Un panorama desalentador: las principales crisis humanitarias a las que prestar atención en el 2022

La pandemia de COVID-19 ha copado la atención global durante los últimos dos años. La emergencia sanitaria por la enfermedad que ya ha causado más de 5,4 millones de muertes en el planeta ha agravado, al mismo tiempo, la crisis económica y laboral en diferentes latitudes. A esto se suma, además, una serie de crisis de larga data que ponen a diferentes naciones contra las cuerdas. La mezcla de todos estos factores augura un nuevo año bastante sombrío.

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A inicios de diciembre, la ONU publicó su panorama global humanitario para el 2022. El informe estima que unas 274 millones de personas necesitarán de protección y asistencia humanitaria durante el próximo año. La cifra representa un aumento respecto a las 235 millones de personas estimadas para el 2021.

Dentro de este desfavorecido grupo, Naciones Unidas identifica a un total de 183 millones de personas como quienes poseen las necesidades más urgentes y, para atenderlos, calcula que se necesitarán unos 41 millones de dólares en financiamiento.

El jefe de coordinación humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, destaca dentro del mismo informe que “los conflictos, la crisis climática y las enfermedades” serán los principales detonadores de estas crisis. Dentro de sus proyecciones se puede encontrar el temor por los efectos de la hambruna en distintos países y los cada vez más devastadores desastres naturales, este último punto además llevaría a que unas 216 millones de personas tengan que desplazarse dentro de sus propios territorios para el 2050.

El presupuesto elaborado por la ONU, además, revela que las mayores necesidades para el 2022 se centrarán principalmente en África, Medio Oriente y Latinoamérica.

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En esta lista repasaremos la situación en los países que podrían vivir las peores crisis en el año próximo:

Haití

El asesinato del presidente, un devastador terremoto, el impacto de la pandemia de COVID-19, un insólito fortalecimiento de bandas criminales y varios años de recurrente crisis se conjugan en Haití, el pequeño país de apenas 11 millones de habitantes que parece reunir todas las calamidades posibles en el mundo.

El 7 de julio último el mandatario Jovenel Moïse fue asesinado al interior de su residencia en Puerto Príncipe. Casi seis meses después, pocos detalles se conocen sobre el magnicidio. Si bien se ha detenido a 44 sospechosos y se determinó que un comando fue el encargado de perpetrar el asesinato, los responsables del mismo aún no han quedado claros.

En el 2022, Haití tiene como uno de sus principales objetivos esclarecer los hechos en torno a la muerte de Moïse y, además, llevar adelante unas siempre complicadas elecciones para escoger al nuevo gobernante.

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Un mes y medio después, cuando el país aún no salía del shock por el magnicidio, un terremoto de magnitud 7,2 provocó la muerte de 2.248 personas y dejó a otras 690 mil damnificadas.

El sismo fue el de mayor intensidad desde el devastador terremoto de enero del 2010. Además de las muertes, el impacto económico se estimó en la pérdida del 15% del PBI haitiano.

Estos factores, sumados a la crisis con la que convive el país más pobre de América desde hace años, han llevado a un inusitado fortalecimiento de bandas criminales armadas en Puerto Príncipe y otras ciudades haitianas. El Centro de Análisis de Investigación en Derechos Humanos registró 1.002 secuestros a cargo de estos grupos criminales durante el 2021.

Las bandas, además, han centrado su atención en los camiones de combustible, llevando a que muchos conductores se nieguen a trabajar ante la constante amenaza sobre sus vidas. Esto, al mismo tiempo, puso al país al borde del desabastecimiento. La policía se ha visto incapaz de controlar el avance de las bandas criminales y se ha limitado a escoltar a dichos vehículos.

Como si fuera poco, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU calcula que el 48% de su población padece de hambre, el acceso al agua potable es insuficiente y lo mismo sucede con la asistencia médica.

En el país apenas el 1,06% de la población (123.595 habitantes) ha sido vacunada contra el COVID-19, según datos del Ministerio de Salud. Un enorme reto en la nación será convencer al 76% de la población que no desea inocularse, según reveló una encuesta realizada por Safitek.

Afganistán

Uno de los pocos temas que este año pudo romper el dominio del COVID-19 en los titulares a nivel global fue la crisis en Afganistán.

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Tras el retiro de tropas estadounidenses de suelo afgano y el regreso al poder de los talibanes, el estado asiático se ha convertido en un escenario especialmente amenazante para las mujeres.

Este punto será determinante para las aspiraciones del gobierno talibán de conseguir el reconocimiento internacional, algo que no ha llegado hasta la fecha ni siquiera de naciones consideradas como aliadas, entiéndase como Pakistán o China, por ejemplo.

Además del caos político, el prolongado conflicto bélico que lo precedió ha llevado a que el 95% de la población afgana no cuente con acceso suficiente a alimentos, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El informe global presentado por Naciones Unidas señala que dentro de ese grupo, unas “24 millones de personas necesitan asistencia vital para evitar una catástrofe”.

Dejando de lado la crisis política, el país asiático está enfrentando la peor sequía de los últimos 27 años. En el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases presentado en octubre de este año se alerta que la hambruna se agudizó afectando a un 37% más de la población en comparación al presentado en abril.

La escasez iniciada en noviembre, además, se extendería hasta marzo del 2022.

Por si fuera poco, otra de las principales amenazas para la población afgana durante el próximo año será el Estado Islámico. El grupo terrorista, reducido tras una campaña bélica internacional comandada por Estados Unidos y la Unión Europea, es un férreo rival de los talibanes y desde que volvieron al poder ya han atentado en diferentes puntos del país.

Siria

Durante la última década, Siria ha sido escenario de una de las mayores crisis en el planeta. Diez años después del inicio de la revolución contra el régimen de Bashar al Asad, el dictador no solo se ha logrado mantener en el poder sino que gran parte de la población, además, solo puede subsistir gracias a las misiones humanitarias desplegadas en la zona.

El Programa Mundial de Alimentos detalla en su portal que al mes se requiere de al menos 4.600 camiones de asistencia alimentaria para ayudar a unas 4,8 millones de personas. Esto sin contar las misiones que deben desplegar en las zonas más conflictivas del país, a donde muchas veces les es imposible acceder.

En el 2022, además, se espera que continúe la ronda de consultas entre el régimen de Al Asad y los rebeldes en el proceso de Astaná, que cuenta con el arbitraje de Rusia. Entre los diversos temas que se abordan en búsqueda de ponerle fin a la crisis resalta —al igual que en el caso afgano— la preocupación por la reactivación de grupos terroristas en el territorio sirio.

Yemen

Durante su mensaje incluido en el panorama global para el 2022, Griffiths destacaba que más allá del agradecimiento a las misiones humanitarias lo que estas realmente necesitan es el compromiso de los estados miembros para seguir funcionando.

Durante el 2021, la ONU consiguió recaudar apenas el 46% del presupuesto presentado para afrontar los retos globales sobre los que habían alertado. Los fondos, además, llegaron de forma tardía contando con apenas el 20% del dinero en mayo y recibiendo el grueso de ingresos durante el último trimestre.

Este tipo de situaciones ha llevado a que, por ejemplo, el miércoles último el Programa Mundial de Alimentos anunciara que en enero del 2022 tendrá que recortar las raciones de alimentos que distribuyen a unas 13 millones de personas en esta castigada nación.

Como si fuera poco, la guerra que suma ya siete años en el país ha causado grandes daños en la infraestructura yemení siendo uno de los puntos más afectados las plantas de agua. La ONU informa que menos del 55% de yemeníes tienen acceso a agua potable y, de ellos, solo el 18% cuenta con conexiones al sistema de suministro público que funciona apenas unas pocas horas cada mes.

Etiopía

En noviembre del 2020 el Gobierno de Etiopía y el Frente Popular de Liberación de Tigray iniciaron una guerra civil en el país africano. Si bien este mes ambos bandos han anunciado un alto al fuego, se teme que la frágil paz no se mantenga durante el 2022.

Hasta la fecha, se estima que el conflicto ha causado la muerte de miles de personas, provocado el desplazamiento forzado de más de 2 millones de etíopes y agravado el riesgo de hambruna en gran parte de la población.

La guerra civil se originó luego de que el Frente Popular de Liberación de Tigray, que ostentó el poder durante décadas en un periodo que trajo grandes beneficios económicos en el país a costa de escandalosas violaciones de derechos humanos, sintiera amenazada la autonomía de la que gozan las 10 regiones que conforman al país. En respuesta, se levantaron en armas contra el gobierno de Abiy Ahmed, ganador del Premio Nobel de la Paz en el 2019 precisamente por haber lidiado con el desafío etíope.

El gobierno respondió a este levantamiento con el envío de tropas a las regiones norteñas. Con el tiempo, se reveló que la ofensiva federal trajo consigo serias violaciones a los derechos humanos en la zona; además, el gobierno de Abiy ha restringido el acceso de la prensa y ordenó un apagón de las comunicaciones en el norte del país, según un informe de CNN.

Sumado a ello, en el otoño Tigray vivió la peor invasión de langostas registrada en décadas, lo que ha llevado a la región a una seria emergencia de inseguridad alimentaria.

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