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La decisión de Estados Unidos de considerar a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional responde más a una estrategia diplomática y jurídica, que a un plan militar. Varios analistas opinan que la medida dista mucho de las acciones adoptadas en el pasado reciente contra Siria, Irán o Birmania.
También aseguran que el anuncio presidencial tampoco se puede comparar con las reservas que Washington tiene o tuvo contra los gobiernos de Cuba, Corea del Norte, Cuba, Rusia o China, que en varios momentos expresaron mayúsculas discrepancia militares o preocupantes desbalances geopolíticos.
Tampoco tendría que ver con una vieja denuncia sobre espionaje y supuestos nexos en agentes de inteligencia de iranís con militares venezolanos y los cárteles del narcotráfico mexicano, supuestamente para realizar atentados en territorio estadounidense.
Es más. En Washington nadie piensa en una eventual ofensiva bélica o ataque cibernético ordenado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Todo apunta a que los estrategas de la Casa Blanca buscan quebrar el círculo de corrupción con el congelamiento de cuentas, muchas de las cuales tendrían su origen en el lavado de activos.
Este lunes la Casa Blanca autorizó la implementación de sanciones contra 56 funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos, que ya contaba con el aval del Congreso. La anulación de visas, embargos de cuentas bancarias e incautación de posibles bienes existentes en territorio estadounidense han sido las primeras medidas.
El anuncio del presidente Barack Obama llega a pocas semanas de la VII Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en abril en Panamá. Todo indica que en dicho evento Estados Unidos no solo buscaría un acercamiento más visible con Cuba, sino quebrar la hegemonía ideológica de Venezuela con muchos de la región.
