Las frenéticas gestiones para evitar deportación de la dreamer

Dos organizaciones civiles se sumaron a la defensa de Daniela Vargas, la dreamer argentina de 22 años detenida por agentes federales, y presentaron un habeas corpus ante la justicia para frenar su deportación.

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Abogados del Centro Nacional de Derecho Migratorio (NICL, por sus siglas en inglés), una organización que defiende los derechos de inmigrantes, y el Southern Poverty Law Center (SPCL), que monitorea a grupos de odio y lucha contra la discriminación, junto a Abigail Peterson, abogada de Vargas, presentaron un escrito ante un tribunal de Luisiana en el que argumentan que el gobierno federal violó garantías constitucionales de la argentina.

"Es una situación inusual que no ha ocurrido antes y no hay muchos antecedentes", indicó al diario La Nación Justin Cox, uno de los abogados del NILC que trabajó en el escrito. "Ella puede ser deportada en cualquier momento, así que nos estamos moviendo lo más rápido que podemos", agregó.

El escrito afirma que el gobierno federal violó las garantías constitucionales de Vargas a un debido proceso y a la libertad de expresión. La petición busca la liberación inmediata de Vargas, además de una oportunidad para impugnar la decisión de deportarla.

Vargas llegó a Estados Unidos junto a su familia en 2001, cuando tenía 7 años. Todos ingresaron al país gracias al programa de Visa Waiver, que en ese entonces le permitía a los argentinos viajar a Estados Unidos sin necesidad de solicitar una visa de turista.

Ese permiso para visitar el país conlleva la deportación inmediata cuando la persona extiende su estada más allá de lo estipulado, sin posibilidad de defensa. Los abogados de Daniela argumentan que ella, al ser una menor de edad, no pudo haber renunciado a ese derecho "a sabiendas y voluntariamente".

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Vargas, su padre, Daniel, y su hermano, Alan, fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Daniel y Alan no tienen posibilidades de eludir la deportación, pero Daniela era beneficiaria del programa DACA, implementado por Barack Obama por decreto, que le permitió a millones de jóvenes indocumentados, conocidos como dreamers, obtener un permiso de residencia y trabajo temporario.

Vargas demoró la renovación de ese permiso hasta conseguir los 495 dólares que cuesta el trámite. El 10 de febrero presentó su aplicación para renovarlo. El 15 de febrero, agentes de ICE allanaron su casa y arrestaron a su padre y su hermano. Ella les dijo que era beneficiaria de DACA, y los agentes no la llevaron con ellos. El 1° de marzo, Vargas brindó una conferencia de prensa en Jackson, Mississippi, en la que habló de la detención de su familia y exigió una solución para los indocumentados.

Tras la conferencia, agentes de ICE la detuvieron y la arrestaron.

Los abogados de Vargas sostienen que fue arrestada en represalia por la conferencia de prensa, y que eso violó el derecho a la libertad de expresión.

"Dany era claramente un blanco de los agentes de ICE porque hablaba. Aunque ICE es notoria por no respetar los derechos constitucionales de los inmigrantes, es raro tener una situación donde sea tan claro que hubo una represalia", dijo Cox.

Fuente: LA NACIÓN, GDA

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