¿Qué retos le esperan a la flamante presidenta de Honduras en medio de una difícil crisis en el Congreso?

Una batalla campal en el Parlamento. El partido oficialista fragmentado. La disidencia apoyando a un presidente del Congreso alineado con la oposición. Todo esto ha ocurrido en Honduras en menos de una semana, la primera gran crisis institucional con la que debía lidiar Xiomara Castro -la primera mandataria electa en la historia del país- antes siquiera de colgarse la banda presidencial.

Castro, de izquierda y elegida con 1,7 millones de votos en noviembre del 2021 bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre), veía durante la semana cómo 20 parlamentarios de su tienda política le daban la espalda para aliarse con la oposición, encabezada por el derechista Partido Nacional, y votar a favor de Jorge Cálix como nuevo presidente del Congreso.

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La traición política rompía además el pacto que había conseguido Libre con el Partido Salvador de Honduras (PSH), fundamental en su llegada al poder. Dicho acuerdo establecía que Salvador Nasralla -líder del PSH- no se presentaría a las elecciones a cambio de asumir la vicepresidencia del país, además que definirían la nueva directiva del Congreso para garantizar un contrapeso de poderes.

Entre Libre y el PSH el oficialismo conseguía 60 escaños, cuatro menos de los necesarios para contar con la mayoría simple en el Parlamento. Ante el inicio del Periodo Legislativo 2022-2026, el viernes, la alianza eligió a Luis Redondo como candidato a la presidencia del Congreso.

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El conflicto llegó entonces. Con los 20 disidentes de Libre, aliados a los 44 legisladores con los que cuenta el Partido Nacional, se eligió a Cálix. El argumento de los disidentes fue que no habían sido tomados en cuenta durante las negociaciones con el PSH.

El resultado fue la instalación de dos congresos paralelos, además de la expulsión de 18 de los 20 disidentes (dos de ellos se arrepintieron de sus votos) de Libre y una multitudinaria protesta frente al Parlamento encabezada por la misma Castro.

“Un golpe light”

Pero, ¿cuál sería el verdadero trasfondo de este escenario inusual? Para el analista político y exlegislador hondureño Raúl Pineda Alvarado, lo que se intentó desde el Congreso fue dar un “golpe de Estado light”, una movida que involucraría al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) y a grupos del crimen organizado hondureño.

“A este Congreso le corresponde elegir a la nueva Corte Suprema y al Fiscal General. Castro viene a sustituir un gobierno de 12 años que estuvo tremendamente contaminado por el crimen organizado y ellos se valen de políticos en todos los partidos. Entonces, la oposición pretendía poner a sus peones en esos cargos. Si Castro tenía a un Poder Legislativo hostil a ella, a un Poder Judicial y a un Fiscal General no afín a sus proyectos, quedaría sin capacidad de morder. La maniobra estaba orientada a dejarla de presidenta pero sin ninguna capacidad de influir políticamente”, explica a El Comercio.

En marzo del 2021, dos poderosos narcotraficantes, líderes de “Los Cachiros”, el mayor cártel de droga del país, testificaron ante una corte de Nueva York que el expresidente Hernández le había brindado protección a su organización criminal a cambio de miles de dólares en sobornos.

Estos pagos, según los narcotraficantes, eran entregados al mandatario, a su familia y al vicepresidente. Pero además, en línea con lo que mencionaba Pineda sobre la presencia de estas redes en todas las tiendas políticas, “Los Cachiros” aseguraron que tenían el mismo acuerdo con Porfirio Lobo (2010-2014) y Manuel Zelaya (2006-2009), predecesores de JOH en el cargo y este último, además, esposo de Castro.

Cabe recordar también que el hermano de JOH, Tony Hernández, fue condenado en marzo del 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Durante el proceso en su contra, además, la justicia determinó que Hernández había sido un “facilitador en sobornos a políticos, incluido su hermano”. Dichos fondos provenían de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, liderado por el famoso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

La Fiscalía, un punto clave

Entre los mayores intereses que tendrían quienes buscan tomar el control del Congreso está la designación del Fiscal General, programada para este año.

Esta elección resultará especialmente importante luego de que Castro anunciara en diciembre del 2021 que tras asumir el cargo solicitaría a la ONU enviar una misión de apoyo en la lucha contra la corrupción. Además, ha expresado su deseo de reactivar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), auspiciada por la OEA y que operó entre 2016 y 2020 en el país; y de trabajar en contra de las denominadas leyes de impunidad.

Las leyes de la impunidad hacen referencia a normas que permiten ocultar compras estatales, no contemplan la extradición de exfuncionarios y posee sanciones ínfimas para el narcotráfico y el lavado de activos.

“La Fiscalía será de extrema importancia porque se está trayendo a una misión internacional parecida a la CICIG para combatir al crimen organizado, pero eso estará condicionado al Fiscal General. Con un actor puesto por estos sectores oscuros se eclipsaría cualquier esfuerzo de dicho equipo”, señala Pineda.

En ese sentido, el analista explica que JOH jugó un papel fundamental con la intención de evitar llegar ante un tribunal estadounidense. “Es lo que los abogados llaman autor mediato, es el hombre detrás de la cortina facilitando helicópteros, la logística necesaria para lo que pudo haber sido un golpe light y asumir ellos el poder para utilizarlo en base a sus intereses, que son básicamente no ser perseguidos por sus actos de corrupción y congraciarse con el crimen organizado manteniendo penas mínimas por delitos de tráfico de drogas, control de una serie de organismos fundamentales en la lucha contra el narcotráfico, y de repente hasta tener la capacidad de quitar a la presidenta mediante un juicio político”, asegura.

¿Crisis solucionada?

La crisis parlamentaria resultó siendo una inmensa prueba de fuego para la estrenada mandataria, un reto que para Pineda ha conseguido sortear con éxito e incluso obtener réditos políticos.

“La llamada crisis está en un proceso de solución, luego de que la presidenta se reuniera con el líder de los disidentes”, comenta en referencia al encuentro entre Castro y Cálix este miércoles donde la mandataria le ofreció el puesto de coordinador de gabinete.

El líder disidente aún no ha emitido su respuesta a la oferta.

Sin embargo, Pineda considera que el movimiento en sí representa un golpe para los opositores. “Yo creo que va a salir fortalecida. Y una relativa ventaja es que los problemas de nuestro país son tan graves -en 13 años quintuplicamos la deuda externa, a la vuelta de la esquina hay racionamientos de energía eléctrica- que los problemas políticos tendrán un papel secundario. Al final, en política la gente quiere sobrevivir. Hoy estamos enfrentados al problema de revisar el modelo democrático, ese será el reto para Castro, una reforma política”, concluye el analista.

Una opinión diferente es la que mantiene el analista y profesor de Sociología de la Universidad Nacional, Eugenio Sosa, quien le dijo a la agencia AFP que “se viene una crisis de altas dimensiones” que podría escalar hasta tener “peligro de un nuevo golpe de Estado”.

Edgardo Castro, politólogo y exprofesor de sociología, le dijo a la misma agencia de noticias que “la verdadera crisis va a estallar cuando Xiomara mande el primer proyecto (de ley) a un presidente ilegal”, en referencia a Redondo.

Estados Unidos, un actor importante

En medio de todo el desajuste político, se temía que una de las visitas más importantes para la toma de mando se cancelara. La vicepresidenta Kamala Harris, finalmente, llegó al país como días atrás habían anunciado funcionarios de alto nivel, quienes detallaron que abordaría otro de los grandes problemas que enfrenta Honduras: la ola de migración con destino al norte del continente.

Harris, designada como encargada para solucionar la crisis migratoria centroamericana, tendría planeada una reunión con Castro para abordar el tema como prioridad.

La pobreza que afecta a cerca del 71% de la población y la violencia impulsada por el narcotráfico y las pandillas han provocado que en los últimos años miles de hondureños abandonen el país en las denominadas caravanas migrantes.

Desde el 2018, se estima que al menos una docena de caravanas han salido desde Honduras con la intención de llegar a Estados Unidos, muchas de ellas sin embargo son bloqueadas en el camino, al ingresar a suelo guatemalteco o mexicano, por ejemplo, y devueltas a su país.

“Durante más de 10 años ningún alto funcionario de EE.UU. visitó Honduras. Estaba prohibido que los funcionarios (estadounidenses) que estaban aquí se tomaran siquiera una fotografía junto a los funcionarios del presidente Hernández. Los estadounidenses tienen dos problemas, uno es el que menciona, pero el otro es que tienen mala relación con El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Si pierden a Honduras, pierden Centroamérica. Por eso están dispuestos a brindarle todo el apoyo a Castro a cambio de dos cosas: que genere las condiciones para que la gente no migre y que mantenga una respetable distancia del gobierno de Venezuela”, asegura Pineda.

El analista resalta el interés de Washington por la base militar que tiene el Palmerola, fundamental para la logística de Guantánamo y otras bases cercanas, por lo que Pineda no duda en considerarla como “la más importante en Latinoamérica”.

“Además, en Nicaragua hay cerca de 200 diplomáticos iraníes, por lo que nosotros seríamos un buen muro de contención, históricamente lo hemos sido. Hemos sido el portaaviones de EEUU. Esto puede ser visto como bueno o malo, pero es una realidad con la que hay que convivir. Sobre esa realidad deberá trabajar Castro, puede utilizarla para lo bueno y si no lo hace no sé qué pasaría con el país”, agrega.

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