Ley antiinmigrantes de Florida es cruel y dramática, asegura canciller de Honduras

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo este lunes que la ley migratoria SB 1718, que castiga con severidad a los inmigrantes indocumentados y a quienes los ayuden en Florida, es “cruel” y “dramática” para miles de personas radicadas en este estado sureño de Estados Unidos.

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La ley “a todos nos va a afectar de manera puntual y como le digo a un gran número de inmigrantes y a sus familias (...), puesto que será una ley cruel y además dramática que va a provocar casi un éxodo de miles de personas que van a salir a buscar oportunidades en otros estados”, indicó Reina en declaraciones al Canal 5 de Tegucigalpa.

Señaló que Honduras ha propuesto a Guatemala y El Salvador definir una “posición común” frente a la ley migratoria, promovida por el gobernador Ron DeSantis.

Reina aseguró que el éxodo masivo de inmigrantes “desborda a veces las mismas capacidades institucionales” y comentó que la SB 1718 es una legislación interna de Florida que “se debe cumplir”.

“Lo más que podemos hacer es tratar de paliar apoyando a nuestros inmigrantes en lo que podamos, en su documentación, en lo que sea necesario y como le digo, a pesar de que nuestros documentos no sirven de mucho cuando no hay un permiso de trabajo y las personas serán multadas o serán sacadas del Estado o deportadas”, explicó el canciller hondureño.

Reina afirmó que no volverá a visitar ni transitar por Miami en protesta por la ley SB 1718, la que considera “una legislación fuerte” y que Florida debe “sentir el impacto” del rechazo de los países.

La legislación “afecta y afectará de manera humanitaria a cientos de miles de personas en Estados Unidos”, acotó Reina.

La ley fue promovida por el gobernador DeSantis, que es candidato a las primarias republicanas con vistas a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral.

La SB 1718 obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de cada uno, so pena de multas y pérdida de la licencia.

Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deben preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no, entre otras disposiciones.