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La política tradicional latinoamericana continúa en franco deterioro. Controvertidos hechos en diversos países del área demuestran claramente el desgaste de los políticos y su incapacidad para responder a las realidades y exigencias de una sociedad cada vez más informada y más dispuesta a luchar contra el engaño y el desacierto político que ha impedido por décadas la posibilidad de desarrollo sostenido y mejores condiciones de vida para las poblaciones, no solo en términos materiales sino también espirituales.
La más reciente exhibición politiquera ha ocurrido en Brasil. Independientemente de la ideología de quien opine, la reciente destitución de la presidenta Dilma Rousseff –separada de su cargo por el voto de un 60 por ciento del Senado, es decir, por el voto de los mismos que están siendo investigados por corrupción– presenta todas las características de un manejo político inescrupuloso, por no llamarlo directamente golpe de Estado.
A pesar del viso legal que confiere la jurisdicción senatorial, a pesar del supuesto apego a la ley y a sus especificidades durante el proceso, es obvia la razón política de la maniobra.
Este hecho corrobora uno de los mayores problemas que ha causado la mala práctica de la politiquería tradicional: la falta de justicia cierta.
En América Latina ya no es suficiente un proceso constitucional o legal para asegurar o producir justicia: la injusticia ha sido institucionalizada.
La derecha brasileña, desplazada del poder hace casi 14 años por la izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, quien de paso también está siendo investigado por funcionarios adeptos al actual gobierno, ha procurado durante ese tiempo fuera del poder encontrar una manera de deshacerse de lo que consideran un poder Ejecutivo hostil a sus expectativas, sus conceptos administrativos y sus apetencias.
Y aparentemente el propio gobierno de la ahora ex presidenta Rousseff les ofreció la oportunidad en bandeja de plata, debido a errores administrativos, entre los cuales se incluye su aparente indiferencia por extraer a la corrupción, privada y pública, de los procesos, las decisiones y las ejecuciones del Estado.
Asumió, con una irresponsabilidad que le ha resultado letal, que ella también podía utilizar las experiencias de previos gobiernos para, con igual impunidad, utilizar los atajos creados sobre lagunas legales y con eso maquillar asuntos urgentes, creando la sensación de normalidad administrativa.
A muchos resulta extraño que el argumento esgrimido para separarla del cargo no ha sido la corrupción: es una original figura legal denominada “crímenes de responsabilidad”, que incluye el “maquillar gastos públicos para ocultar el déficit estatal, violando así normas fiscales”.
Nada, sin embargo, por los alegados sobornos realizados por Petrobras ni por el dinero supuestamente desviado ilegalmente, para apoyar la campaña política del Partido de los Trabajadores (PT), al que tanto Rousseff como Lula pertenecen. Nada de Odebrecht, nada de lo esperado.
El ex presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien aceptó inicialmente la demanda contra la presidenta, es a su vez sujeto de una investigación por corrupción, denuncia que incluye el “ocultamiento de cuentas en el exterior” y “sobornos”.
Tendremos que esperar qué curso toman ahora estas investigaciones; si continúan o si serán suspendidas ahora que Michel Temer asumió el cargo de presidente del Brasil.
Todo este enredo político en Brasil, sin embargo, no será resuelto con la salida de Rousseff, resulte esta moralmente legítima o no.
Helio Bicudo, de 94 años, fundador del PT, uno de los tres juristas que solicitaron el juicio contra Rousseff, indico que la violación de reglamentos fiscales permitió la utilización por el Gobierno de fondos de bancos públicos para dar la impresión de normalidad en las finanzas estatales.
Más allá del argumento legal y de la justificación de su uso, yacen consecuencias impredecibles en el futuro inmediato y mediato del país.
La derecha quería asumir el poder en Brasil y lo obtuvo, con el apoyo de un Senado desprestigiado e investigado.
Para el resto del país, la situación continúa confusa y su fe en nada se ve rescatada por lo ocurrido. Ahora habrá que ver cuál será la reacción del pueblo y cuál será la definición política del gran país del Sur.
Los partidos políticos de corte tradicional atraviesan una etapa de total desprestigio y son internacionalmente repudiados y rechazados. Sus organizaciones han fracasado en la tarea de organización y de administración pública.
Sus dirigencias y representaciones programáticas han degenerado en una oferta clientelista que raya en el cinismo, dirigida a la satisfacción de intereses elitistas y de aprovechamiento para los inescrupulosos.
No actúan con diligencia ni respeto hacia la ciudadanía, a la que supuestamente representan y sirven. Y la gente, finalmente, parece haberse cansado de su actitud y de su discurso ya vacío, basado en las manidas “promesas” que al final nunca van a cumplir. Parece que al final, como describo en la canción Hipocresía, “ya no hay izquierdas, ni derechas: solo hay excusas y pretextos”.
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Fuente: El Tiempo, GDA/Autor: Rubén Blades
