La sección de Lavado de Dinero y Pérdida de Activos del Departamento de Justicia recibió entonces una petición para que los fondos fueran devueltos a SBA y la Fiscalía acudió a la justicia para lograrlo. (Foto: LUIS ACOSTA / AFP).
La sección de Lavado de Dinero y Pérdida de Activos del Departamento de Justicia recibió entonces una petición para que los fondos fueran devueltos a SBA y la Fiscalía acudió a la justicia para lograrlo. (Foto: LUIS ACOSTA / AFP).
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La Fiscalía General de EE.UU. recuperó 8,4 millones de dólares obtenidos de forma fraudulenta de los programas de ayuda por la por una familia de que con parte del dinero trató de comprarse una casa de 3,7 millones de dólares.

La fiscal Karin Hopmann anunció este jueves que de forma definitiva un fallo judicial ordenó la devolución del dinero con el que la familia Edwards de Orlando (Florida) se había hecho de manera ilícita.

Según los documentos judiciales del caso, en abril de 2020 Joshua, Joy, Evan y Mary Jane Edwards estafaron millones de dólares a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) con fondos de ayuda para negocios afectados por la pandemia.

Joshua Edwards, en nombre de ASLAN International Ministry, Inc., presentó una solicitud falsa y fraudulenta de prestamos del Programa de Protección de Salarios (PPP).

Con el dinero obtenido, la familia trató de comprarse una casa con un precio de 3,7 millones de dólares en una lujosa comunidad dentro del Walt Disney World Resort, en Orlando.

Los fondos restantes hasta los 8,4 millones de dólares fueron repartidos ente diversas cuentas bancarias que los Edwards habían abierto para que se perdiera el rastro del dinero.

La sección de Lavado de Dinero y Pérdida de Activos del Departamento de Justicia recibió entonces una petición para que los fondos fueran devueltos a SBA y la Fiscalía acudió a la justicia para lograrlo.

La obtención del dinero por parte de los Edwards se acogió a la ley de alivio y seguridad económica durante la pandemia conocida como “Cares Act”, que fue promulgada en marzo de 2020 y proveyó asistencia financiera de emergencia a millones de ciudadanos afectados por los efectos económicos de la covid-19.

La ley autorizó la concesión de préstamos a fondo perdido por un monto de 349.000 millones de dólares para pequeños negocios con el objetivo de que no se perdieran puestos de trabajo, entre otros.

En abril de 2020, el Congreso autorizó más de 300.000 millones de dólares adicionales para el PPP.

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