Claudia Patricia Díaz Guillén, la extesorera del expresidente venezolano Hugo Chávez, sale de la Audiencia Nacional en Madrid, España, en septiembre de 2018. (Paul White / AP).
Claudia Patricia Díaz Guillén, la extesorera del expresidente venezolano Hugo Chávez, sale de la Audiencia Nacional en Madrid, España, en septiembre de 2018. (Paul White / AP).
Roger Zuzunaga Ruiz

Los venezolanos Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, son sometidos a juicio en desde este lunes 21 de noviembre. Ambos eran cercanos colaboradores del fallecido expresidente de .

El juicio se lleva a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale, Florida, y durará dos semanas. Durante la primera semana se seleccionará el jurado, de acuerdo con la agencia EFE.

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Claudia Patricia Díaz Guillén dirigió el Tesoro Nacional de Venezuela entre el 2011 y 2013, cuando Chávez era presidente. Mientras que Adrián José Velásquez Figueroa era el jefe de seguridad del mandatario.

Estados Unidos los acusa de participar en una amplia trama de corrupción a través de casas de cambio, que permitió el desfalco de 2.400 millones de dólares.

Adrián Velásquez Figueroa, el ex guardaespaldas del mandatario fallecido Hugo Chávez. (Foto: Twitter/@ismaelmoli).
Adrián Velásquez Figueroa, el ex guardaespaldas del mandatario fallecido Hugo Chávez. (Foto: Twitter/@ismaelmoli).

Según el expediente judicial estadounidense, Díaz se desempeñó como enfermera personal de Hugo Chávez entre 1999 y el 2013.

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El caso también implica a Alejandro Andrade Cedeno, que fue tesorero del gobierno de Venezuela entre el 2007 y 2010, y al empresario Raúl Gorrín, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

La red desviaba presuntamente fondos a través de casas de cambio que, bajo la autoridad del Tesoro venezolano, cambiaban dólares por bolívares a una tasa superior a la oficial.

Según la acusación, Gorrín pagó “millones de dólares en sobornos” a Andrade, Díaz Guillén y Velásquez para garantizarse el acceso a ese sistema de cambio.

Raúl Gorrín, duelo de Globovisión de Venezuela (Facebook)
Raúl Gorrín, duelo de Globovisión de Venezuela (Facebook)

Los esposos fueron extraditados desde España en mayo y en octubre de este año. Estaban detenidos desde diciembre del 2020 después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con blanqueo de capitales.

Andrade, que salió de prisión en febrero, fue condenado en el 2018 en Estados Unidos a 10 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero por más de 1.000 millones de dólares.

Gorrín, quien se encuentra en Venezuela, es considerado prófugo por la justicia de Estados Unidos.

Mossack Fonseca

Las actividades de Díaz Guillén salieron a la luz en los Papeles de Panamá en el 2016, donde apareció su nombre como una de las personas que “utilizaron la firma panameña Mossack Fonseca para la creación de empresas, con fines presuntamente delictivos”, según la justicia de España.

Al estallar el escándalo en el 2016, la policía de Venezuela registró varios departamentos pertenecientes a los esposos Guillén-Velásquez , donde encontraron desde motos de agua hasta sobres con diamantes, según medios investigativos venezolanos. Tras ello la justicia de Venezuela también pidió a España su extradición, pero finalmente fueron enviados a Estados Unidos.

“Ni la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el Gobierno de Estados Unidos”, dijo a la agencia EFE la abogada de la pareja, Marissel Descalzo.

La abogada no quiso adelantar los argumentos en los que basará la defensa, al señalar que los presentará el próximo lunes 28 en la corte una vez sea escogido el jurado.

Según EFE, la abogada presentó el viernes una moción en la que pide a la corte obligar a la Fiscalía de Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría a la defensa.

La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa, “transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita”.

Tras la muerte de Hugo Chávez, los esposos se fueron de Venezuela y después de estar en República Dominicana se instalaron en España, recuerda EFE.

En el 2028 Venezuela solicitó a España su extradición y esta fue aprobada el 25 de octubre de 2018 por la Audiencia Nacional por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento.

Pero España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría “peligro su integridad”.

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