El rapero iraní Toomaj Salehi se enfrenta a una posible pena de muerte tras haber sido acusado por la Justicia de “corrupción en la tierra”, cargo que puede castigarse con la horca en el país persa.
El rapero y disidente, conocido por su nombre de pila Toomaj, se enfrenta además a las acusaciones de “propaganda contra el régimen, cooperación con estados hostiles, difusión de mentiras, incitación a la violencia”, informó este domingo la agencia de noticias oficial ISNA.
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El cargo de “corrupción en la tierra” engloba una serie de delitos contra la seguridad pública y la moral islámica.
El músico ha mostrado su apoyo a las protestas que sacuden Irán desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, unas movilizaciones protagonizadas por jóvenes en las que se pide el fin de la República Islámica.
A finales de octubre fue detenido por “haber desempeñado un papel clave en la creación de disturbios y en llamadas y el fomento de los recientes disturbios en la provincia de Isfahan y en la ciudad de Shahinshahr”, indicó entonces el fiscal de la ciudad de Isfahán, Mohamad Musavian.
Pocos días después, la televisión estatal publicó un vídeo del músico en el que supuestamente confesaba sus delitos.
“Me equivoqué, dije que, como amigo, digo que escapen”, “me equivoqué”, “no me referí a ustedes” dice en la confesión, que tras su publicación generó la furia de varios activistas en las redes sociales.
El músico ya se ha enfrentado a las autoridades en el pasado y fue condenado a seis meses de prisión y una multa en enero de 2022 por “provocar a la violencia y la insurrección”, aunque la pena de cárcel fue suspendida.
Irán está inmerso en protestas desde la muerte en septiembre de Mahsa Amini, tras ser detenida por la Policía de la Moral por no llevar bien el velo islámico.
Las movilizaciones que comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero que han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
Las autoridades judiciales han acusado de diversos delitos a al menos 2.000 de los 15.000 detenidos, de los que seis han sido condenados a muerte hasta ahora.
Además, en la fuerte represión han muerto al menos 342 personas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.
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