Panamá acusó este martes al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega de violar los convenios diplomáticos al permitir que el expresidente panameño Ricardo Martinelli emita opiniones políticas desde la embajada de Nicaragua, donde se encuentra asilado, y le exigió impedir tales acciones.
Panamá “presenta formal y enérgico llamado de atención (...) en virtud de las acciones y comunicaciones que se realizan por parte del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede de la embajada de Nicaragua en Panamá”, dice una nota diplomática panameña enviada a Nicaragua.
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La misiva acusa a Nicaragua de permitir a Martinelli publicar mensajes en sus redes sociales “para incidir en la política doméstica panameña”, pese a que las normas y convenios internacionales “prohíben este actuar de forma expresa”.
Martinelli ingresó el 7 de febrero a la embajada de Nicaragua, donde solicitó asilo político, concedido de inmediato por el gobierno de Daniel Ortega, luego de perder el último recurso para evitar una condena a casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales.
Dos días después, el gobierno panameño rechazó darle el salvoconducto para viajar a Nicaragua al exmandatario derechista, de 71 años. Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014, aspira a volver al poder en los comicios de mayo próximo.
Desde la embajada, en Ciudad de Panamá, Martinelli no ha parado de emitir mensajes políticos en las redes sociales, pese a que el gobierno panameño ha advertido a Managua que esto podría tener consecuencias diplomáticas.
En la nota, publicada por medios locales, Panamá fustiga a la embajadora nicaragüense, Consuelo Sandoval.
Panamá “rechaza la actitud permisiva de la jefa de misión ante las reiteradas declaraciones y otras acciones que de forma pública realiza su huésped”, asegura la carta diplomática.
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Nicaragua “tiene la ineludible responsabilidad de no permitir la práctica de actos contrarios a la tranquilidad pública” y, por tanto, de asegurar que la conducta de Martinelli “se mantenga dentro de los límites establecidos” sin intervenir en los asuntos internos de Panamá, agrega.
Desde el pasado jueves pesa sobre Martinelli una orden de detención provisional, pero aún no ha sido inhabilitado como candidato presidencial por el Tribunal Electoral porque la sentencia de prisión todavía no está en firme, aunque ya no le quedan recursos.
La Constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de cinco años de prisión o más.
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