EE.UU. extradita a México a exgobernador acusado de corrupción

El exgobernador del estado de Chihuahua (norte de México) César Duarte fue extraditado este jueves desde Estados Unidos para responder en su país por el presunto desvío de unos cinco millones de dólares de fondos públicos, informó el gobierno mexicano.

En un comunicado conjunto, la cancillería y la Fiscalía General señalaron que el gobierno estadounidense “entregó en extradición” a Duarte “para que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa”.

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El político, que según medios locales está siendo trasladado a México en un avión oficial, será entregado a un juzgado de Chihuahua.

Duarte, de 59 años y del exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó ese estado fronterizo entre 2010 y 2016 y fue capturado en Miami (Florida, sureste estadounidense) el 8 de julio de 2020 acusado de desviar recursos del erario público para las campañas de su partido.

“Se le acusa de que presuntamente (...) desvió recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos (unos cinco millones de dólares al cambio actual), extraídos entre los años 2011 y 2014″, detalló el comunicado.

En contra del exgobernador pesan al menos ocho cargos, tanto estatales como federales. La fiscalía de Chihuahua anunció en 2021 que había logrado recuperar unos 1.200 millones de pesos (61 millones de dólares) desviados por el político.

Tras las primeras acusaciones y una primera orden de captura, Duarte se trasladó a Estados Unidos en noviembre de 2016. En marzo de 2017 se emitió la ficha roja de Interpol.

La extradición “es el resultado de la colaboración estrecha entre ambos países”, añadió la Fiscalía.

A Duarte también se le señala de tener en su poder un cuadro de María Félix, la diva del cine de oro mexicano, pintado por Diego Rivera, uno de los mayores artistas del país, y que el popular cantante Juan Gabriel le habría entregado al político poco antes de su muerte, en 2016, para que se lo guardara.

Una docena de exgobernadores mexicanos han sido acusados judicialmente de corrupción o de nexos con el crimen organizado en las últimas dos décadas.