El Gobierno de El Salvador consideró que la deportación masiva de pandilleros desde Estados Unidos prometida por el presidente Donald Trump incrementará la violencia en el país centroamericano.
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"Nosotros sabemos que si hay deportaciones masivas desde EE.UU. se va a incrementar la violencia en el país", porque "se van a venir a disputar la hegemonía y el mando de las pandillas, sobre todo en los barrios populares", dijo el ministro de Defensa, David Munguía Payés, a la prensa.
Tras la rendición de cuentas del tercer año de Gobierno del Gabinete de Seguridad, explicó que para prevenir este fenómeno el Gobierno propuso a una comisión de diputados del Congreso la implementación de un régimen de libertad condicional a los deportados que traigan antecedentes penales.
La propuesta estipula que al ingresar a El Salvador los retornados llenarán una ficha, cuya información certificará la Policía, en la que deberán declarar el tipo de antecedente que poseen y dependiendo de la gravedad del delito tendrán una audiencia con un juez.
Posteriormente, estarán obligados a presentarse mensualmente en la delegación de la Policía más cercana a su domicilio, para "garantizar que no están en ninguna actividad ilícita", dijo el vicepresidente Óscar Ortiz a la prensa.
Esta iniciativa del Gobierno se da en respuesta al anuncio hecho por el presidente estadounidense el pasado 18 de abril de aplicar una política de "tolerancia cero" contra bandas criminales, como la Mara Salvatrucha (MS13).
Por otra parte, el jefe militar no descartó la posibilidad de que los pandilleros con antecedentes penales deportados también sean arrestados al llegar al país.
"Si una persona viene de cometer delitos afuera, esos delitos lo convierten en un potencial criminal aquí también, por lo tanto, el Estado debería tomar algunas medidas", sostuvo y agregó que aún no se ha iniciado una "discusión concreta".
El fiscal general, Douglas Meléndez, advirtió que los pandilleros deportados desde EE.UU. expanden el accionar de las maras en el país centroamericano.
En lo que va de 2017 unas 1.000 personas con antecedentes penales han sido deportadas desde el país norteamericano, de las que 366 son pandilleros, de acuerdo con fuentes oficiales que no han detallado si esto supone un incremento en comparación con 2016.
Las autoridades de Seguridad salvadoreñas acusan a las pandillas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.
(Fuente: EFE)
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