Al menos 241 personas, entre estas 2 menores edad, han muerto en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado y en el contexto de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, dijo este miércoles a EFE Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Escobar, que lidera la organización que apoya a familiares de detenidos con asistencia legal gratis, detalló que 239 personas fallecidas eran adultas y 2 menores de edad, cuyas muertes se dieron por neumonía y complicaciones renales.
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Señaló al Estado salvadoreño como “responsable de estos crímenes de lesa humanidad” y apuntó que “ya se ha demandado, ante instancias nacionales de justicia, al Estado por estos crímenes”.
Escobar compartió que del total de casos 10 serán “elevados a entidades de justicia internacional”, a petición de los familiares de las víctimas, si las instancias nacionales “no atienden al llamado de justicia de las familias”.
Indicó que “estos casos serán llevados ante las diversas relatorías de la ONU y ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”.
De acuerdo con cifras oficiales, son 79.184 las personas que han sido capturadas durante el régimen de excepción, una medida que ha cumplido dos años de implementación y que es la principal acción del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.
Según un informe del Socorro Jurídico, compartido a EFE, del total de capturas unas 7.000 personas habrían sido liberadas y deben presentarse una vez al mes ante los tribunales mientras esperan las audiencias preliminares de sus procesos.
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Unas 7.000 asesorías legales
Socorro Jurídico ha brindado 7.000 asesorías legales a parientes de personas detenidas de forma supuestamente arbitraria, entre el 25 de julio de 2022 y el 27 de marzo del presente año, de acuerdo con su informe.
Además, ha presentado 1.800 recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de los que 76 fueron notificados como admitidos y de estos 61 fueron declarados improcedentes por “asuntos de mera legalidad” y 15 fueron observados y contestados pero “sin que aún se hayan resuelto”.
En estos recursos los peticionarios piden libertad para las personas detenidas “arbitrariamente”.
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