El entendimiento del derecho a la libertad en Estados Unidos es tan complejo que se entorpece la lucha contra el coronavirus. Hay quienes dicen que obligar a usar mascarillas es inconstitucional, otros que apuntan que no lo es.
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Pero, ahora, la situación cobra un nuevo matiz.
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La Oficina de Derechos Civiles (OCR, en inglés) del Departamento de Educación acaba de anunciar que está investigando a cinco estados, con el objetivo de definir si sus políticas que prohíben “los mandatos de uso de mascarillas” en colegios, es discriminatoria.
¿A quiénes habría afectado estas legislaciones? A los estudiantes con discapacidades.
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Los estados involucrados en la investigación son Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah, cuyas normativas habrían colisionado con la ley federal que sostiene que la educación en persona debe llevarse a cabo con seguridad.
La agencia AP destaca que esos cinco estados son liderados por republicanos, quienes habrían eliminado o limitado “los requerimientos de uso de mascarillas en colegios”.
Miguel Cardona, el secretario de Educación, sostuvo que en estos lugares se “priorizó la política sobre la salud y educación de los estudiantes que juraron servir”.
Al respecto, Telemundo anota que, si se les encuentra culpabilidad a estos estados, podrían haber sanciones, “incluida la pérdida de fondos federales para la educación”.
¿QUÉ DICEN LOS ESTADOS?
Según CNN, a inicios de agosto, el presidente Joe Biden ordenó que la cartera de Educación se asegurara que todas las escuelas del país puedan volver a abrir de forma segura, “sin comprometer su salud o la de sus familias o comunidades”.
“Esto incluye la ‘consideración de si se deben tomar medidas para implementar posibles exigencias del cumplimiento bajo las leyes aplicables’”, recuerda el portal.
Con eso en mente, el secretario Cardona se puso manos a la obra. Él declaró: “El Departamento ha escuchado a los padres de todo el país, en particular a los padres de estudiantes con discapacidades y con condiciones médicas subyacentes, sobre cómo las prohibiciones estatales de uso de mascarillas universal en interiores están poniendo a sus hijos en riesgo e impidiéndoles el acceso al aprendizaje en persona por igual”.
Y agregó: “El Departamento luchará para proteger el derecho de cada estudiante a acceder al aprendizaje en persona de forma segura y los derechos de los educadores locales para implementar políticas que permitan a todos los estudiantes volver a las aulas a tiempo completo en persona de forma segura este otoño”.
En Iowa, cuenta AP, existe una ley estatal que prohíbe que las escuelas ordenen la obligatoriedad de las mascarillas.
En tanto, en Tennessee, “las mascarillas están permitidas, pero una reciente orden ejecutiva del gobernador Bill Lee, permite que las familias las dejen de usar”.
En respuesta a la investigación, los líderes de los estados afectados han respondido.
Por ejemplo, el gobernador de Iowa, Kim Reynolds, dijo que “se debería confiar que los individuos tomarán las mejores decisiones para sí mismos”.
Él declaró: “Iowa pudo reabrir sus colegios de manera segura y responsable desde hace un año. El presidente Biden y su equipo lo saben, pero han decidido tomar una pelea política con varios gobernadores para distraernos de sus fracasos”.
De forma similar, el vocero del gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, declaró que Biden debería preocuparse por no dejar a ningún compatriota en Afganistán, en vez de perder tiempo en acosar a los estados por “proteger los derechos de los padres a tomar las mejores decisiones sobre la salud de sus hijos”.
Sin embargo, la situación es mucho más compleja. De hecho, según recoge AP, hubo denuncias de padres de familia contra el estado por las leyes que prohíben que las escuelas obliguen a sus alumnos a usar mascarillas.
¿Y qué sucede con el resto de estados que han seguido una política similar?
CNN anota que, si no se están investigando a Florida, Texas, Arkansas o Arizona, es porque “las prohibiciones de estos estados sobre el uso de mascarilla generalizado en interiores no se están aplicando actualmente como resultado de órdenes judiciales u otras acciones estatales”.
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