre de 2019, con el estallido social que llevó a cambios en el gabinete y a un acuerdo de reforma constitucional que permitiera la realización de un plebiscito sobre la posibilidad de escribir una nueva Constitución.

Colombia. Hay varios casos históricos: proceso 8.000 (por medio del cual se investigó el ingreso de dineros de la mafia en la campaña presidencial de Ernesto Samper), Agro Ingreso Seguro (entrega de recursos a familias pudientes de recursos destinados a campesinos), Odebrecht, cartel de la toga (asociación ilegal de jueces para vender fallos), Reficar, Bonos de agua e Yidispolítica.

Costa Rica. ICE-Alcatel (pago de dádivas a funcionarios para la adjudicación de 400.000 líneas de telefonía celular), CCSS-Fischel (préstamo para compra de equipo médico que involucró a importantes figuras políticas costarricenses, encabezadas por el expresidente Rafael Calderón) y el caso Cochinilla (investigación policial sobre presunta corrupción en obras viales).

El Salvador. Uno de los mayores escándalos políticos fue la dolarización de la economía y, 20 años después, la introducción de una nueva reforma que convirtió al bitcoin en moneda de curso legal, sin estudio previo. También se puede mencionar la tregua del Estado con pandillas (por ejemplo, el 3 de septiembre de 2020 una investigación periodística de El Faro reveló que el Gobierno de Nayib Bukele llevaba un año negociando con la MS-13 una reducción de homicidios y apoyo electoral) y el régimen híbrido (en dos años de gobierno, Nayib Bukele ha avanzado con celeridad en su proyecto de controlar todas las instituciones del Estado). Y los tres presidentes que gobernaron El Salvador entre 1999 y 2009 fueron acusados de corrupción por el desvío de fondos públicos: Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

México. El desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (izquierda) en 2005, promovido por el entonces presidente Vicente Fox (PAN). La estafa maestra (caso dado a conocer en 2017, que reseña la triangulación de dinero público a través de universidades y empresas fantasmas). Odebrecht (existe una línea de investigación en la Fiscalía General de la República para investigar sobornos y dinero de la empresa en la campaña presidencial del hoy expresidente Enrique Peña Nieto).

Perú. Los escándalos políticos más recordados en estas últimas tres décadas fueron el destape de corrupción de la época fujimorista (cuyo gobierno cayó con la difusión del primer vladivideo) y la salpicadura del caso Lava Jato en Perú, con la mayoría de sus últimos presidentes (Toledo, García, Humala, Kuczynski) investigados o detenidos, además de otras exautoridades. Desde el punto de vista de quiebre institucional se vivió el cierre del Congreso en el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, sin ajustarse a la Constitución de 1979. Otro caso en contexto de pandemia fue el del vacunagate: en febrero del 2020 se supo que autoridades y exautoridades del Estado, además de otras personas del sector privado, habían accedido a dosis de la vacuna Sinopharm destinadas al personal científico que trabajaba directamente en los ensayos clínicos.

Puerto Rico. El caso del Instituto del Sida conllevó el arresto de un asesor del entonces gobernador Pedro Rosselló González, entre otros coacusados. En total, una decena de funcionarios del gobierno fueron acusados por conspirar para robarse más de $2 millones de fondos públicos que se suponía que fueran usados en las clínicas especializadas en atender a pacientes con VIH o Sida. En 2002, en tanto, Víctor Fajardo y varios de sus ayudantes, quien había sido jefe del Departamento de Educación de Puerto Rico, fue acusado de robar $4,3 millones de dólares. Fajardo usó parte del dinero para sufragar las operaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP). En 2008, las autoridades estadounidenses acusaron al entonces gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá y a otras 12 personas de conspirar para recaudar ilegalmente fondos para pagar por las deudas que mantenía el político desde el 2000, cuando aspiró y obtuvo el cargo público de comisionado residente en Washington. Y en 2019, el gobierno estadounidense acusó a varios allegados del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares de malversación de fondos y de beneficiarse económicamente de las funciones públicas que ostentaban.

Uruguay. El vicepresidente Raúl Sendic renunció el 9 de setiembre de 2017 cuando gobernaba Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda). Esto después de que se conocieron gastos que realizó con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap, que incluían compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica, entre otros lugares. El Tribunal de Conducta Política de su partido concluyó que “Sendic tuvo un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”. También fue cuestionado porque se presentaba como licenciado en Genética Humana recibido en Cuba y no lo era. Uno años después, el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República Fernando Calloia (durante el gobierno de José Mujica) fueron condenados por el delito de abuso de funciones por su rol en el otorgamiento del aval bancario a la aerolínea española Cosmo para que pudiera participar del remate de los aviones de la aerolínea Pluna, en 2012. No fueron a prisión. En tanto, a mediados de la década de 1990 hubo denuncias de corrupción contra integrantes del gobierno de Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional, derecha). Fueron procesados el asesor presidencial Daniel Cambón y el exministro de Economía y expresidente del Banco Central Enrique Braga. Lacalle dijo que había una “embestida baguala” (un ataque) en su contra.

Venezuela. Un intento de golpe de Estado en Venezuela fue ejecutado por un grupo de militares el 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El intento golpista no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Tan solo nueve meses después, un nuevo intento para sacar a Pérez del poder se dio el 27 de noviembre de 1992.

En marzo de 1993, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente Carlos Andrés Peréz por el delito de peculados dolosos y malversación de 250 millones de bolívares -17 millones de dólares en esa época- de una partida secreta. Este dinero habría sido usado para ayudar a la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro y la vicepresidenta, Yesseany Medina Parra. Como resultado de esto, el Congreso Nacional destituyó a Peréz de la presidencia. Hasta la fecha es el único presidente venezolano encarcelado con sentencia firme por un caso de corrupción.

El 11 de abril de 2002 se dio un intento de golpe de Estado durante la presidencia de Hugo Chávez. Estuvo precedido de un período de inestabilidad social y política en el que las fuerzas contrarias al gobierno lograron cohesionarse tras el éxito del conocido como paro cívico, convocado para el 10 de diciembre de 2001, que logró cerrar una parte significativa del comercio urbano, una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la patronal Fedecámaras, iniciada el 9 de abril.

Además: caso Antonini Wilson, Caso Pdval, caso de los narcosobrinos, caso Odebrecht, detención de Alex Saab.

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