Johannesburgo. Sudán anunció que su presidente, Omar al Bashir, acusado de genocidio por la Corte Penal Internacional (CPI), despegó este lunes de un aeropuerto militar de Johannesburgo, en Sudáfrica, pese a que la justicia sudafricana le había prohibido salir del país.
Bashir había viajado a Sudáfrica para asistir a una cumbre de la Unión Africana (UA).
La CPI, que acusa al presidente sudanés de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, pidió a Sudáfrica que lo arrestara si entraba en su territorio y un tribunal de Pretoria ordenó el domingo que no saliera del país.
La delegación sudanesa no parecía, sin embargo, preocupada por la decisión judicial y parecía poco probable que el ejecutivo de Pretoria accediera a las peticiones de la justicia sudafricana, después de que Bashir participara en la cumbre de la UA y posara en la primera fila de la foto oficial el domingo.
"Estamos aquí como invitados del gobierno sudafricano. Ese gobierno nos dio garantías", declaró el domingo el ministro sudanés de Relaciones Exteriores, Ibrahim Ghandur.
El lunes, otro miembro de la delegación aseguró que el presidente partiría de Johannesburgo según lo previsto.
El tribunal sudafricano había decidido el domingo, a petición de una ONG, prohibir que Bashir saliera del país hasta que la justicia estudiara unas órdenes de arresto emitidas por la CPI.
Era la primera vez que la justicia de un país africano intentaba impedir que un jefe de Estado en activo dejara su territorio a instancias del CPI.
El ministro de Relaciones Exteriores de Zimbabue, Simbarashe Mumbengegwi, cuyo país ejerce la presidencia giratoria de la UA, afirmó a la AFP: "en el mundo entero, los jefes de Estado gozan de inmunidad (...), ningún tribunal del mundo puede retirar esa inmunidad a un jefe de Estado en funciones".
La CPI emitió dos órdenes de arresto contra Bashir, en el 2009 y el 2010, en relación con Darfur, una región del oeste de Sudán presa de la violencia interétnica desde el 2003. Según la ONU, al menos 300.000 personas han fallecido y 2,5 millones han tenido que huir de la zona durante el conflicto.
El tribunal de La Haya aseguró el domingo que, el pasado 28 de mayo, le había recordado a Sudáfrica su obligación, como integrante de la CPI, de detener y entregarle Bashir si viajaba a su territorio.
"No existe ninguna ambigüedad o incertidumbre respecto a la obligación de la República de Sudáfrica de detener y entregar de inmediato a Omar al Bashir a la Corte", precisó.
El gobierno sudafricano no hizo ningún comentario sobre el caso desde que se dio a conocer la decisión judicial.
"Si Sudáfrica no obedece", comentó en Johannesburgo el abogado de derechos humanos Gabriel Shumba, "se meterá en el mismo saco que los regímenes africanos que no respetan los derechos humanos. En realidad, es una prueba para Sudáfrica".
Estados Unidos, que no es miembro de la CPI, pidió, por su parte, al gobierno sudafricano que "apoye los esfuerzos de la comunidad internacional para rendir justicia a las víctimas de esos crímenes odiosos ".
"Apoyamos firmemente los esfuerzos internacionales para que los responsables de genocidio, de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra rindan cuentas a la justicia".
Bashir, de 71 años, gobierna Sudán desde un golpe de Estado en 1989 y fue reelegido en abril, sin oposición y con un 94% de los votos, para un nuevo mandato de cinco años.
Desde el 2009, ha reducido sus viajes al extranjero, prefiriendo los países que no son miembros de la CPI.
Fuente: AFP
