Las millonarias multas para los migrantes que escapan de la deportación en EE.UU.

Edith Espinal pasa sus días orando, leyendo y, cuando se siente animada, sale a caminar por los alrededores de una iglesia menonita en Columbus, Ohio. Espinal es una inmigrante que cruzó ilegalmente hacia Estados Unidos hace más de dos décadas, y durante los últimos 21 meses ha estado viviendo en ese santuario, donde sus líderes la protegen mientras lucha contra una orden de deportación.

Pero a principios de esta semana, la secretaria de la iglesia le entregó una carta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que afirmaba que se había “negado voluntariamente” a abandonar el país por lo que había “engañado o conspirado” para evitar su deportación y por eso le debía al gobierno casi medio millón de dólares.

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“No tenemos esa cantidad de dinero”, dijo este miércoles Espinal, de 42 años, en referencia a la factura por 497.777 dólares. “Nunca me imaginé que nos enviarían esto”.

Espinal es una de las muchas personas migrantes que viven en instalaciones religiosas y que esta semana recibieron notificaciones similares, la medida más reciente implementada por el gobierno de Donald Trump en su represión contra la inmigración ilegal.

Al citar el Acta de Inmigración y Nacionalidad, los funcionarios de ICE dijeron que la agencia está facultada para imponer multas civiles de hasta 799 dólares por día a los inmigrantes que han recibido la orden de abandonar el país o que no han cumplido con esa instrucción. La agencia comenzó a emitir esas notificaciones en diciembre, aunque el miércoles todavía no se sabía cuántas había enviado.

“ICE se compromete a utilizar varios métodos de cumplimiento, incluido el arresto; detención; monitoreo tecnológico, y las sanciones económicas para hacer cumplir la ley de inmigración de los Estados Unidos y mantener la integridad de las órdenes legales emitidas por los jueces ”, dijo Carol Danko, vocera de la agencia.

A principios de esta semana, Trump, quien poco después de su toma de posesión firmó una orden ejecutiva que le pedía al Departamento de Seguridad Nacional que cobrara todas las multas y penalidades de cualquiera que hubiese entrado ilegalmente al país, dijo que su gobierno comenzaría a realizar redadas migratorias después del 4 de Julio.

Las cartas enviadas esta semana sorprendieron a los pastores y activistas de inmigración porque los santuarios, así como los hospitales y las escuelas, habían sido excluidos de las redadas.

En Austin, en la Iglesia Presbiteriana de St. Andrew, Hilda Ramírez Méndez también recibió una carta esta semana informándole de su orden final de expulsión y que, además, se le impondría una multa de 303.620 dólares. Ella ha estado viviendo en la iglesia con su hijo de 13 años, cuya solicitud especial de estatus de inmigrante juvenil está pendiente. A Ramírez le negaron su solicitud de asilo en 2015 y, aunque ICE le permitió quedarse, en marzo su estado de acción diferida no fue extendido, dijo su abogada, Stephanie Taylor.

“El gobierno de Trump está tratando de encontrar una manera de sacarlos de la iglesia, algo que nunca antes se había intentado”, dijo Taylor, quien agregó que Ramírez no tiene antecedentes penales. “Ella está aterrorizada”.

En Charlotteville, Virginia, en la Wesley Memorial United Methodist Church, María Chavalan fue multada con 214.132 dólares. Ella ha estado viviendo en esa iglesia desde septiembre con la esperanza de que las autoridades le otorguen asilo porque pertenece a una comunidad étnica protegida en Guatemala.

Los funcionarios de aduanas han estado incrementando la “presión psicológica” sobre Chavalan (quien no tiene antecedentes penales y cuya deportación fue ordenada porque no se pudo presentar a una cita en la corte) con el fin de que salga de la iglesia, dijo el reverendo Isaac Collins, pastor de ese centro religioso. Según Collins, las autoridades le pusieron a Chavalan un monitor en el tobillo que emite sonidos hasta altas horas de la noche, y con frecuencia recibe llamadas para preguntarle dónde está, a pesar de que está siendo rastreada por GPS.

“La idea es hacer que se sienta insegura y vigilada”, dijo. “Eso también es lo que se busca con la multa”.

Y en Carolina del Norte, en Chapel Hill Mennonite Fellowship, Rosa Ortez Cruz, madre de cuatro hijos, recibió una comunicación en la que le notificaron que será multada con 314.007 dólares. Ortez Cruz, de 38 años, se encuentra en proceso de deportación luego de que un altercado con su hijo, quien en ese entonces era un adolescente, condujo a una acusación por delitos penales menores por los cuales ella presentó una declaración de Alford que, según sus abogados, es un alegato en el que el acusado afirma su inocencia pero admite que existe suficiente evidencia para condenarlo por la ofensa. Ella ha estado viviendo en esa iglesia desde la primavera pasada.

“Todavía estamos en shock”, dijo el pastor de la iglesia, Isaac Villegas.

Las personas migrantes tienen 30 días para responder las cartas de ICE. Los abogados y activistas en cerca de siete estados, desde Texas hasta Utah y Virginia, están luchando para dar una respuesta coordinada y trabajan para confirmar cuántos otros inmigrantes que viven en sedes religiosas recibieron notificaciones. Más de 40 inmigrantes viven actualmente en santuarios públicos de todo el país, según Church World Service, una organización que le hace seguimiento a los casos.

Algunos abogados dijeron que les preocupa que las multas formen parte de una estrategia gubernamental para atacar los sistemas de apoyo a los inmigrantes. A principios de este año, un voluntario de No More Deaths, una iniciativa de la Iglesia Unitaria Universalista de Tucson, enfrentó cargos por ofrecer agua y alimentos a los migrantes. El caso terminó en un juicio nulo, pero los fiscales federales anunciaron esta semana que planean volver a presentar las acusaciones en noviembre.

Otros están analizando una estrategia legal que busca que estas medidas entren en la categoría de “multas excesivas” que están prohibidas por la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La congresista Joyce Beatty, una demócrata de Ohio que representa la zona de Espinal, calificó las multas como “mezquinas y despiadadas”. El miércoles, Beatty le envió cartas a Trump y al Departamento de Seguridad Nacional pidiéndoles que rescindieran la multa de Espinal y le permitieran quedarse en Columbus.

Rob Portman, senador republicano por Ohio, dijo que su oficina había trabajado para “que los hechos del caso fueran examinados por las agencias federales pertinentes”.

Por ahora, el caso de Espinal (cuya solicitud de asilo fue denegada en 2017) ha sido presentado ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito en Cincinnati. Cuando Espinal salió de México con su padre, en 1995, era una adolescente y huía de una situación de violencia y abusos, dijo su abogada, Lizbeth Mateo.

“Si la deportan regresará a un lugar donde volverá a sufrir abusos y su vida correrá peligro”, dijo Mateo.

En la Iglesia Menonita de Columbus, Espinal, que es católica, dijo que le reza a la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de México, para que le de fuerzas para seguir luchando.

Espinal forma parte de un grupo de mujeres que viven en santuarios de todo el país y se comunican regularmente para saber de sus hijos y sobre cómo les está yendo mientras permanecen recluidas. Dijo que espera los fines de semana que es cuando sus hijos pasan la noche con ella y miran películas juntos. Dos de sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses, y su esposo y su tercer hijo también tienen solicitudes de asilo pendientes, comentó.

“Estamos listos para hacer todo lo que sea necesario con el fin de mantener a mi familia unida”, dijo el miércoles. Y agregó: “No sé si puedo hacerlo sola. Cuando la comunidad me apoya, me siento más fuerte”.